El misterio del PAN

Pentagrama

Luis M Cruz

May 23, 2010

La renovación del Consejo Nacional del PAN no hace sino mimetizar al partido con el gobierno lo que, al final de cuentas, los llevará al paradigma de la profecía autocumplida: los panistas habrán hecho todo lo necesario para pavimentar la salida de Los Pinos.

1. Réquiem por Mérida.

Las elecciones locales en Yucatán resultaron, sin excepción, conforme a la encuestalia preliminar: arrasó el PRI, 13 de 15 distritos locales para el Congreso, ganó el bastión emblemático del PAN, Mérida, por más de 14 mil votos, además de otras 68 alcaldías frente a 38 azules.

Lo inusual ha sido la conducta de la dirigencia nacional panista, de la candidata Beatriz Zavala y de los apoyadores legislativos, para intentar lanzarse a denostar el proceso y a las autoridades electorales, con un discurso que todos creyeran es característico de Andrés Manuel López Obrador: voto por voto, casilla por casilla; alegar fraude anticipado, elección de Estado y el discurso polarizante, de descalificación, que podría estar inaugurando la disputa política de cara a otros procesos electorales venideros.

El PAN perdió Mérida, como lo acredita el que haya perdido también el Congreso y otras alcaldías igualmente de manera abrumadora, de forma tal que otros ex presidentes municipales panistas desaprobaron la estrategia de resistencia civil activa y pacífica que en el pasado utilizara don Luis H. Alvarez, para intentar pelear ahora en el TRIFE lo que perdieron en las urnas. Así, Ana Rosa Payán y Luis Correa Mena, ambos ex alcaldes panistas de la ciudad blanca, exigen civilidad y que se acepte el resultado, pues éste se debió a los errores internos del PAN, que no se reconstruyó tras la derrota de hace tres años por la gubernatura.

Para numerosos analistas, el comportamiento electoral del PAN en la era Nava es plenamente contradictorio. No apoya a los candidatos de su partido, pues traba alianzas oportunistas con partidos históricamente antagónicos, irreconciliables hasta hace muy poco, para impulsar candidaturas de ex priístas o ex panalistas; cuando algún aspirante panista obtiene la candidatura del PAN, como fue el caso de la senadora con licencia Beatriz Zavala en Mérida, pierden el bosque y el árbol al enfocar de manera muy confusa el sentido de la elección. En Yucatán no estaba en juego tan sólo Mérida, se trataba de una elección para renovar el Congreso y la totalidad de las alcaldías, por lo que la batalla debió ser estatal, no sólo por Mérida.

Finalmente, como está sucediendo en otras elecciones, la dirigencia del PAN pareciera creer que las elecciones locales se ganan en la ciudad de México, pues en donde hacen campaña de manera regular los candidatos panistas, incluidos los que batallaron por Mérida, es en el centro de la República.

El síndrome de Mérida podría estar acompañando al panismo en las elecciones que se avecinan: las encuestas prefiguran derrotas en prácticamente todos los estados, con alta competitividad en Oaxaca y Sinaloa, donde las más recientes consultas están leyendo un empate técnico (2 a 4 puntos de diferencia entre el candidato del PRI y el de la coalición cachatodo que desdibuja al PAN). El discurso del odio y la polarización, no obstante, se asoma contaminando las otras esferas de la política, como son la legislativa y la gestión pública, pues de fácil manera se lapida a los priístas como “lastres” o “picapiedras”, exhortándolos después a negociar y establecer compromisos para concretar, por ejemplo, minutas ya aprobadas en un periodo extraordinario de sesiones sin observar, al mismo tiempo, que el Ejecutivo Federal, haciendo uso del llamado “veto de bolsillo”, tiene retenidas 22 leyes aprobadas por el Congreso, difiriendo su publicación en el Diario Oficial de la Federación, que es el trámite jurídico necesario para la entrada en vigor de cada ley.

2. Renovación del Consejo Nacional del PAN.

En este alicaído contexto, este fin de semana se renovó el Consejo Nacional del PAN. Por un lado, la renovación enfrenta una profecía que hace temblar las entrañas del panismo: elección tras elección enfrentan la derrota, lo que presagia, también, el inminente retorno del PRI a Los Pinos. Por el otro, la desaparición de un connotado militante, el “jefe” Diego Fernández de Ceballos, nubla la distancia entre las diferentes islas del panismo.

Aún así, el calderonismo buscará mantener el control de la estructura política más importante del PAN, que es el Consejo Político. Para ello, ha movilizado a todos su aparato en las diferentes regiones del país, así como en el Distrito Federal. De entrada, el Comité Ejecutivo del partido presenta, ya aprobados, a numerosos subsidiarios de Felipe Calderón para integrarse al Consejo.

Con escaso rubor, no obstante cierta rispidez en el lenguaje de los excluidos, el presidente Calderón impulsó a sus más cercanos parientes y colaboradores: su esposa, Margarita Zavala y su prima, Mariana Gómez del Campo; el titular de la SCT, Juan Molinar Horcasitas; el secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos; el de Medio Ambiente, Rafael Elvira Quesada; así como los diputados Josefina Vázquez Mota, Francisco Ramírez Acuña, Gabriela Cuevas, Mariela Pérez de Tejada; los senadores Blanca Judith Díaz, Gabriela Ruiz del Rincón, Alejandro González Alcocer. Muchos otros llegarán por las estructuras territoriales, como Gustavo Madero, González Morfín, Zapata Perogordo, entre otros.

Los nombres de los “cercanos y leales” al presidente Calderón pululan. La titular de la Oficina de la Presidencia, Patricia Flores; el vocero presidencial, Max Cortázar; el ex secretario privado, Jordy Herrera; el ex secretario general, Rogelio Carvajal; el subsecretario de Enlace Legislativo de Segob, José Manuel Minjares, entre muchos otros.

Aún cuando parece obvio que se mantendrá la hegemonía calderonista, no por ello los otros grupos le disputarán el espacio, como son el de Santiago Creel, por ahora el más aventajado aspirante a la candidatura presidencial; el ¨”yunque”, con el gobernador de Guanajuato, Juan Manuel Oliva y Juan Carlos Romero Hicks a la cabeza, y por supuesto, los foxistas, con Manuel Espino y José Espina, con mucho los más acres ante la gestión del calderonismo.

El futuro para César Nava no parece diáfano. Al igual que sucedió con Germán Martínez, Nava habrá de cargar con la debacle futura de las coaliciones cachatodo y el naufragio del panismo, participante en muchas elecciones sin candidatos propios. Si las coaliciones llegaran a ganar donde pareciera más probable, que es Oaxaca y Sinaloa, los ganadores no serían panistas, sino en todo caso, ex priístas. De esta forma, no se ve cómo, de la renovación del Consejo Nacional del PAN, salga un partido imbuido de una dinámica de triunfo, decidido a respaldar el liderazgo presidencial que los ha llevado de derrota en derrota. Quizá aún prevalezca la disciplina y la toma del PAN por los subordinados y cercanos del Ejecutivo Federal, lo que no hace sino mimetizar al partido con el gobierno lo que, al final de cuentas, los llevará al paradigma de la profecía autocumplida: los panistas habrán hecho todo lo necesario para pavimentar la salida de Los Pinos.

3. El misterio de Diego.

La misteriosa desaparición del ex senador Diego Fernández de Ceballos en su rancho de La Cabaña, municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, ha motivado toda suerte de suspicacias.

Nadie entiende cómo pude considerarse “desaparecida” a una persona que fue sustraída de su domicilio con violencia, por más de una persona y de una manera quirúrgica, esto es, en un punto exacto y sin que prácticamente nadie se percatara, lo que revela, al menos, amplio conocimiento de los movimientos de la víctima.

Más aún, por la inusual conducta que las autoridades federales han asumido ante los hechos; primero, sin ejercer facultad de atracción, colaborando pero dejando en el ámbito estatal las indagatorias. Segundo, por el silencio, que bien pudiera comprenderse tratándose de una cuestión delicada en que está en riesgo la vida de un presunto secuestrado. Y, tercero, pro la condición de “misterio” en que el titular del Ejecutivo Federal situó el caso. No obstante el impacto nacional del caso y las graves consecuencias que podría implicar el desenlace, se le sigue tratando como una desaparición sucedida en el misterio.

La petición de la familia para guardar silencio y discreción extrema en el caso, sólo es explicable a la luz de que se esté entablando una negociación con los captores; más aún, en círculos de opinión usualmente bien enterados, se ha dejado correr la especie de que se trata de problemas personales o profesionales de la víctima, posiblemente asociados al despacho desde el cual litiga. Uno de sus principales socios, el ex procurador general de la República, Antonio Lozano Gracia, se asume como vocero y eventual conductor de lo concerniente a la desaparición.

Pero esencialmente sigue siendo un misterio. Como lo fue el caso de Paulette en Huixquilucan, Estado de México, quien fuera encontrada muerta en el mismo lugar en que había desaparecido, tras lo cual la Procuraduría Estatal concluyó que no hay culpables. De esta forma, no se podría descartar que la desaparición del abogado Diego Fernández de Ceballos, dada la cercanía con la peña de Bernal, fuera probablemente un encuentro del tercer tipo con alienígenas del lugar. Sería de esperar que, a diferencia del caso Paulette, no fueran necesarios demasiados días para desentrañar tal misterio.

4. Tras la visita a Estados Unidos.

Los periplos presidenciales por España y los Estados Unidos tuvieron un propósito inicial, que fue el de publicitar la recuperación mexicana, la intensidad del combate al narcotráfico, atraer inversiones y, en el caso del vecino del norte, defender a nuestros migrantes.

En términos de opinión, no le fue mal al presidente de México. Realmente, la agresiva ley antiinmigrante de Arizona creó un ambiente de opinión pública favorable a los viajes, ensombrecidos un tanto por la misteriosa desaparición de Fernández de Ceballos, que le recordó al mundo el clima de bajo imperio de la ley prevaleciente en México. Si un personaje connotado como el abogado Fernández puede desaparecer y ser considerado un misterio, ¿qué pueden esperar los demás simples mortales?

Por ello, los mensajes que buscaba colocar el gobierno mexicano fueron acogidos con cierta reserva. En España, al volver a insistir en lo que considera un problema de percepción sobre la violencia, señalando que existen sólo 12 homicidios violentos por cada 100 mil habitantes frente a 39 de Colombia y 22 de Brasil, en tanto que Washington, D.C., tiene una tasa de 31 homicidios por cada 100 mil habitantes y Nueva Orleáns, 74. Tan sólo la misteriosa desaparición de Diego Fernández de Ceballos hace palidecer el argumento, así como la persistencia en los reportes de muertes violentas que, tras tres años de guerra contra el narco, han llegado, según cifras de Sedena, a 22 mil 700 ejecuciones.

El comparativo internacional en realidad no compara cifras equiparables. Se compara el índice nacional de homicidios totales frente a un índice mexicano de ejecuciones violentas, que son dos cosas diferentes. Los homicidios totales incluyen todo tipo de homicidios, incluidos los de carácter culposo. Si éste fuera el caso, la cifra por cada 100 mil habitantes en nuestro país sería mucho más alta, quizá cercana a la de Brasil.

Por otra parte, en lo que se refiere a la guerra contra el narcotráfico, hubiera sido políticamente incorrecto no reconocer el esfuerzo de México en la materia. Pocos países podrían asumir el costo de tener 22 mil 700 muertos en un conflicto de esta naturaleza como ha sucedido en el nuestro, con resultados todavía inciertos, pues ni ha bajado el trasiego de drogas ni el principal mercado de consumo, los Estados Unidos, ha hecho algo realmente significativo para atender su parte del problema, como pudiera ser el tráfico de armas, el lavado de dinero y el altísimo consumo de enervantes. Peor aún, por lo menos una veintena de estados de la Unión Americana están legalizando el consumo de marihuana y se está registrando un viraje en la política norteamericana, que iría de considerar a las drogas como un asunto criminal, a tratarlo como un problema de salud pública. El compromiso del gobierno norteamericano fue el de realizar un esfuerzo para reducir el consumo en Estados Unidos, lo que eventualmente podría suponer una menor demanda de drogas. Pero, en cambio, la posición norteamericana fue enfática al no comprometerse a reducir la venta de armas –la oposición republicana fue hasta grosera, al considerar que el presidente mexicano había ido demasiado lejos al aludir a la segunda enmienda—o realizar algo significativo en materia de lavado de dinero, algo que quizá hubiera podido ser abordado a la luz de la inminente regulación del sistema financiero norteamericano, que será el segundo gran proyecto legislativo del presidente Obama.

En lo que a migración se refiere, la posición del gobierno norteamericano fue simple y electoralmente orientada: no podemos hacer nada por ahora, pero la situación se estudiará y resolverá, tras el proceso de renovación del Congreso en noviembre próximo. De esta forma, para los republicanos, el presidente mexicano estuvo inmerso en la contienda electoral de aquél país, pues tácitamente llamó a orientar el voto hispano en apoyo al Partido Demócrata, con lo que los republicanos reaccionaron asumiendo que se trataba de una ingerencia en asuntos internos.

De esta forma, el balance de las giras por España y Estados Unidos habrá dejado el sabor de buenos discursos pero pocas nueces; más comprensión internacional al enorme esfuerzo que ha realizado nuestro país para sobreponerse a la mayor crisis económica desde la Gran Depresión y sostener, al mismo tiempo, una guerra total contra el narcotráfico, que ha costado más vidas mexicanas que muertos norteamericanos en Irak.

5. Periodo extraordinario de sesiones.

En los círculos del congreso mexicano se sigue manejando la materia para un periodo extraordinario de sesiones. La coalición Perrepán ha planteado su convocatoria para resolver las minutas votadas al cierre del anterior periodo ordinario, sobre todo las del Senado relativas al fortalecimiento de los Derechos Humanos, la Ley Antisecuestro y la reforma a al Ley de Seguridad Nacional, que le otorga un marco legal a la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior.

Se habla, también, de impulsar la minuta de los Diputados en el Senado relativa a las reformas a la Ley Federal de Competencia y quizá procesar algunos otros acuerdos en materia de reforma política en los aspectos que mostraron mayor cercanía entre el gobierno y las bancadas, como son las “cartas ciudadanas” (candidatura independiente, referéndum, iniciativa popular); la ratificación de integrantes del gabinete presidencial, la sustitución del Presidente en caso de ausencia total, la reelección legislativa, reconducción presupuestal y reducción del tamaño del Congreso, entre las principales.

Empero, lo que ha quedado claro son dos cosas: una, que de haber materia para un periodo extraordinario, éste tendrá lugar después de las elecciones estatales el superdomingo 4 de julio, dado que las tensiones electorales trascienden evidentemente al entorno legislativo. Y, dos, que el periodo extraordinario sólo podrá convocarse cuando exista materia para ello, en donde el PRI ha insistido que habrá materia cuando se tengan dictámenes comprometidos y preferentemente firmados.

Es obvio que este llamado es un ardid electoral más. Si un acuerdo para un periodo extraordinario sucediera antes del 4 de julio, tendría la connotación del statu quo, donde el gobierno federal y el PAN asumen que aún tienen fuerza para negociar. Si sucediera tras los comicios del 4 de julio, estarán fuertemente influidos por los resultados. Una gran derrota de las coaliciones Perrepán haría que el sector más conservador y retardatario del PRI ya no viera necesidad en las reformas que se están planteando, las que ha ofrecido combatir en la Cámara de Diputados; en tanto que un avance del Perrepán en por lo menos las entidades que tienen mayor competitividad política (Oaxaca y Sinaloa) podría establecer una connotación de debilidad futura del PRI (le habrían encontrado un talón de Aquiles) que pudiera llevarle a activar la agenda legislativa. ¿Quién tendría prisa, entonces, para realizar un periodo extraordinario de sesiones?