"Tanto las autoridades civiles como las militares de México niegan e ignoran" estos abusos, indicó Kerrie Howard, directora adjunta del programa de América de AI, al presentar el informe titulado México: Nuevos informes de violaciones de derechos humanos a manos del Ejército.
AI acusó a las autoridades de no investigar exhaustivamente las denuncias de abusos cometidos por el Ejército, que incluyen desapariciones forzadas, homicidios extrajudiciales e ilegítimos, torturas, malos tratos y detenciones arbitrarias.
Kerrie Howard señaló que México afronta una importante crisis de seguridad pública y reconoció que "el gobierno tiene claramente responsabilidad de combatir la delincuencia organizada y los cárteles de la droga con todos los medios legales a su alcance".
"Esta es una tarea difícil y peligrosa, pero no se debe usar la gravedad de una crisis como pretexto para no ver cuando se cometen abusos", agregó.
Indicó que entre enero de 2008 y junio de 2009, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió casi dos mil quejas de abusos a manos del Ejército, frente a las 182 registradas en el 2006 y 367 en 20008.
Consideró que estos datos no reflejan en toda su extensión los abusos que se cometen, aunque indican la tendencia al aumento.
Como ejemplo, aseguró que una organización de derechos humanos de Nuevo Laredo, en el estado de Tamaulipas, informó a AI que había recibido 70 denuncias de detención arbitraria, tortura y otros malos tratos por personal del Ejército entre enero de 2008 y septiembre de 2009, pero sólo 21 particulares denunciaron oficialmente los casos, ya que el resto temía que se cumplieran las amenazas vertidas contra ellos.
El informe de AI expone detalles de cinco casos de violaciones graves de derechos humanos cometidos por el Ejército contra 35 personas, entre octubre de 2008 y agosto de 2009, en los estados de Chihuahua, Tamaulipas y Baja California.
Como ejemplo, señaló que el 21 de octubre de 2008, unos testigos vieron cómo unos soldados arrestaban a Saúl Becerra Reyes, de 31 años, y a otros cinco hombres en un lavado de automóviles de Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua.
Tras permanecer cinco días en un cuartel militar, los cinco hombres arrestados junto con Saúl fueron puestos bajo custodia de la Procuraduría General de la República (PGR) y acusados de delitos relacionados con drogas y armas de fuego.
Sin embargo, agregó, las autoridades nunca reconocieron haber detenido a Saúl, a quien no se volvió a ver con vida.
Aunque se formularon varias quejas oficiales sobre la desaparición de Saúl, ninguna de ellas desembocó en una investigación efectiva de las autoridades.
A pesar de la orden de un juez federal, las autoridades civiles y militares negaron en todas las ocasiones conocer el paradero de Saúl.
El cadáver de Saúl Becerra fue hallado en marzo de 2009. El certificado de defunción señala que murió al día siguiente de su detención a causa de una hemorragia cerebral por traumatismo craneoencefálico. Las autoridades no realizaron otra autopsia.
El juez federal sobreseyó el caso y lo trasladó a la Procuradoría General de Justicia del Estado de Chihuahua para que fuera investigado como un asesinato común, sin hacer referencia alguna a los datos que indicaban la participación del Ejército.
Amnistía Internacional también se quejó de que los pocos casos de abusos a manos del Ejército en los que se ha adoptado alguna medida son juzgados por tribunales militares prácticamente cerrados, donde las víctimas y sus familiares no tienen acceso a la información ni una condición jurídica que les permita recurrir contra las actuaciones judiciales o las del tribunal.
Indicó que el gobierno debe adoptar medidas de inmediato para garantizar investigaciones rápidas e imparciales a cargo de las autoridades civiles a fin de que los responsables comparezcan ante los tribunales civiles y las víctimas reciban una reparación.
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