La tragedia de los 72 ejecutados

	Federico Berrueto
29 agosto 2010 fberruetop@gmail.com
La noticia de los 72 migrantes ejecutados en Tamaulipas lleva a la indignación. Ratifica la condición de insulto el calificar como daños colaterales la muerte de inocentes, así como la recurrente expresión de que los ejecutados son criminales caídos en el enfrentamiento entre cárteles. Lo ocurrido esta semana deja al descubierto la violencia y hace pensar en desvergüenza por quienes se negaron al diálogo con el presidente Calderón. En Durango tuvo lugar el encuentro de los procuradores con los presidentes de los Tribunales de Justicia de los estados. La propuesta de jueces sin rostro es para considerarse, recomendación deslizada por el subprocurador federal Alberto Lara. También la exigencia al Senado sobre la aprobación de la Ley Federal de Justicia para Adolescentes. Se acordó un Plan General de Acción para las reformas en materia de narcomenudeo. El procurador Arturo Chávez reconoció que las instituciones de seguridad y procuración de justicia no estaban diseñadas para enfrentar a la nueva expresión de la delincuencia. El Presidente ya advirtió que heredará el problema de la violencia, lo que no se sabe es qué aprendió el Presidente de sus diálogos por la seguridad; por lo pronto cabe destacar la ausencia del secretario de Salud, el de Educación, el de Desarrollo Social y el de Trabajo, lo que habla de la perspectiva gubernamental. La concesión gubernamental sobre la mala comunicación no es central a la solución del tema, sobre todo, si se parte de la tesis oficial de que el problema es de percepción. El razonamiento de los alcaldes para retener el mando de policías fue penosamente pobre; cuando el mundo se les está viniendo encima por el crimen organizado, ellos invocan la autonomía municipal. El constituyente permanente debe hacer realidad la reforma constitucional para la unificación de mandos policiacos, con las previsiones financieras y orgánicas para que la reforma llegue a buen destino y no ocurra lo mismo con el registro de teléfonos móviles promovido por el Senado. Los muertos son reales, también la intimidación de la que es objeto la población en muchas partes del país; debe preocupar que la sociedad lo vuelva parte del paisaje. No hay lugar para la complacencia. Cierto es que no todo está en manos del gobierno, que el Congreso se ha quedado corto, que muchos gobernadores han dejado de actuar y decidir a la altura de la gravedad de la situación, que los alcaldes cada vez son más parte del problema y menos solución, que los medios con frecuencia no miden los efectos de su cobertura, que las iglesias y las organizaciones civiles debieran involucrarse más en la solución, etcétera. El hecho es que el país vive en una violencia creciente y todos parecen pasmados. La lucha contra la impunidad es la premisa para abatir al crimen. El gobierno y el Congreso actúan con lentitud y a veces con torpeza. Las instituciones actuales no dan para enfrentar con eficacia la inseguridad. Como reconoció el Presidente ante gobernadores, el crimen organizado ha evolucionado y ha trascendido el umbral del tráfico ilegal de drogas para trasladarse de manera masiva a otras actividades delictuosas y generar un régimen nacional de exacción de las rentas de los particulares. El crimen es muy poderoso por su violencia y por sus finanzas; aunque tarde, deben aprobarse cuanto antes las iniciativas presidenciales para combatir las finanzas del crimen organizado y enriquecerse, como lo está reclamando la fracción parlamentaria del PRD. Ante la percepción de fracaso, el escepticismo es generalizado y es muy preocupante porque mina a las autoridades establecidas y a los instrumentos y acciones que deben emprenderse para combatir a los criminales. Las personas no quieren denunciar por miedo. Los 72 ejecutados de Tamaulipas son una vergüenza nacional, como han sido los cientos de muertos en Torreón, Juárez, Nuevo León, Sinaloa, Guerrero, Tamaulipas y muchas partes más. La vulnerabilidad de los migrantes y los abusos extremos ya habían sido denunciados a autoridades federales por el anterior presidente de la CNDH y por organizaciones civiles, los delitos contra migrantes se contaban por miles, pero si se es ineficiente con los de casa, qué podría esperarse con los de fuera, sobre todo, si son quienes vienen del sur. Una cuota de realismo obligó al Presidente a advertir sobre la situación futura de la violencia. Aunque las expresiones sean incómodas y son registro de la impotencia de las autoridades para encarar el problema, es mejor que el argumento sobre cómodos y amables, pero falaces escenarios. Conforme pasa el sexenio, cede terreno el ofensivo voluntarismo gubernamental. Esto es una inflexión mayor en la estrategia de comunicación. Lo importante ahora son las decisiones que todos deben tomar para encarar una nueva etapa en la lucha contra el crimen organizado. Gracias a la banda tweetera por sus observaciones en la reflexión sobre el tema @fberrueto fberruetop@gmail.com