Las protestas para frenar la ley de inmigración de Arizona son constantes por considerar que atenta contra los derechos humanos (Reuters).
DENVER (EFE) — El gobernador de Utah, Gary Herbert, dijo este viernes que dos empleados públicos son los principales sospechosos de haber realizado y divulgado una lista con datos de 1,300 inmigrantes hispanos para apresurar su deportación.
"Es una violación muy calculada, deliberada y pacientemente preparada de los protocolos de seguridad con respecto a cómo se compila la información en este estado", dijo Herbert en una rueda de prensa.
Según el gobernador, la difusión de la lista con información protegida es un delito estatal, castigado con penas de hasta seis meses de prisión y multas de hasta 1,000 dólares.
Los dos sospechosos, de los que sólo se ha dicho que pertenecen al Departamento de Servicios Laborales de Utah, podrían haber infringido además leyes federales, explicó Herbert.
El documento, enviado a medios locales por un desconocido grupo de Ciudadanos Preocupados (Concerned Citizens of the United States), contiene información privada de 1,300 inmigrantes latinos, incluyendo nombres, fecha de nacimiento, teléfonos y direcciones, y en algunos casos seguro social y fecha de nacimiento de los hijos.
"Los trabajadores del Departamento de Servicios Laborales de Utah violaron las leyes federales al compartir información con otras personas, sin importar las razones por lo que lo hicieron. Creo que cuando las investigaciones concluyan se presentarán serios cargos que llevarán a declaraciones de culpabilidad", indicó.
Por su parte, el procurador general del estado, Mark L. Shurtleff, anunció que presentará cargos cuando concluya la investigación.
"Queda claro que hubo una severa violación de la seguridad estatal por el acceso electrónico no autorizado a una de nuestras bases de datos. Una vez que concluya la investigación a cargo del gobernador, recibiremos esa información y, junto con el fiscal federal, presentaremos cargos en contra de los responsables", dijo.
"Es inaceptable que se pida que el público vigile a una mujer embarazada simplemente porque se sospecha que esa persona es indocumentada", agregó.
Shurtleff consideró necesaria una reforma migratoria y opinó que esta nueva legislación "no se logrará con el espíritu de odio y racismo que está detrás de esta lista".
Para la senadora estatal Luz Robles, que participó de la conferencia de prensa con Shurtleff, "resulta obvio que se cometió un crimen" y opinó que pudo influir la nueva ley de Arizona que criminaliza la inmigración ilegal.
Robles calificó la distribución de la lista como algo "alarmante, triste y negativo" y afirmó que "el derecho a la privacidad de todos los habitantes de Utah ha sido violado".
El obispo católico John C. Wester, de la diócesis de Salt Lake City, enfatizó que "la lista no refleja la manera de pensar ni de actuar de la gente de Utah".
El sacerdote recalcó la necesidad de no "prestar atención a los pedidos de deportación masiva" que aparecían en la lista, ya que esas expulsiones "generarían caos y la destrucción de la trama de la sociedad".
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