David AponteMarch 15, 2010
La delincuencia organizada ha dejado una estela de muerte en México, con altísimos costos sociales en amplias zonas del país. Pero hay un dato que ha pasado un tanto desapercibido: el dinero que los gobiernos federal, estatal y municipal destinan a la manutención de los hombres y mujeres que están en las prisiones. El combate a las mafias ha generado una olla de presión en el sistema penitenciario nacional, que destina miles de millones de pesos para mantener a los procesados y a los criminales sentenciados. Es un dinero que pagamos todos los contribuyentes y que no retribuye en nada a la sociedad.
Los datos oficiales, actualizados al mes de agosto de 2009, arrojan que 229 mil 915 personas, entre procesadas y sentenciadas, habitan las 432 cárceles de México. Del total, 59% cumple una sentencia y 41% se encuentra en prisión preventiva, bajo proceso penal. ¿Cuánto tenemos que pagar los mexicanos por los miles de prisioneros? Un análisis estadístico del gobierno federal indican que la manutención está calculada en 11 millones 500 mil pesos diarios. Los estudios indican que varios miles de personas podrían afrontar los juicios en libertad bajo fianza, por estar acusados de delitos de poca monta (sólo 6% de los sentenciados está considerado de alta peligrosidad). Esta posibilidad podría bajar los costos.
Los cálculos del dinero gastado en las prisiones de México provienen de una multiplicación de 50 pesos, correspondientes al llamado socorro de ley, que la autoridad federal entrega por día a las cárceles del Distrito Federal y de las entidades federativas, fundamentalmente para la alimentación de los internos del fuero federal. ¿Dónde comienza el flujo del dinero? Los costos del sistema penitenciario se activan desde que los elementos de las distintas corporaciones detienen a un sujeto, lo ponen a disposición del Ministerio Público, que realiza la consignación ante un juez, que arranca el proceso judicial y, posteriormente, dicta la sentencia.
Las autoridades encargadas de la seguridad pública federal han hecho algunas estimaciones de los costos de manutención de los prisioneros en distintas entidades del país, principalmente con algunas referencias de los medios de comunicación locales: Sonora gasta 150 pesos diarios por reo; Tamaulipas destina 130 pesos; Distrito Federal pone 120 pesos diarios; Chihuahua, 182 pesos; Estado de México, 179 pesos, y Nayarit eroga 80 pesos al día por cada uno de los internos.
A partir de la entrega de 50 pesos por reo que hace el gobierno federal a las prisiones del DF y de los estados, las autoridades han realizado una estimación sobre la base de los 229 mil 915 internos. De esa forma, los mexicanos estamos poniendo a disposición de los reos las siguientes cantidades: 11 millones 495 mil 750 pesos al día, 344 millones 872 mil 500 pesos mensuales, cuatro mil 195 millones 948 mil 750 pesos por año. Los miles de millones de pesos anuales son destinados para la manutención y estancia de las personas encarceladas. ¿Qué quiere decir esto? Que habrá que agregar los costos de la infraestructura, el mantenimiento de las prisiones, la actualización de la tecnología, el equipamiento y servicios y los salarios de los servidores públicos encargados del sistema penitenciario del país.
El seguimiento de los gastos es altamente complicado por la opacidad en el manejo del dinero. Los sistemas de información del DF y estatales son diversos; no hay un criterio general que permita la transparencia. Hay gastos de las autoridades locales que no están reflejados en los estados financieros, en los cortes de caja de las prisiones. Adicionalmente, las metodologías del cálculo son distintas. Todo esto hace muy complicado homologar los criterios de presupuesto, que lleven a un cálculo más preciso de los costos del sistema penitenciario, según los datos del gobierno federal.
Entonces, hablamos de miles y miles de millones de pesos que corren por los caños de las prisiones. Miles y miles de millones de pesos que ponemos los mexicanos en un sistema poco transparente y que no ha servido para la reinserción social de las personas que han caído en la cárcel y que en muchas ocasiones sólo tienen “capacitación” para seguir en las mafias del crimen, en lo que todo mudo conoce como las “escuelas del crimen”.
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