Raúl Trejo Delarbre
April 9, 2010
Los medios se mantienen al centro de la discusión pública pero no necesariamente por buenas razones. La cobertura a la desaparición y luego la noticia de la muerte de la niña Paulette desató una catarata de murmuraciones y especulaciones que los medios no crearon pero que tampoco contribuyeron a detener. El tortuoso comportamiento de algunos de los protagonistas de ese triste episodio, así como la torpeza e incluso la irresponsabilidad de las autoridades judiciales que formularon sentencias públicas sin pruebas que las respaldaran, estuvieron acompañadas de un sensacionalismo, sobre todo televisivo, en busca de la expectación más que de la explicación.
También esta semana, la portada de la revista Proceso y la fallida entrevista que Julio Scherer pretendió hacerle a Ismael Zambada brincaron los límites entre el periodismo y el efectismo y suscitaron un imposible debate acerca de las responsabilidades de la prensa. Altivo, retador, el narcotraficante pasa el brazo sobre la espalda del periodista que, abrumado, esboza una forzada sonrisa. El periodismo mexicano más sobresaliente, al menos en tiempos no muy lejanos, doblegado a las exigencias de la delincuencia organizada: ese es el mensaje que deja la llamativa pero triste portada del semanario político más relevante en las décadas recientes.
La mayor parte de los defensores de Scherer han querido resolver los cuestionamientos a ese terrible error profesional y político diciendo que se trata de manifestaciones de envidia. Esa es una de las maneras más primitivas de eludir un cuestionamiento. Tal intolerancia resulta especialmente significativa porque el periodismo es, como pocas, una actividad por definición abierta al escrutinio público.
Otra línea de defensa del allanamiento de don Julio a las exigencias del capo del cártel de Sinaloa, ha consistido en sostener que Proceso tenía obligación de darle espacio a Zambada porque se trata de un personaje público. Desde luego lo es, aunque por los peores motivos. Pero la notoriedad de un delincuente no obliga a ningún medio de comunicación a abrirle sus puertas. Con esa lógica, podrían justificarse las exigencias e incluso extorsiones, además de los atentados cuando sus requerimientos no se cumplen, que distintos grupos de narcotraficantes han perpetrado contra periodistas, redacciones y medios de comunicación en varias ciudades del norte del país.
¿Qué habrán pensado esos periodistas perseguidos y amenazados, o los familiares de los informadores que han muerto como resultado de la cobertura que hacían del narcotráfico, cuando vieron al fundador de Proceso abrazado por uno de los jefes delincuenciales más influyentes?
Un tercer asunto que pone a los medios en el centro del interés público ha sido el reclamo de Televisión Azteca contra el Instituto Federal Electoral debido a las multas, que ya ascienden a 281 millones de pesos, debido a reiteradas infracciones en la transmisión de los spots de partidos y autoridades electorales. La televisora ha desplegado una interesada campaña contra el sistema de monitoreo administrado por el IFE y que recaba testimonios electrónicos de las transmisiones de las televisoras y radiodifusoras en todo el país. Gracias a ese monitoreo, las autoridades del IFE saben exactamente cuándo, en dónde y durante cuánto tiempo Televisión Azteca quebrantó la ley en materia de publicidad electoral. También saben que la gran mayoría de los concesionarios de radio y televisión sí han cumplido esas reglas.
La campaña de Azteca contra el IFE es tan hueca e interesada como la mayor parte de sus contenidos informativos y de opinión. No bastará para disimular las infracciones que comete, cada vez de manera más ostensible, la empresa de Ricardo Salinas Pliego.
En este panorama, la presentación ayer jueves de la iniciativa para crear una Ley Federal de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales tendría que ser reconocida como buen augurio, excepto por el contexto de confusión y crispación en el que ocurre. Se trata, sin lugar a dudas, del proyecto legislativo más completo que se haya elaborado en las últimas décadas para renovar la legislación en materia de medios de comunicación.
La propuesta fue presentada de manera simultánea en el Senado y en la Cámara de Diputados. En Xicoténcatl y con el respaldo de más de medio centenar de legisladores de varios partidos, la presentó el coordinador panista, Gustavo Madero. En San Lázaro, avalada por casi 200 diputados, fue presentada por Javier Corral Jurado, presidente de la Comisión de Gobernación y principal promotor de esa propuesta de reforma legal. El documento es apoyado por legisladores del PAN, PRD, PRI y Convergencia.
Nuevo organismo regulador de las telecomunicaciones con más independencia que el actual, asignación y renovación de concesiones por licitación, promoción de la convergencia tecnológica, reglas para determinar la dominancia de una empresa a fin de acotar sus capacidades monopólicas, códigos de ética en emisoras de radio y televisión, contenidos nacionales y de productoras independientes en todas las estaciones concesionadas, reconocimiento de medios comunitarios y del derecho a la comercialización en los medios públicos, normas para el derecho de réplica y cláusula de conciencia para los periodistas, son algunos rasgos de esa compleja, completa e indispensable iniciativa.
Los intereses que podrían ser afectados por esa propuesta, se apresuraron a ponerle enfrente una iniciativa distinta. Ayer en el Senado, la Comisión de Radio y Televisión sesionó de manera urgente para aprobar el proyecto de dictamen que había sido presentado en diciembre pasado por los senadores Manlio Fabio Beltrones del PRI y Carlos Sotelo del PRD –presidente de dicha Comisión–. Esa iniciativa, que propone el refrendo de concesiones de manera administrativa y sin licitación, tal y como quieren algunos grupos de radiodifusores, fue aprobada por mayoría. Varios de los asistentes aseguran que allí estaba, muy contento y expresando notoriamente sus congratulaciones al senador Sotelo, el director de Información de Televisa, Javier Tejado.
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