Peña Nieto: Una historia de amor… y espionaje
Juan Veledíaz
MÉXICO, D.F., 21 de febrero (Proceso).- Esta historia guarda una curiosa similitud con el escándalo Watergate, que obligó a Richard Nixon a renunciar a la presidencia de Estados Unidos, a mediados de 1974: un grupo de exempleados de servicios de inteligencia gubernamentales son llevados a juicio tras haberse descubierto que realizaban actividades de espionaje político. El contexto: la contienda rumbo al 2012. Detenidos el año pasado, fisgoneaban en las vidas públicas e íntimas de alcaldes, legisladores, gobernadores, secretarios de Estado…, pero con una inquietante excepción: evitaron husmear en la vida de Enrique Peña Nieto, el priista que ansía la silla presidencial. Esta era la versión de la PGR. Pero es otra la que sostienen los espías –todos exagentes del Cisen– encarcelados. Aseguran que actuaron “por órdenes de Los Pinos” y que sí espiaron al gobernador mexiquense, e incluso a su prometida, la actriz Angélica Rivera.
La llamada fue alrededor del medio día y no tardó más de un minuto. Del otro lado del auricular una voz anónima denunció que afuera de las instalaciones del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, uno de los empleados había “entregado documentos de manera sospechosa” a un individuo que no trabajaba ahí. Se trataba de un agente especializado en el manejo de “información reservada y datos sensibles” que aquel 4 de agosto de 2008 fue sorprendido “mientras volteaba nervioso a varios lados para ver quién lo observaba”.
Desde ese momento, Alejandro Rodríguez Rosas, jefe de departamento en la Subdirección de Investigación Metropolitana del Cisen, encargado de partidos y organizaciones políticas, quedó sujeto a vigilancia especial.
En los días siguientes se reportó que se “apreciaron actitudes” que corroboraron la denuncia: el funcionario facilitaba documentos a un grupo de exempleados del Centro que compraban información no sólo al Cisen, sino a personas con acceso a datos restringidos que laboraban en dependencias como la Policía Federal, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Hacienda, el Instituto Federal Electoral y hasta bancos y empresas telefónicas.
Este es el inicio de lo que habría de convertirse en una investigación especial, pues se enfocó a un grupo de exfuncionarios del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) que trabajaron durante dos décadas en los órganos de inteligencia civil hasta finales del sexenio de Vicente Fox y que, más tarde, durante 2007 y 2008, fueron “reclutados” para efectuar tareas de espionaje contra los principales actores políticos de cara a la elección presidencial de 2012.
Entre los sujetos espiados por este grupo había gobernadores, legisladores y secretarios de Estado, así como presidentes municipales, tanto perredistas como panistas y priistas. Pero en la lista resalta la ausencia de un personaje: Enrique Peña Nieto.
Una investigación ministerial de la Procuraduría General de la República consignada al Juzgado 18 de Distrito, con sede en el Reclusorio Norte, recopiló evidencias que apuntaban al gobierno del Estado de México como presunto responsable de las citadas actividades de espionaje, pero el hilo de la madeja no se siguió, según se desprende de documentos judiciales cuya copia tiene Proceso.
Días antes de la elección federal de julio de 2009, salieron a la luz datos acerca de los espiados; meses después, en noviembre, se difundieron también detalles, recopilados de manera ilegal, en torno a la vida privada de algunos políticos.
Extracto del reportaje principal que se publica en la edición 1738 de la revista Proceso ya en circulación.
La llamada fue alrededor del medio día y no tardó más de un minuto. Del otro lado del auricular una voz anónima denunció que afuera de las instalaciones del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, uno de los empleados había “entregado documentos de manera sospechosa” a un individuo que no trabajaba ahí. Se trataba de un agente especializado en el manejo de “información reservada y datos sensibles” que aquel 4 de agosto de 2008 fue sorprendido “mientras volteaba nervioso a varios lados para ver quién lo observaba”.
Desde ese momento, Alejandro Rodríguez Rosas, jefe de departamento en la Subdirección de Investigación Metropolitana del Cisen, encargado de partidos y organizaciones políticas, quedó sujeto a vigilancia especial.
En los días siguientes se reportó que se “apreciaron actitudes” que corroboraron la denuncia: el funcionario facilitaba documentos a un grupo de exempleados del Centro que compraban información no sólo al Cisen, sino a personas con acceso a datos restringidos que laboraban en dependencias como la Policía Federal, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Hacienda, el Instituto Federal Electoral y hasta bancos y empresas telefónicas.
Este es el inicio de lo que habría de convertirse en una investigación especial, pues se enfocó a un grupo de exfuncionarios del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) que trabajaron durante dos décadas en los órganos de inteligencia civil hasta finales del sexenio de Vicente Fox y que, más tarde, durante 2007 y 2008, fueron “reclutados” para efectuar tareas de espionaje contra los principales actores políticos de cara a la elección presidencial de 2012.
Entre los sujetos espiados por este grupo había gobernadores, legisladores y secretarios de Estado, así como presidentes municipales, tanto perredistas como panistas y priistas. Pero en la lista resalta la ausencia de un personaje: Enrique Peña Nieto.
Una investigación ministerial de la Procuraduría General de la República consignada al Juzgado 18 de Distrito, con sede en el Reclusorio Norte, recopiló evidencias que apuntaban al gobierno del Estado de México como presunto responsable de las citadas actividades de espionaje, pero el hilo de la madeja no se siguió, según se desprende de documentos judiciales cuya copia tiene Proceso.
Días antes de la elección federal de julio de 2009, salieron a la luz datos acerca de los espiados; meses después, en noviembre, se difundieron también detalles, recopilados de manera ilegal, en torno a la vida privada de algunos políticos.
Extracto del reportaje principal que se publica en la edición 1738 de la revista Proceso ya en circulación.
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