Hacen, deshacen, disponen, cierran acuerdos políticos y económicos en la oscuridad de los pasillos y no le rinden cuentas a nadie. Son los dueños del Palacio Legislativo de San Lázaro, un gigantesco complejo de edificios por el que circulan diariamente unas cinco mil personas, y manejan la infraestructura y sus recursos sin que nadie los fiscalice, sin mínimo pudor y transparencia. Los diputados se aprueban sus percepciones y los millones de pesos que destinan a sus grupos parlamentarios, sin que nadie se meta en sus cuentas y en sus gastos.
Hace algunas semanas, conocimos la historia de un cartucho de tinta que salió de las oficinas de los diputados para ser puesto a la venta en una plaza comercial ubicada en el Eje Central, centro histórico de la Ciudad de México, un pequeño y evidente caso de robo de los materiales adquiridos con recursos públicos, que por arte del saqueo se comercializan en forma irregular en la calle. El artículo fue adquirido en la Legislatura anterior, como probaba el número de lote. ¿Qué hicieron los señores legisladores ante la prueba del saqueo hormiga de los productos que debieran ser utilizados en la función cotidiana de la maquinaria del Poder Legislativo? Nada, simplemente hubo algunos amagos de panistas por presentar una denuncia ante la Contraría Interna, para que se investigue, para llegar a las últimas consecuencias, caiga quién caiga. Palabrería pura en ese centro de impunidad.
Hace algunos días, conocimos la historia de la concesión por adjudicación directa del restaurante Los Cristales a Enrique Álvarez Roble, propietario del Bellinghausen, a cambio de una cuota de recuperación mensual de 25 mil pesos, de acuerdo con declaraciones del diputado priísta Heliodoro Díaz Escárraga, presidente del Comité de Administración de San Lázaro. Es un sitio privilegiado, cercano a una de las entradas del Palacio Legislativo y a los accesos al salón de sesiones de la Cámara. El lugar tiene una superficie de 400 metros cuadrados y 43 mesas para cuatro y cinco personas. En otros casos, el costo de renta mensual podría ser hasta de 200 mil pesos, para un negocio de poco más de 20 millones de pesos anuales.
Pero nadie ofrece explicaciones ni razones por las cuales un diputado dispone de los espacios del Palacio Legislativo. El diputado Díaz Escárraga argumentó que tomó en cuenta la calidad de los alimentos y el servicio para entregar la concesión por 25 mil pesos al mes. Sin embargo, el concesionario dijo que nunca se habló de esa cantidad mensual, como cuota de recuperación, que el dato proporcionado por el legislador del PRI era de 60 mil pesos al mes. Una vez más la danza de los dineros y la opacidad.
Como en el caso del cartucho de tinta robado, diputados del PAN exigieron transparencia, datos de cómo se llegó a la determinación de entregar la concesión por la vía de dedazo. Los legisladores Daniel Ávila Ruiz y Rosa Adriana Díaz Lizama enviaron una carta fechada el 11 de febrero de 2010 al presidente de la Junta de Coordinación Política, Francisco Rojas Gutiérrez, para que intervenga en este caso:
“A través de este medio solicitamos su valiosa intervención con la finalidad de que sea esclarecido el proceso de adjudicación directa realizado por el Comité de Administración de este órgano Legislativo, a través del cual la empresa Bellinghausen quedó como encargada de administrar y proporcionar el servicio de alimentos en el restaurante Los Cristales, ya que es necesario brindar certeza jurídica y transparencia en los procedimientos que nosotros, los representantes de la ciudadanía, llevamos a cabo, máxime al tratarse de una empresa que sin lugar a dudas obtendrá grandes beneficios económicos por la licencia que le fue otorgada”.
Hasta el momento, el diputado priísta Rojas Gutiérrez no ha dado cauce alguno para investigar los manejos de su correligionario Díaz Escárraga, que se escuda en el dicho de no ser restaurantero como para saber el negocio que representa la venta de alimentos en un sitio de tales dimensiones y clientes cautivos, como para saber si 25 mil pesos es mucho o es poco para la renta de un local de 400 metros cuadrados. Como ocurrió con la historia del cartucho de tinta con olor a corrupción, esta nueva trama quedará en el olvido del Poder Legislativo. Los señores feudales de San Lázaro son los que mandan…
Twitter @ddaaponte
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