Unos a otros se tapan. Unos a otros se instalan en la comodidad, en una zona de confort, para tímidamente señalar a otros como los responsables del tiradero y el abierto robo de los bienes públicos, de los materiales que deben ser utilizados en las oficinas del Palacio Legislativo de San Lázaro. Los legisladores de la 61 Legislatura piden pruebas del saqueo de los materiales de este inmueble por el que circulan más de cinco mil empleados. Exigen que los periodistas presenten evidencias de los artículos comprados por la Cámara de Diputados y que misteriosamente salen a la venta en las calles de la ciudad de México, que los reporteros den a conocer sus fuentes de información para ver si procede una investigación del saqueo.
Los diputados federales piden que otros hagan su trabajo, que alguien más presente la denuncia ante la Contraloría interna para que arranque una investigación de la comercialización ilícita de los materiales, de un caso de robo hormiga de artículos de papelería. En el fondo, los legisladores no quieren destapar un caño que podría llevar a mayores escándalos al Palacio Legislativo, y desnudar los manejos irregulares de la 60 Legislatura. Millones y millones de pesos pueden estar involucrados en este evento. Pero no quieren hacer nada.
La evidencia está a la vista. En este espacio se dio a conocer que un cartucho de tinta, cuyo lote fue comprado por el Poder Legislativo, fue adquirido por un particular en la Plaza de la Computación, ubicada en la avenida Lázaro Cárdenas, en el centro de la ciudad de México. La caja del producto lleva en la parte posterior una etiqueta con la leyenda Cámara de Diputados, pedido número 0149/2006. La empresa Fridmay S.A. de C.V., que vendió el material a los administradores de San Lázaro, confirmó que se trata de un pedido real y que fue entregado a su cliente. No se trata, pues, de artículos que se hayan robado antes de llegar a su destino.
La información periodística no ha sido suficiente para que los actuales diputados activen una investigación en los órganos internos, para determinar cómo un producto puede ser comercializado en forma ilícita y en un precio más bajo en las calles del Distrito Federal. El presidente del Comité de Administración de la Cámara de Diputados, Heliodoro Díaz Escárraga, dijo que la aparición del cartucho no es prueba suficiente para abrir una indagatoria. Y, en todo caso, que presente la denuncia quien tenga interés en el tema. De manera tímida, la diputada perredista Leticia Quezada Contreras dijo que la Junta de Coordinación Política debe intervenir para aclarar la sustracción de materiales. El legislador perredista David Penchyna argumentó que el secretario general de la cámara, Guillermo Haro Bélchez, es el responsable de la vigilancia de los bienes en San Lázaro.
Después, el diputado panista Felipe de Jesús Cantú dijo estar dispuesto a presentar una denuncia. Pero no ha habido avance. Los órganos de dirección de la Cámara de Diputados han solicitado pruebas y, lo peor del caso, que los periodistas entreguen la caja de tinta, producto de la sustracción de los bienes públicos, y que den a conocer sus fuentes de información. ¿Qué es lo que buscan con estas ridículas peticiones o condicionamientos para comenzar a indagar quién o quiénes y cómo se roban los materiales de los edificios del Palacio Legislativo? Poca cosa, que los reporteros se nieguen a dar a conocer sus fuentes, por razones de ética profesional.
En el fondo, los actuales diputados federales no quieren mover nada, meter la mano en la suciedad que impera en el Palacio de la Impunidad, en el manejo turbio de los recursos públicos, los dineros que salen de los bolsillos de los contribuyentes, de usted, de nosotros, y que llegan a San Lázaro para ser utilizados sin ningún tipo de control y rendición de cuentas.
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