Informe sin rendición de cuentas

Pentagrama

Luis M Cruz

August 28, 2010

1. Informarse a sí mismo.

Ensimismado por la manera tan eficaz como ha gobernado, el presidente Felipe Calderón se apresta a cumplir lo que le ordena la Constitución y enviar por escrito el informe sobre el estado guardado por la Administración Pública Federal en el periodo del 1º de septiembre de 2009 al 31 de agosto de 2010.

La campaña mediática ya martillea sobre los contenidos previsibles del texto y que por alguna razón los mexicanos no percibimos así: en lo que va de este año, dicen los spots, se han creado 500 mil empleos con registro en el IMSS, sin decir nada de lo que sucedió en los cuatro últimos meses de 2009, cuando se perdieron 700 mil; la economía creció en el último trimestre cerca del 7% que significaría una contribución menor al conjunto del año en que se espera crecer 4.5% sin aludir que la referencia se ubica en una picada de la economía nacional el año pasado, precisamente del 7%; que en materia de salud, muy pronto se alcanzará la cobertura universal, que fue uno de sus compromisos de arranque, sin explicar que, en realidad, lo que está haciendo el sector salud es repartir carnets del seguro popular sin referente alguno en la infraestructura médica y hospitalaria, donde no hay clínicas rurales ni siquiera consultorios suficientes con medicinas y médicos, además de que el servicio es de deplorable calidad.

Así, entre falacias, el texto presidencial podría discurrir al infinito en logros que los ciudadanos no perciben de una manera tan nítida como el informante. Si vamos ganando la guerra contra el narco 8 a 1, entonces por qué las matanzas cada vez más atroces, con armas cada vez más contundentes como son los coches-bomba, los escuadrones de la muerte o el silenciamiento de periodistas que sitúan al país entre los más peligrosos para el ejercicio de la profesión sólo después de Irak y Afganistán según reseña la ONU.

Si tan sólo se comparara lo que se pretende informar ahora con lo que se prometió en la gran arenga de hace un año, cuando el país sufría duramente los embates de la mayor crisis financiera global desde 1929, es muy poco lo que podría enarbolarse. Las reformas no transitaron porque una y otra vez, puestos los partidos a la hora de los acuerdos en el Congreso o con las entidades federativas, el gobierno federal detonaba alguna crisis mediática o de restricción de recursos que daba al traste con las posibilidades de una negociación exitosa.

No bien terminaba de explicar los alcances de una reforma, por ejemplo, la política o la social, cuando los requerimientos de la guerra sucia electoral tronaban los acuerdos. Nadie entendía cómo podía hacerle el gobierno federal para pactar un compromiso de juego limpio en las elecciones, aún firmando con testigos de honor el acuerdo respectivo, para de inmediato reventarlo con las coaliciones entre extremos, el discurso de odio contra el PRI, la polarización electoral, la abierta ingerencia del ejecutivo federal y la manipulación de programas y fondos federales para beneficiar al PAN, a las coaliciones Perrepán o simplemente para descarrilar al PRI, para después pedir a los golpeados que pongan a un lado las diferencias políticas y simplemente se sumen a las políticas gubernamentales.

Tras ello, el titular del Ejecutivo Federal se aisló, ha seguido en el soliloquio y convocó a unos pretendidos Diálogos por la Seguridad cuya premisa de arranque fue que escucharía pero no variaría ni un ápice la estrategia de confrontación abierta seguida hasta el momento. Finalmente, rehusó rendir cuentas al Congreso y ha preferido seguir en el esquema de informarse a sí mismo que vamos bien, que nos encanta crecernos ante la adversidad, que vamos ganando 8 a 1 y que allá afuera los 28 mil muertos corresponden a los malos que se están matando entre ellos.

2. La decena trágica.

Tras diez años de gobiernos azules, el país pareciera estar en un callejón sin salida. El horizonte del actual gobierno podría implicar un cierre del sexenio con 50 mil muertos y un promedio de crecimiento del producto muy cercano a cero, habiendo dilapidado la riqueza petrolera y puesto a organismos públicos clave, como Pemex, la CFE, el IMSS y el ISSSTE en situación de riesgo financiero grave, además de una expansión de la alta burocracia sin justificación por dondequiera que se le mire. De 2001 a 2010, el presupuesto federal se triplicó al pasar de 1.1 billones de pesos, a 3.4 en este año, con un resultado neto, observable y medible, de un crecimiento sostenido de la pobreza en nuestro país. Hoy, 23 millones de mexicanos se sitúan bajo la línea de pobreza extrema, en tanto que casi 60 son, simplemente, pobres. Definitivamente, los gobiernos más ricos en la historia del país han creado comaladas de pobres, además de tener los más pobres resultados.

Al concluir la década de los noventa en el siglo pasado, los especialistas hablaban de una década perdida para el desarrollo, pues la gran crisis de 1995 devoró los logros anteriores y lastimó los posteriores de una severa manera. Hoy, tras diez años azules, la decena es trágica, pues no sólo pareciera haberse agotado la perspectiva de la alternancia para mejorar, sino que en muchos sentidos se ha desandado el camino. El Tratado de Libre Comercio casi ha consumido los espacios para construir una economía competitiva; el partido en el poder se aferra a las instituciones rígidas que antes combatió y se resiste a reformar el régimen para construir respaldo legislativo a programas de gobierno compartidos con otras fuerzas políticas para establecer mayorías gobernables.

La pavorosa inseguridad, el deterioro del estado de Derecho, la corrupción y la impunidad galopantes han continuado con el desgaste de las instituciones y cerrado los espacios para el diálogo y los acuerdos abiertos tras la vigencia de la Ley para la Reforma del Estado, en cuyo ámbito y con el método del diálogo, la negociación y los acuerdos se forjaron las reformas electoral, del sistema de seguridad y justicia penal, de estabilización de las finanzas públicas y de bases para la rendición de cuentas.

3. Las reformas fallidas.

Al cierre del cuarto año de gobierno, en el último tercio de la administración Calderón, el gobierno federal ha perdido el ímpetu necesario para impulsar reformas y muy pronto estará rebasado por la sucesión presidencial. En materia fiscal, el propio gobierno ha renunciado a ella al anunciar que presentará un paquete económico muy similar al de 2010, sin contemplar nuevos impuestos pero tampoco revisar los existentes, a contrapelo de todas las voces, políticas, ciudadanas y empresariales, que piden mayor eficiencia en el gasto y reducción de los impuestos a los estándares internacionales, eliminando privilegios, combatiendo la evasión y acotando la elusión y la simulación en el pago de impuestos.

En materia laboral, con las finas formas del “kid” Javier Lozano, la propuesta del gobierno federal nació muerta. En ningún país del mundo una reforma laboral de gran calado ha prosperado golpeando a los sindicatos y diluyendo el diálogo entre los factores de la producción. La ley laboral mexicana se gestó tras la gran depresión de los años treinta, con un diálogo amplio entre los sindicatos obreros, los representantes patronales y el arbitraje gubernamental, que dio origen a la concepción tripartita del mundo laboral mexicano. Hoy, las centrales obreras, prácticamente todas de oposición a excepción del SNTE y el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, están dispuestas a ir hacia la competitividad, la productividad y hasta cierta flexibilidad en el centro de trabajo, como han acreditado con los llamados “paros técnicos” en tiempos difíciles, pero sin lesionar el derecho de huelga, la autonomía sindical y la contratación colectiva. El sindicalismo alemán, moderno, competitivo, productivo de hoy, es prueba de que estas cuestiones no están reñidas.

En telecomunicaciones, la cuestión es casi la misma que con Lozano. El secretario Molinar es el mejor ujier de su jefe. No le interesa tender puentes o ganarse la confianza de los actores económicos, políticos y sociales con los que debiera interactuar, sino mostrar que es digno de figurar en el círculo íntimo presidencial en donde el antipriísmo recalcitrante es buena carta de presentación. El conflicto derivado del abusivo nombramiento de Mony de Swaan en la Cofetel es apenas el botón de muestra. Le seguirán otros, como el empantanamiento de la Ley de Telecomunicaciones y Medios Audiovisuales, la almoneda de frecuencias radioeléctricas para favorecer al grupo Nextel-Televisa y hasta la quiebra manipulada de Mexicana de Aviación, que hacen que Molinar compita con el “kid” Lozano por quien es el mejor golpeador y liquidador de organismos.

¿Qué cuentas le dará Calderón a los mexicanos? Ah, sí, la nueva excusa de que fueron los 70 años de gobierno del PRI los causantes de los actuales problemas, además de los 10 años en que el PRI ha sido oposición y les ha impedido gobernar. Como dijera Germán Martínez, el enemigo a vencer es el PRI; César Nava fue capaz de todo para detener al PRI y ahora, Gustavo Madero, casi futuro presidente del PAN, acuñó la nueva especie de que hay que eliminar al PRI. Esta lógica sólo deja de lado que el partido en el poder es el PAN y que los resultados de la decena trágica son el resultado de las políticas aplicadas por los gobiernos del PAN.

4. Las agendas legislativas.

Los grupos parlamentarios realizaron sus asambleas plenarias previas al inicio del periodo ordinario de sesiones del Congreso el 1º de septiembre próximo. En general, se advierte que las agendas contienen elementos de cuáles podrían ser los temas que dominen el trabajo legislativo de los próximos cuatro meses. Como es obvio suponer, los ejes temáticos contienen el punto de la seguridad pública de manera preponderante; el paquete económico para el 2011, en mucho la madre de las batallas presupuestales, las perspectivas de la reforma política y el énfasis en la cuestión social.

El tema de la seguridad pública es el principal tanto para el PAN como para el Ejecutivo Federal, De hecho, las primeras iniciativas al respecto están llegando en estos días a la Comisión Permanente, que deberá turnarlas a las Cámaras respectivas y se refieren al paquete para combatir el lavado de dinero; se espera asimismo, una iniciativa para la creación de un mando único o una policía nacional, así como la relativa a la jurisdicción civil sobre el fuero militar en las operaciones de apoyo en contra de la delincuencia organizada que actualmente realiza el Ejército nacional.

Para el PRI, los temas preponderantes son el paquete económico y la reforma política. En principio, se percibe un posicionamiento fuerte para reducir los impuestos por lo menos al nivel que tenían en 2009, al llevar el IVA al 15% y el ISR al 28%, además de establecer un solo gravamen a la renta, sea el ISR o el IETU. En paralelo, el PRI estará por la revisión a fondo de la estructura del gasto público, acotando el dispendio y la discrecionalidad en el gasto corriente, como es el derroche en miles de plazas adjuntas de la alta burocracia que pudieran significar hasta 100 mil millones de pesos de ahorro, o bien, el establecer responsabilidades para los subejercicios o manipulación de recursos públicos con fines distintos a los consignados en el presupuesto, evitando la discrecionalidad de los administradores para trasladar tales economías a fideicomisos o fondos de carácter ambiguo y de gran opacidad. Estará, asimismo, por establecer con claridad cuáles son las transferencias y participaciones a Estados y Municipios o bien, ir a fondo a la revisión del Convenio de Coordinación Fiscal.

En lo que se refiere al régimen político, el PRI seguirá insistiendo en las posturas que le devuelvan eficacia al gobierno, sea por la vía de la construcción de coaliciones, sea por el camino de restablecer la cláusula de gobernabilidad, así como el establecimiento de la reconducción presupuestal, un mecanismo de sustitución del Presidente de la República en caso de ausencia total y la devolución de poder a los ciudadanos mediante las candidaturas independientes, la iniciativa popular y el referendum en temas constitucionales. La cuestión relativa a las reglas de mayoría, el tamaño de las Cámaras, la reelección legislativa, el financiamiento público y el umbral de registro de los partidos políticos, constituyen temas que deberán primero de contar con un acuerdo entre los partidos políticos y el Ejecutivo Federal, para asegurar el procesamiento legislativo correspondiente.

Todo ello, sin demérito de que también se procesen legislativamente las Minutas del Senado en la Cámara de Diputados, relativas al fortalecimiento de los Derechos Humanos y facultad de investigación para la CNDH, además de la regulación constitucional del estado de excepción sujeto a supervisión judicial y un piso básico de derechos humanos que no podrán ser suspendidos; ley de amparo, ley antisecuestro y, control de armas; así como las minutas de los Diputados en la Cámara de Senadores, relativas al esquema de ayuda alimentaria para los trabajadores, nueva Ley de Banca de Desarrollo y Ley Federal de Competencia Económica, entre otras.

5. El Presidente Calderón violó la Constitución.

De manera unánime el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuya presidenta, Maricarmen Alanís, se reputa como amiga cercana de la esposa del presidente, Margarita Zavala, resolvió el recurso interpuesto por el PRI relativo a la ingerencia presidencial en el proceso electoral del pasado 4 de julio, al emitir mensajes en cadena nacional –así fuera bajo el subterfugio de que los concesionarios decidieron “voluntariamente” subir la señal y construir una cobertura nacional—durante el periodo de veda establecido por la Constitución, so pretexto de abordar temas relevantes en la coyuntura, como fueron el asesinato del candidato del PRI en Tamaulipas, la supuesta generación de empleos, la simplificación de trámites tributarios y algunos otros que le servirían de base para convocar a los llamados Diálogos por la Seguridad.

El máximo tribunal electoral determinó que los tres mensajes difundidos por el titular del Ejecutivo Federal violaron el artículo 41 de la Constitución y la ley electoral porque implicaron propaganda gubernamental en tiempo de campaña y veda electoral, dado que “la autoridad administrativa federal está obligada a conocer de las infracciones que cualquier servidor público cometa a los límites establecidos en el modelo de comunicación política previsto en la Constitución federal”, de donde deriva que “el titular del Ejecutivo Federal es responsable de infringir el artículo 41, base tercera, apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al difundir propaganda gubernamental los días 30 de junio y 1 de julio de 2010” no obstante lo cual, al no existir sanción específica aplicable, el presidente Calderón no fue sujeto de castigo alguno como no fuera el testimonial.

La violación a la Constitución por el titular del Ejecutivo Federal no es algo simple. No sólo porque la base del juramento constitucional al asumir el cargo es el de guardar y hacer guardar la Constitución, sino porque el Presidente de la República, al ser jefe de Estado al mismo tiempo que de gobierno, está obligado a ser ejemplar y gobernar para todos.

Es sabido que esto no es así. El presidente de la República actual es el jefe de la campaña del PAN para detener y descarrilar al PRI. En las oficinas de los “cuartos de guerra” de Los Pinos y de otras dependencias del Ejecutivo Federal, de manera recurrente se analiza la manera de emplear programas y políticas públicas para favorecer al PAN y a sus aliados, con ingerencias, desvío o manipulación de recursos o ardides publicitarios o propagandísticos. Existen equipos completos destinados a propaganda negra, contrapropaganda, análisis de contenidos y de estrategias mediáticas, de lo que pueden dar buena cuentea Antonio Solá, Alejandra de la Sota o Max Cortázar. ¿De qué podríamos sorprendernos entonces? Quizá, sólo de una cosa: en 2001, cuando se investigó el caso del llamado “Pemexgate”, no obstante que no hubo delito alguno que perseguir pues los recursos presuntamente desviados de la petrolera fueron en realidad un préstamo al sindicato, el IFE determinó en paralelo una multa prácticamente de exterminio al PRI por mil millones de pesos, al asumir que el beneficiado de tal acción habría sido el PRI y punto.

En este caso de la violación de la Constitución por el presidente Calderón de manera clara y deliberada, el beneficiario de la acción es directamente el PAN y, por simple analogía, cabría esperar una sanción ejemplar del IFE a este partido por beneficio indebido de la gestión pública. De lo contrario, sólo cabe esperar que el Presidente de la República viole la Constitución en esta matera cuantas veces le venga en gana, pues nunca habrá sanción específica a su proceder.