Que los priistas quisieran congraciarse de nuevo con los concesionarios de radio y televisión, ya no extrañó a muchos. Pero lo que sí sorprendió, tanto dentro como fuera del Senado, fue que los perredistas apoyasen la propuesta para que los refrendos de las concesiones de radio se diesen sin licitación de por medio.
“Refrendo administrativo”, le llamaron.
Durante el día entero, Carlos Sotelo (PRD), presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, se dio a la tarea de explicar lo que para algunos de los propios perredistas no termina de convencer: que “en todo el mundo democrático la concesión, el refrendo, es administrativo…¡hasta en Venezuela!”.
Santiago Creel –figura defenestrada o al menos ignorada por los medios electrónicos, particularmente por Televisa y TV Azteca– fue de los primeros en brincar ante la intención de PRI y PRD de aprobar el dictamen en comisiones y pasarlo al pleno para su votación este martes. Buscó por todos los medios aplazar su presentación hasta febrero con la intención de lograr un consenso.
Aunque, de hecho, desde hacía tiempo que se movía en contra de esa posición, de ahí que ningún panista entrara en ese que tuvo que armarse fuera de las reuniones de trabajo de la Comisión a manera de un “acuerdo informal” entre priistas y perredistas, y que intentaban formalizar este lunes.
La situación se complicó más aún para PRI y PRD con el “esquizofrénico”, “falso por completo”, “calumnioso” –en palabra de Sotelo– desplegado que publicó la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) en contra de otro de los temas que traía el acuerdo: las radios comunitarias.
Los impulsores de este dictamen, Manlio Fabio Beltrones y Carlos Navarrete tuvieron que hacer una pausa en sus intenciones. La Comisión de Radio y Televisión decretó un receso al medio día, sin discusión de por medio, hasta la tarde para tratar de calmar los ánimos y medir las aguas.
Ya cerca de las ocho de la noche, el tema simplemente reventó. Apareció Carlos Sotelo junto con Santiago Creel y Raúl Mejía (PRI), para informar que siempre no, que el tema se abordaría hasta febrero o marzo.
Pero a todo esto, la pregunta de por qué el PRD apoyaba la idea del refrendo de las concesiones sin pasar por una licitación –tal y como lo estableció la Suprema Corte cuando revisó la Ley Televisa–, seguía en el ambiente.
La razón principal que esgrimían los propios perredistas es que esa era la manera de que pudiese transitar el tema de las radios comunitarias, esas por las cuales la CIRT considera que los legisladores buscan “imponer el modelo de comunicación chavista en México”.
Si bien algo de razón podía haber en este argumento, algo más se sospechaba detrás: que en realidad los “chuchistas” –Carlos Navarrete y Jesús Ortega, particularmente–, intentaban congraciarse con los concesionarios con vistas al 2012, donde uno y otro buscan las candidaturas de su partido: por la Presidencia de la República, el primero; y por el Gobierno del DF, el segundo.
El caso es que luego de horas de discusiones, cocolazos, dudas y sospechas, el intento del PRI y del PRD se vino abajo. Decidieron “salomónicamente” aplazar el dictamen para febrero o marzo y buscar entre tanto un consenso entre los distintos actores.
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