Sí, en el escándalo de las anti alianzas, el Instituto Federal Electoral (IFE) –organizador y árbitro de las elecciones en nuestro país—no ha dicho ni pío. Simple y sencillamente se ha hecho “de la vista gorda”. Ha actuado como un mero monigote.
Pero ayer, Manuel Camacho Solís –en nombre del Diálogo por la Reconstrucción de México (DIA)—se apersonó en la institución que alguna vez fuera la joya de la corona de nuestro proceso democrático, para exigirles su intervención para impedir “una restauración autoritaria”.
Quizás pocos recuerden que mucho, mucho costó arrebatarle al gobierno el manejo de las elecciones. Lo ocurrido en 1988 fue el gran detonador del paulatino cambio en ese sistema, el alzamiento zapatista en 1994 su gran impulsor, hasta lograr las reformas –con el apoyo de todos los partidos– que llevaron a la autonomía del IFE.
Esos fueron los pasos más importantes que pavimentaron la posibilidad de sacar al PRI de Los Pinos sin violencia de por medio: un IFE autónomo y respetado.
Pero lo que hoy estamos viviendo a propósito de la negociación de las anti alianzas, socava precisamente el corazón del avance democrático: las elecciones, como hace décadas, vuelven a negociarse en la secretaría de Gobernación, entre las cúpulas de los partidos y de los aspirantes a la silla presidencial.
Esto es lo que fue a denunciar –paradójicamente– Camacho Solís, coautor precisamente de los pactos secretos que llevaron a Carlos Salinas de Gortari a la Presidencia de la República.
Pero más allá de las vueltas que da la historia y del cambio de plumaje de sus personajes, la denuncia que presentó Camacho ante el IFE toca el punto central del significado de las negociaciones realizadas en el despacho del secretario de Gobernación.
La carta que dirigió –y leyó– al Consejero Presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita (a quien por cierto también le tocó vivir el 88), señala entre otras cosas que el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont; el secretario de gobierno del Estado de México, Luis Enrique Miranda Nava; y su gobernador, Enrique Peña Nieto, intervinieron en asuntos electorales que la Constitución y la ley prohíben:
“Ellos actuaron fuera de su competencia, contra la ley, al haber participado en el acuerdo secreto para impedir las alianzas electorales entre partidos políticos nacionales que la ley permite y de esa manera intentar coartar la libre manifestación de la voluntad ciudadana en las próximas elecciones para gobernador de ese estado en 2011.
“Los hechos que denunciamos –agrega la misiva—violan la ley y echan por tierra importantísimos avances. Aceptarlo sería hacerse de la vista gorda ante el retroceso democrático. Sería, a los ojos de todos, confirmar que en nuestro país se viene gestando un proceso de restauración autoritaria. Es nuestro deber denunciarlo; el de ustedes, impedirlo.”
También dice Camacho Solís que su propósito no es generar un conflicto adicional a la República, ni dañar los prestigios de los funcionarios, de ahí que acudan al IFE y no la Procuraduría General de la República; que la intención es “abrir una ventana de oportunidad” para que los Consejeros del IFE, el Jefe del Poder Ejecutivo, el Congreso, los partidos políticos y la opinión pública, “cerremos en definitiva la intervención de los funcionarios públicos en los procesos electorales, sin importar su jerarquía”.
Incluso apunta que Gómez Mont es “un profesional respetado”, pero que como secretario de Gobernación no puede intervenir en los procesos electorales, ni comportarse como lo hizo al ayudar directamente a un partido, en este caso al PRI.
De Enrique Peña Nieto escribe que es “un gobernador con realizaciones y que ha construido una plataforma nacional”, pero que no puede esperar que los partidos políticos de oposición acepten que coarte sus derechos, ni que los ciudadanos acepten como legítimo que haya él apoyado que a la gente le subieran el IVA con tal de asegurar su tránsito a la candidatura presidencial.
Y por último, el representante del DIA les recuerda a los consejeros del IFE que está en su esfera de competencia “fijar una posición inequívoca y con ello ganarse el prestigio que se necesita para ir a una elección libre, equitativa y legítima en 2012.”
Hasta aquí lo expuesto por Manuel Camacho Solís. Toca al IFE –ahora sí sin pretexto alguno puesto que hay denuncia de por medio—tomar ya cartas en el asunto y demostrar que no se han convertido en un simple monigote.
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