David Aponte
May 3, 2010
Son irreconciliables las versiones de la Procuraduría de Justicia Militar y las de Martín y Cynthia, padres de Bryan y Martín Almanza Salazar. La Secretaría de la Defensa Nacional concluyó en sus investigaciones que sicarios mataron a los menores de edad. Martín y Cynthia insistieron en su exposición inicial: los soldados son los responsables de las muertes de sus niños. Los militares y los civiles plantearon el viernes ante la opinión pública sus pruebas y dichos de los acontecimientos ocurridos el 3 de abril en la carretera Reynosa-Nuevo Laredo, en el tramo Ciudad Mier-Nueva Ciudad Guerrero, Tamaulipas.
Con datos, evidencia documental y estudios periciales de las procuradurías General de la República, de Justicia de Tamaulipas y de Justicia Militar, la Defensa Nacional exoneró al personal militar de las muertes de los niños. Bryan y Martín fallecieron a causa de proyectiles que sicarios dispararon a la parte trasera de la camioneta negra Tahoe, que supuestamente circulaba en medio de dos camionetas de integrantes del crimen organizado, una Dodge Ram 4×4, color azul y una Hummer H3, color rojo:
“Al hacer un análisis de los impactos por proyectil de arma de fuego que presentan los seis vehículos encontrados entre los kilómetros 108 y 109 durante el primer evento, específicamente en una camioneta Ford Explorer color blanco, se observó que ésta tenía un orificio de entrada de gran dimensión y de similares características al orificio del vehículo Tahoe color negro donde viajaba la familia Almanza Salazar y acompañantes, poniéndose de manifiesto que el calibre utilizado en ambos casos, corresponde a una granada calibre 40 mm. Esto se refuerza debido que los cascos de las granadas calibre 40 mm. encontrados en el lugar de los hechos, según peritajes no corresponden a las características de las granadas utilizadas por el Ejército mexicano, además de que la unidad militar que participó en este evento no contaba con este tipo de armamento”.
La Secretaría de la Defensa aseguró la mañana del viernes que la versión de la confrontación entre soldados y sicarios (los militares se encontraron de frente con la caravana) coincide con la declaración ministerial de la mamá de los niños. “Al continuar el reconocimiento terrestre con el resto de las tropas, a la altura del km. 117 y circulando en dirección oeste, se encontraron de frente con un convoy de siete camionetas, cuyos tripulantes al detectar la presencia militar agredieron con armas de fuego a las tropas, quienes procedieron a repeler la agresión, esto coincide con la declaración de la señora Cynthia Salazar, madre de los menores fallecidos, rendida el día 4 de abril de 2010 ante el Agente del Ministerio Público del Fuero Común de Tamaulipas”.
La tarde del viernes, Marín y Cynthia salieron a los medios de comunicación a desmentir las conclusiones de la Procuraduría de Justicia Militar. Una vez más y de manera consistente (al menos lo han hecho ante los periodistas), acusaron a los militares de la muerte de Bryan y Martín. “No tengo dudas, estoy 100 % seguro, ellos murieron por disparos de arma, no por granadas, mi hijo Bryan tenía un impacto del lado izquierdo, y Martín en la espalda. Eran militares, yo los vi, había 4 camionetas Cheyene pintadas de verde y con números de identificación”, dijo el padre de los chicos.
De la versión de que la camioneta Tahoe estaba en medio de dos camionetas de sicarios, el padre de los niños confirmó su versión: “No había nadie más, sólo estaban los soldados”. La madre expuso ante la prensa que “Bryan falleció por impacto de balas, no por granada, no es como lo dicen”. “Yo estoy 100% segura de que fueron militares quienes agredieron a mi familia”.
El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo argumentó que los sobrevivientes del ataque no han tenido acceso a las indagatorias de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas ni a las dos investigaciones de la Procuraduría General de la República, institución que dijo a la señora Cynthia que no podía obtener copias porque ella está considerada como testigo de los hechos y no como parte ofendida.
La organización no gubernamental desacreditó la declaración ministerial de la madre de los niños, a la que hizo referencia en su informe el procurador de Justicia Militar, José Luis Chávez García, porque la mujer no sabe leer ni escribir. La señora Salazar no tuvo acceso al contenido ni le fue leída por el fiscal. Por tanto, no tiene ningún valor jurídico. Como prueba adicional, presentó una fotografía del niño Martín para alegar que el menor no murió como consecuencia de las heridas de esquirlas de granada, sino de balas.
¿Cómo garantizar una investigación imparcial? ¿La PGR dará a conocer el avance de sus pesquisas o se quedará con la versión de los militares? La falta de datos e información de las autoridades civiles parece ser otra víctima colateral en la guerra contra el narcotráfico en esta historia que tiene dos versiones, la del Ejército y la de dos padres que perdieron a Bryan y Martín.
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