CONSUMIDORES CIEGOS
Juan Martínez, desde que pisó México, tuvo que tragar bilis. Él, minutos antes, había arribado al país luego de un largo viaje por el extranjero. La bienvenida que recibió fue implacable: 700 pesos a cambio de que un taxi lo llevara a su casa. La furia lo invadió, sin embargo; aceptó la oferta pues pensó que ésas eran las reglas y, por tanto, tenía que someterse a ellas. Ahora, Juan mantiene el trago amargo del episodio, pero considera que el mundo es así y que nada se pueda hacer para cambiarlo.
Conclusión: los mexicanos, por años, han vivido en un sistema de prácticas monopólicas, lo que significa que no han probado (y muchos ni siquiera lo contemplan) las mieles de la competencia. Y eso, hoy, gravita frente a las discusiones que se manifiestan en el Congreso de la Unión, donde ya se afilan los cuchillos para discutir la Ley Federal de Competencia que recientemente lanzara el Presidente de la República.
“En una sociedad con corrupción, la idea de competencia es extraña porque quien obtiene el negocio o el premio es quien tiene el medio de allegárselo por vías distintas al mérito”, manifiesta Armando Chacón, director de Políticas Macroeconómicas del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Bajo esta hipótesis, por carecer de información sobre los efectos de la falta de competencia en los mercados en la economía personal y familiar o porque los medios de difusión no reflejan la pluralidad de opiniones y posturas, el mexicano de a pie es un mudo testigo de las deliberaciones que hay sobre esta materia o una víctima consciente del fenómeno que padece.
Y ello se manifiesta todos los días, a través de diferentes personas y mediante diversos escenarios. Así, no es un hecho aislado que no se sienta la noción de que el consumidor tiene derecho a elegir que no quiere un saco de cemento con marca al doble de precio de lo que costaría a granel, cargar gasolina en una estación distinta a las que impone Pemex, solicitar que el servicio eléctrico no sea proporcionado por la CFE…
En consecuencia, la sociedad paga altos costos por este desdén hacia las reglas del juego basadas en la competencia. Tan sólo el gobierno federal hace licitaciones por 70,000 mdd al año, en sectores que tienen niveles de competencia muy variada, desde automotriz hasta farmacéuticas o empresas que fabrican plataformas petroleras. Estos procesos de licitación afectan no sólo la competencia sino la productividad del país, dice Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, organismo que vigila el otorgamiento de contratos gubernamentales y su vinculación con la competencia.
En tanto, la clase política guía sus decisiones por intereses y no por lo que dice la opinión pública, señala Daniel Lund, presidente de Grupo Mund, empresa que estudia la vinculación entre opinión pública y políticas públicas. “Salvo excepciones, la clase política piensa que opinión pública es un problema para manejar, no un punto de referencia”.
Así las cosas, en la experiencia de la gente hay competencia cuando se busca trabajo o entre microempresas, pero no hay una experiencia de competencia a nivel de las grandes empresas y los grandes servicios. “Tenemos años y años escuchando de competencia, sin embargo los mexicanos pagan mucho por telefonía y otros productos y servicios por falta de competencia”, agrega Lund.
Al respecto, Alfonso Ramírez Cuéllar, ex diputado que en noviembre pasado creó junto con organizaciones de consumidores una alianza que a la fecha ha formado 15 comités en ciudades del país para difundir de manera didáctica información sobre los monopolios y sus perjuicios, complementa: “La población no sabe todo lo que significa prácticas monopólicas, pero resienten en el bolsillo el encarecimiento de los productos”.
Entonces, México lleva 100 años de atraso en la creación de instituciones de competencia, pero incluso ha quedado rezagado frente a países de igual o menor desarrollo económico. La cultura de consumidor es más madura en Brasil, Argentina, Chile e incluso en El Salvador (donde el dirigente de una organización de consumidores se convirtió en procurador del consumidor).
En todo caso, las instituciones de competencia son en mayor medida el resultado de compromisos y presiones externas. La primera ley de competencia propiamente dicha se creó en 1993, en momentos en que se negociaba el TLCAN, 103 años después del surgimiento de la Sherman Antitrust Act en EU. Las presiones vienen de fuera, de la OCDE a través de informes internacionales de comparativos de precios y de EU, e internamente de sectores académicos y de la Comisión Federal de Competencia (CFC).
¿Qué consecuencias puede traer este escenario? Varias son las rutas que podría tomar esta historia y de todas ellas destacan dos: primero, que ante la rancia filosofía por mantener el statu quo se prefiera la permanencia de los monopolios y eventualmente se defienda a los monopolios públicos; y segundo, que ante las viejas tradiciones dominantes no germine una masa ciudadana crítica y lo suficientemente amplia y persistente para influir en el debate que actualmente se manifiesta para cambiar las reglas del juego.
TEMA DEL CÍRCULO ROJO
Ante la pregunta de si los monopolios son un tema de opinión pública, la conclusión es que no está en la mente del ciudadano sino en la de las élites, dice el director de una importante casa de encuestas que pidió no ser citado. “Mientras no se discuta masiva y abiertamente en medios y se ponga en la agenda, sigue siendo un tema de especialistas y círculo rojo”.
Dicho esto, los consumidores son la clave para la competencia, pero sólo si tienen información suficiente para poder elegir. En ese sentido, Armando Chacón, del IMCO, pone el ejemplo de la banca que ofrece opciones entre varias instituciones con prestigio mundial, pero eso no se traduce en mejores condiciones de servicios y precios porque los consumidores no están bien informados sobre cuál es el costo relativo, por ejemplo, de una hipoteca.
“Hace falta una lluvia fina de explicar mucho cuáles son los beneficios y las consecuencias para el conjunto de los ciudadanos de las actuaciones monopólicas”, asegura Luis Berenguer, presidente de la Comisión Federal de Competencia de España.
En el país ibérico se encargan de esa lluvia cuatro compañías de televisión abierta, de cobertura nacional y capital privado, además de dos canales abiertos de televisión pública. Un debate en España puede no ser ideológicamente rico, pero es mucho más plural y tiene mucho más información que uno en México. De esta manera, podría pensarse que hay mucha pluralidad en la sociedad mexicana como para pensar que TV Azteca y Televisa pueden satisfacerla, pero lo que le falta es información.
Bajo estas inercias, los mexicanos no palpan los beneficios de la competencia y algunos piensan que la normalidad es vivir bajo un modelo de prácticas dominantes. En otras palabras: dado que se ve que todas las gasolineras son verdes no hay espacio para sentir los beneficios de la competencia.
El asunto es que no todos en México están dispuestos a contribuir a una cultura de la competencia. Sólo algunos medios informativos le entran al tema, nunca la televisión, y eso dificulta mucho la difusión en un país con muchos más televidentes que lectores. Por su parte, los partidos políticos tampoco están dispuestos a reflejar esa pluralidad desde el momento en que su ascenso electoral depende de los medios masivos de comunicación.
Ante eso, las opiniones en la sociedad suelen dividirse entre las de consumidores que consideran que las leyes son resultado del contubernio entre autoridades y empresas, y empresarios que rechazan todas reglas y califican al Estado de inquisitorio, sostiene Ramiro Tovar, experto en temas de competencia. “Pero ello se debe a que el Congreso no da información de calidad a la opinión pública”.
Por otro lado, Daniel Lund considera que a las firmas de opinión pública tampoco les interesa preguntar sobre competencia a los ciudadanos y acusa que México carece de una tradición de encuestas en secuencia e independientes, como hay en EU con el Pew Research Center. La mayoría de los sondeos en México son de medios de comunicación, encargados por Los Pinos o por instituciones políticas, agrega, y en consecuencia no hay ningún punto de referencia donde día tras día puedan verse opciones alternativas para y de la sociedad. “No hay voz natural que puede ser tribuna de la ciudadanía o sectores que la representen, ni en encuestas ni en los medios políticos”.
El aporte de las organizaciones de consumidores es central, pero en México apenas dan sus primeros pasos. Consumers Union, organismo de consumidores de EU, trabaja en leyes de protección al consumidor, en temas de salud, finanzas (préstamos, tarjetas de crédito, las tarifas que cobran los bancos), seguridad de alimentos, productos, etcétera. “El departamento de defensoría tiene equipos para cada tema, que consisten en abogados y analistas de política”, informa Elena Chávez, vocera de la organización.
En México, hay menos de 15 organizaciones de consumidores estables y pocas cuentan con suficiente participación social. “La organización ciudadana es todavía incipiente”, señala Bohórquez, de Transparencia Mexicana.
ESTATISMO, ¿SÍ?
El monopolio que sí ha sido motivo de escrutinio en la opinión pública es Pemex, con resultados cambiantes. Sin embargo, las consultas que se hicieron con motivo de la reforma energética discutida por los legisladores a partir de 2007 se centraron en su privatización o no, pero no se tocó la calidad y precio de los productos y servicios que ofrece a los consumidores.
La opinión de los mexicanos respecto de la participación del Estado en la economía no es distinta a la de ciudadanos de otros países. Sin embargo, a grandes rasgos, consideran que el libre mercado no es la panacea (ver gráfica). En tanto, un análisis de Parametría, empresa de estudios de opinión que ha dado seguimiento al tema desde 2003, ubica que la oposición de los mexicanos a la privatización de Pemex se redujo entre 2007 y la última medición en 2008, sin embargo aún es la postura mayoritaria con más de 40%.
¿Qué pasa? La gente no resien-te los efectos de la concentración en el sector energético porque no consume petróleo directamente y porque los productos y servicios han estado subsidiados por décadas, responde Chacón, del IMCO. Quienes estudian el tema saben que el monopolio estatal afecta las finanzas públicas, pero el consumidor no lo resiente en su bolsillo.
Los propios especialistas discrepan en el tema Pemex. “La condición de monopolio no se refleja en beneficio al consumidor “, sostiene Juan Antonio Bargés, ex subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía y actual director del IMCO. Ese es el problema pues, a su juicio, es necesario reinventar los monopolios, porque la ventaja de ser único jugador en el mercado se debe condicionar a que lo reflejen en beneficios al consumidor.
Pero no sólo los ciudadanos miden distinto a los monopolios públicos que a los privados. La propia Constitución lo hace, ya que no considera monopolios a Pemex y CFE, sino que da en el Artículo 28 Constitucional la exclusividad al Estado en el manejo de estas actividades y, por tanto, tales empresas no están sujetas a la ley antimonopolios.
LA GRAN DEUDA
El consenso entre los expertos establece que la cultura de la competencia depende, entre otras cosas, de la regulación. Al respecto, Armando Chacón ofrece una lectura y dice que tal y como están puestos, los incentivos en las estructuras de la sociedad son contrarios a la competencia y ello ocurre, por ejemplo, con el caso de la no aplicación del marco único de interconexión.
“Los litigios entre las compañías telefónicas por el precio que cobra Telmex por la interconexión quieren que los resuelva un juez, pero sin que haya un marco de referencia de cuáles deben ser los márgenes para que esos precios sean razonables”, explica y, para que no haya dudas, recurre a una metáfora: “Es como si yo quiero vender mi auto y le pongo un precio, y el comprador va y me acusa con un juez porque le parece caro. El juez no puede hacer nada si no hay un marco de referencia que le indique al juez si estoy abusando”.
Por otro lado, una herramienta estructural para la competencia es la apertura comercial. Cuando el mercado mexicano se abrió para fabricantes de distintos países, los precios cayeron y se ubicaron a niveles similares a los de otros países. La vieja demagogia que señala que el gobierno tiene que procurar condiciones sanas para que los sectores se desarrollen, y a partir de ahí generar empleo, y con ese empleo las personas tienen dinero para consumir, debe desaparecer, agrega Chacón. “El régimen arancelario protege a un sector en contra de los intereses de los consumidores”, señala.
Para que la competencia se traduzca en menores precios, la regulación debe abarcar aspectos de política comercial como los aranceles, para obligar a competir a sectores como el textil. Peor aún, hay sectores en los que el problema no es precios altos, sino que no hay productos disponibles. Es el caso de los equipos especializados para aficiones deportivas, como cacería o pesca. “¿No se supone que tenemos tratados comerciales? Lo que pasa es que tenemos un montón de cosas protegidas a lo tonto”, afirma Chacón.
Cuando en el ámbito educativo o en las instituciones médicas lo que importa son los méritos y se elimina la venta de plazas y la corrupción, el resultado es estudiantes y académicos tan buenos como los mejores del mundo. “En las condiciones correctas, los mexicanos compiten como en cualquier otro lado. No es que tengamos un código genético distinto y contrario a la competencia”, lamenta el directivo del IMCO.
En resumen, la competencia sí depende de los consumidores, pero necesita tener la información y el poder para elegir. El tiempo para alcanzar este estadio apremia. El mayor riesgo: pensar que el mundo es así y que nada se puede hacer para transformarlo.
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