La reconstrucción de la seguridad y el tejido social en Ciudad Juárez pasa por la urgente necesidad del respeto a los derechos humanos, la presentación de las personas que han sido desaparecidas por las fuerzas federales y el castigo a los responsables de violar las garantías individuales. Es un aspecto del que muy poco se ha hablado, un tema que pareciera no importar para la nueva estrategia de seguridad, social y económica para la urbe fronteriza, pero es fundamental para una actuación transparente de las policías federal, estatal y municipal y los militares en la lucha contra el crimen organizado.
Los juarenses que participan con sus propuestas para el nuevo esquema de reconstrucción de la ciudad han puesto sobre la mesa de debate los casos de violaciones a los derechos humanos, han enviado al gobierno federal los nombres de quienes han padecido la presunta brutalidad de las fuerzas encargadas del combate al crimen organizado y han expuesto que nada avanzará en Juárez si persiste una política que vulnere a la sociedad:
“Ningún pacto y ninguna intervención pública puede partir de la violación sistemática de los derechos humanos. No podemos reconstruir Juárez si se siguen vulnerando los derechos de la población. No vamos a legitimar ninguna intervención que no tenga como base este principio. Ciudad Juárez está viviendo una catástrofe. La violencia que vivimos ha rebasado todos los límites. Hemos padecido impunidad, violación a los derechos humanos, tolerancia, indolencia, permisividad, corrupción y la incorrecta intervención por parte de las políticas implantadas desde el centro del país”.
Los activistas de defensa de los derechos humanos en Juárez observan una falta de voluntad política para la administración de la justicia para los afectados de la violencia, que se agudiza por la falta de atención económica y social de las comunidades de la ciudad. Un texto entregado a las autoridades federales dice que hay más de mil casos de violaciones a las garantías individuales, que van desde la desaparición forzada, torturas, ejecuciones extrajudiciales y robos.
Las violaciones a los derechos humanos tienen nombre y rostro. Los activistas reclaman la presentación de los desaparecidos, aquellos que presuntamente fueron detenidos por las fuerzas federales: Carlos Guzmán Zúñiga, José Luís Guzmán Zúñiga, José Ángel Alvarado Herrera, Nitza Paola Alvarado Espinoza, Rocío Irene Alvarado Reyes y Tomás Argijo González. Los defensores del tema exigen el esclarecimiento de las ejecuciones extrajudiciales de Saúl Becerra Reyes y Dante Francisco Cruz, y la presentación de mujeres desaparecidas: Adriana Sarmiento, Hilda Rivas Campos, Brenda Ivonne Ponce Sáenz, Lidia Ramos Mancha, Brenda Lizeth Vera Castro, Brenda Berenice Castillo García, Maria Guadalupe Pérez Montes y Mónica Jeannette Alanis Esparza.
“Tenemos cientos de niñas y niños huérfanos; mujeres solas; familias destruidas por la violencia. Proponemos la creación de una Oficina de Atención a Víctimas, que cuente con modelos específicos que parta de las necesidades de estas familias de acuerdo con los estándares internacionales y que retome las experiencias locales al respecto. Desde la perspectiva de los derechos humanos, urge una reestructuración de todos los programas y planes de gobierno, no sólo en seguridad, sino también en prevención del delito y atención a grupos en situación de vulnerabilidad. Se necesita que las personas que estén al frente de la elaboración e implantación de estos programas, tengan la experiencia, capacidad y conocimiento de la problemática de Ciudad Juárez”, argumentan.
La exigencia de los grupos de derechos humanos toca otros aspectos y otras instituciones que poco se han asomado a la problemática de Juárez. Los activistas quieren que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la CNDH, designe personal adscrito a la segunda visitaduría para el noreste de la entidad, para crear mecanismos de protección, promoción y defensa de los derechos humanos; que las instancias civiles den seguimiento a las denuncias contra militares, y que el gobierno federal asuma la responsabilidad civil por los daños ocasionados por las fuerzas federales, en el contexto del Operativo Conjunto Chihuahua.
“Exigimos un pronunciamiento inmediato y el compromiso público por parte del ciudadano Felipe Calderón condenando los siguientes puntos: la violencia contra las mujeres, expresadas en su máximo extremo en las desapariciones de mujeres y feminicidios. La tortura como medio sistemático de investigación. La desaparición forzada por parte de fuerzas federales. Y la falta de reconocimiento y protección a las y los defensores de derechos humanos”.
Juárez nunca volverá a ser la misma. La exigencia del respeto a los derechos humanos es primordial. La atención de los gobiernos y de las Fuerzas Armadas es crucial. El tema no debe pasar desapercibido; debe estar en el primer lugar de la nueva estrategia de seguridad y de la recomposición del tejido social en Juárez. Poco avanzará en la ciudad, si el gobierno del presidente Calderón no atiende este reclamo.
Twitter @ddaaponte
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