Entre 2007 y 2009 se registraron más de 15 casos de agresiones y homicidio.
La Jornada En Línea
Publicado: 21/01/2010
México, DF. Las autoridades mexicanas incumplen con su obligación de proteger a los defensores y defensoras de los derechos humanos frente a los homicidios, al hostigamiento y las agresiones que amenazan sus vidas, advirtió Amnistía Internacional, por lo que exigió un programa de protección y que investigue de verdad los casos y sancione a los responsables.
En el informe titulado Exigiendo justicia y dignidad: Defensores y defensoras de los derechos humanos en México, dado a conocer este jueves, el organismo da cuenta de más de 15 casos de defensores que han sido víctimas de homicidio, agresiones, hostigamiento y amenazas o han sido encarcelados por cargos falsos entre 2007 y 2009 para impedirles que realicen su labor.
“Defender los derechos humanos en México puede costar la vida, y el gobierno no está haciendo lo suficiente para resolver el problema”, indicó Nancy Tapias Torrado, investigadora sobre defensores de los derechos humanos de AI.
Para AI hay decenas de casos de este tipo, que muy pocos se investigan eficazmente y que aún menos se llevan ante la justicia.
El informe refiere varios casos, entre ellos el de Obtilia Eugenio Manuel, fundadora y presidenta de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) en Guerrero, quien ha recibido numerosas amenazas de muerte y actos de intimidación desde 1998, tanto que en los últimos años el miedo la obligó a huir, junto con su familia, de su comunidad. Ninguna de las amenazas ni de los actos de intimidación contra ella han sido investigados.
Otro ejemplo que rescata AI es el de Ricardo Murillo Monge, portavoz y miembro fundador de Frente Cívico Sinaloense (FCS), quien fue encontrado muerto en su automóvil en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, el 6 de septiembre de 2007. Sólo dos años después, el 31 de agosto de 2009, Salomón Monárrez, otro portavoz del FCS, sobrevivió por poco a un intento de asesinato.
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