Alejandra Latapi
May 3, 2010
En todas las encuestas y sondeos de opinión que desde hace poco más de una década se levantan periódicamente para conocer los niveles de credibilidad y confianza en instituciones públicas, los legisladores federales, senadores y diputados, ocupan los últimos lugares, sólo por encima de los policías. Los esfuerzos por recuperar cara frente a los electores que realizan ambas cámaras a través de promocionales en medios electrónicos parecen no haber tenido el menor de los éxitos. Y es que para que una campaña de publicidad, de mercadotecnia, de comunicación funcione, tiene que tener -aunque sea mínimo- algún apego a la realidad. No es el caso.
Los resultados del último periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión vuelven a dimensionar la estatura y talla tanto de los partidos políticos como de los legisladores. Ya sea por la inminente competencia electoral en numerosos estados de la República, por las alianzas para buscar el triunfo en ellos, que por las divisiones internas o la mezquindad personal, el caso es que diputados y senadores siguen atorados y lo único en lo que han logrado avanzar es en acrecentar su desprestigio.
Cuando el país transitó a la democracia tan anhelada y la pluralidad está reflejada en las instituciones políticas, tanto el diseño institucional como la voluntad política se han venido combinando para obstaculizar avances y actualizaciones al marco legal que regula la convivencia pública. Votadas y votados para tomar decisiones que beneficien la calidad de vida de sus electores y representados, los legisladores demuestran con su poca eficacia y baja productividad el desprecio que les merecen el resto de los habitantes del país.
El contraste entre sus exigencias a los otros poderes y sus propios resultados merece mayor observación y señalamiento públicos. Mientras proponen y se pronuncian por intervenir más o incluso obstaculizan el ejercicio de las funciones del Ejecutivo, eluden cualquier decisión que pavimente el camino para eliminar la opacidad con que operan, obligarse a rendir cuentas o establecer mecanismos para evaluar su eficacia y productividad.
Tras siete meses en funciones, hay diputados que todavía desconocen la diferencia entre reforma constitucional y legal. Sin un análisis serio de la legislación vigente, hay legisladores que presentan iniciativas para asuntos que ya están resueltos o que no requieren definición legislativa, sino se resuelven en otros ordenamientos legales. Al revisar las gacetas legislativas de los últimos días de sesiones se pueden encontrar numerosas iniciativas que cualquier externo reconoce inaplicables; páginas y páginas de “Proposiciones con Punto de Acuerdo”, que más allá de llevar a su proponente a la tribuna y a que su nombre quede registrado en algún documento, sirven exactamente para nada. Hemos sido testigos de la aprobación de leyes inviables, aunque el tema que busquen resolver sea urgente, como el caso de las medidas para controlar el aumento de la obesidad infantil, o las necesarias para combatir el secuestro. Lo que aprueban unos, lo rechazan y ridiculizan otros. Si no han logrado, ni siquiera, actualizar sus reglamentos internos, difícilmente recuperarán rating entre el resto de la población.
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