El sueño imposible
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) es una esfera pública bastante incómoda. Técnicamente, es un organismo público descentralizado que actúa en los márgenes de operación de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), pero los reportes que emite levantan cejas y, en algunos actores, generan furia. No es para menos. La encomienda del Coneval es políticamente incorrecta pues, a grandes rasgos, desnuda la inequidad social y, consecuentemente, dibuja las salidas para romper con las malas inercias.
La institución que preside Gonzalo Hernández Licona, aunque no lo dice abiertamente, es una piedra en el zapato y, sobre todo, una cartera crítica para el staff económico de la Presidencia de la República, específicamente para las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de Desarrollo Social (Sedesol) y del Trabajo y Previsión Social (STyPS), pues con frecuencia desmenuza los altos niveles de pobreza y los vacíos que aún existen para que en México se pueda contar con un Estado de bienestar.
Así, se sabe que en diferentes ocasiones el Coneval ha tocado puertas y ha puesto sobre la mesa de los funcionarios públicos de primer nivel una sugerencia, que en EU hoy es motivo de celebración (y de discordia también), pero que en México ni siquiera está en la lista de asuntos prioritarios: la necesidad de establecer un sistema de seguridad social para todos los mexicanos.
¿Qué respuesta ha obtenido? En entrevista, Gonzalo Hernández Licona prefiere guardar las formas, sin embargo confirma que, efectivamente, esta sugerencia ha sido ventilada y el mensaje oficial que recibe es que ésta se encuentra en la fase de estudio. Como sea, la apuesta del Coneval es muy ambiciosa pues plantea establecer un costo mínimo para tener acceso a los servicios de seguridad social, lo que significaría reducir el costo que el sector privado paga por incluir a sus trabajadores a ellos y abatir la informalidad en la que algunas empresas se mantienen precisamente por la carga impositiva que atrapa a la fuente de trabajo.
Un reporte, en lo específico, es el que alimenta la necesidad de seguir el camino que Barack Obama decidió tomar –con todo y las consecuencias políticas que traía consigo– para cambiar el tono de esta historia: a fines de 2009, el Coneval emitió un reporte donde midió la “pobreza multidimensional”, un indicador que se utiliza a nivel internacional y que no solamente toma en cuenta el nivel de ingresos de una persona, sino otros factores como rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación.
El estudio, en resumen ejecutivo, fue contundente pues, a grandes rasgos, establecía que una persona que percibe 20,000 pesos mensuales no puede calificarse como pobre, pero sí es parte de la estadística de la “pobreza muldimensional” por carecer de un servicio de seguridad social.
De acuerdo con esta nueva medición, en 2008, 44.2% de la población nacional vivía en condiciones de pobreza multidimensional, es decir, aproximadamente 47.2 millones de personas en el país presentaban al menos una carencia social y no tenían un ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades. Esta población presentó en promedio 2.7 carencias sociales.
Del total de la población pobre multidimensional, 36 millones de personas (33.7% del total) estaban en pobreza multidimensional moderada y tenían en promedio 2.3 carencias; 11.2 millones de personas (10.5%) experimentaba pobreza multidimensional extrema y sufrían 3.9 carencias en promedio. Como contexto, se considera pobreza multidimensional extrema a la población que presenta tres o más carencias sociales y su ingreso es insuficiente para cubrir sus necesidades de alimentación, aun si dedicaran todo su ingreso para ese fin.
Así, con este documento en mano, el Coneval ha decidido lanzar una especie de Medicaid a la mexicana y, de acuerdo con un simple ejercicio de construcción de escenarios, proyecta que si éste aterrizara –y se pudiera conseguir la proeza de cocinar una reforma fiscal– la cifra de mexicanos en pobreza multidimensional se reduciría notablemente y daría paso a la equidad en materia de seguridad social. Hasta el momento, sus llamados no han tenido eco.
¿Qué pasa por la mente de los funcionarios para impedir una política pública de este calibre? Varias son las lecturas que sueltan los analistas, pero destacan dos: la permanente filosofía de las autoridades a administrar la pobreza, no a acabar con ella, porque así mantienen un voto político cautivo; así como la resistencia a abaratar el servicio de la seguridad social, porque gracias a ello las instituciones del ramo pueden dotar de oxígeno a sus finanzas.
En el Congreso de la Unión esta filosofía está perfectamente entendida. Al interior de la Comisión de Seguridad Social, actualmente presidida por Uriel López Paredes (PRD), ha llegado un universo de planteamientos que en cierto sentido sugiere la puesta en marcha de esta medida, pero permanentemente se topa con un obstáculo que parece inamovible: el factor político. De esta manera, nada se mueve si el cálculo electorero no lo permite. Bajo este escenario, la cobertura universal de seguridad social tendrá que esperar mejores tiempos, ya que este año no habrá ningún tipo de revolución por las elecciones estatales.
En conclusión, la equidad en los servicios de salud hoy no es prioridad.
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