El documento, dirigido a los Diputados y Diputadas federales de la Comisión de Asuntos Constitucionales, a los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados y a la LXI Legislatura, explicita que el Derecho Constitucional a la Alimentación es una decisión impostergable, porque a diferencia de otros países de América Latina y el Caribe, como Cuba y Brasil, el hambre y la desnutrición en México están aumentando y se incrementaron en un 50%.
Con respecto al agregado en el artículo 27, el cambio prevé que, en relación con las políticas de desarrollo rural integral, el Estado debe garantizar el abastecimiento suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca.
La iniciativa fue impulsada inicialmente por la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (Anec), sin embargo, ya recibió la adhesión de muchas asociaciones y organizaciones nacionales y locales, de ciudadanos y ciudadanas, además de personalidades mexicanas. Toda la sociedad está llamada a firmar la carta y fortalecer la lucha contra el hambre, mala nutrición e inseguridad alimentaria. Hasta las 20h del 5 de abril la Anec recibirá adhesiones por medio del e-mail prensanec@gmail.com.
La lucha para convertir en constitucional el derecho a la alimentación en México comenzó alrededor de 1992. Desde esa época, decenas de organizaciones campesinas, de derechos humanos, sindicales, de profesionales de la nutrición, además de artistas, científicos, intelectuales y académicos batallan en el sentido de presionar a los gobernantes para que cumplan los compromisos internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc), y se combatan intensamente el hambre y la desnutrición en el país.
Otra responsabilidad todavía no concretada se relaciona con los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Durante la Cumbre Mundial de la Alimentación y la Cumbre del Milenio, el gobierno mexicano se comprometió a reducir a la mitad el hambre y la desnutrición.
Mientras que el Estado continúa con los ojos cerrados frente a la situación del hambre, aumenta el número de necesitados. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (Cepal), sólo en 2009, a causa de la crisis económica otros 9 millones de personas cayeron en condiciones de pobreza en América Latina y el Caribe; de ellas, el 40% corresponde a México, lo cual quiere decir que sólo este país tiene otros 3.6 millones de pobres.
Con la constitucionalización del derecho a la alimentación las organizaciones piensan que los gobernantes estarán más empeñados en atender las necesidades de la población y promover la seguridad alimentaria, a fin de respetar y garantizar un derecho humano fundamental que hace años viene siendo transgredido.
"Sin alimentos no hay vida, no hay salud, no hay educación, no hay libertad, no hay posibilidad de trabajar, no hay posibilidad de crear y formar a los hijos e hijas, no hay ciudadanía, no hay democracia, no hay futuro, no hay país. El derecho a la alimentación es integral e inherente a otros derechos", alerta la carta.
Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com
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