martes, 3 de noviembre de 2009

Reporteros Sin Fronteras condena asesinato de otro periodista en México


La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) condenó hoy en París el asesinato de otro periodista en México, Vladimir Antuna García, especializado en asuntos policiales, cuyo cuerpo sin vida apareció ayer en el estado de Durango (norte).

París. AFP.
La entidad defensora de la libertad de prensa expresó su "más sentido pésame" a la familia de Vladimir Antuna García y manifestó su "inmensa rabia" por este crimen "que habría podido evitarse".

RSF afirma que la Fiscalía General de Durango "estaba al corriente de las amenazas de muerte recibidas por Vladimir Antuna, pero no hizo nada para garantizar su protección".

La organización con sede en París afirma que el estado de Durango es un bastión del crimen organizado donde impera la impunidad que "se ha convertido en un infierno para quienes defienden una prensa libre y una información transparente" y lanzó un llamamiento a las autoridades mexicanas para que creen "programas de protección que terminen con este siniestro recuento".

Vladimir Antuna García, que había sido secuestrado la mañana del lunes y que murió "por estrangulación", trabajaba para el diario El Tiempo de Durango.
Su cuerpo presentaba "heridas de bala en el cráneo y el abdomen", agregó.

RSF reiteró una vez más que "México es el escenario de una triste hecatombe" que desde principios del año 2000 se ha cobrado la vida de 56 periodistas, asesinados por motivos vinculados con su profesión.


Reporters Sans Frontières


137 entre 175 en la última clasificación mundial
  • Superficie: 1.958.200 km2
  • Población: 110.000.000
  • Idioma: español
  • Jefe del Estado: Felipe Calderón (desde diciembre de 2006)

Ahora México ha desbancado a Colombia en la clasificación de países del continente donde está más amenazada la seguridad de los medios. Realmente no se ha aclarado ninguno de los asesinatos, o desapariciones, de periodistas, ocurridos desde el año 2000. La presencia de los carteles no es la única causa de dicha situación.

Ahora México precede a Colombia en la fila de países del continente donde se encuentra mas amenazada la seguridad de los medios de comunicación. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) da cuenta de hasta 46 periodistas asesinados desde 2003 y otros ocho desaparecidos a causa de su actividad, en la mayoría de los casos por un móvil desconocido. Muchos creen que la presencia de los carteles de la droga puede explicar este sombrío balance. En efecto, la entrada en el siglo XXI coincidió con una nueva fase de expansión del narcotráfico. En aquel momento el poder federal, a demanda de Estados Unidos, tuvo que aumentar el control del espacio aéreo por el que transitaba la droga hacia la frontera norte. Obligados a actuar por vía marítima y terrestre, los « narcos » se dispersaron por todo el territorio disputándose el control de los puntos de tránsito, infiltrando algunos sectores de las administraciones locales y exponiendo a represalias a los periodistas demasiado curiosos. La situación empeoró aun más después de la llegada al poder de Felipe Calderón en 2006, fecha de la puesta en marcha de una amplia ofensiva contra el narcotráfico que en 2008 causó más de 5.000 muertos, una cuarta parte de los cuales perdieron la vida en la fronteriza Ciudad Juárez. En el momento álgido de una oleada de ajustes de cuentas entre el cartel de Juárez y el de Sinaloa, conjugado con una violenta respuesta militar, Armando Rodríguez Carreón, del periódico El Diario, al que avisaron varias veces que se había puesto precio a su cabeza, fue abatido el 13 de noviembre de 2008. Perteneciente al mismo periódico y en el punto de mira de un grupo de militares, su colega Emilio Gutiérrez Soto prefirió huir a Estados Unidos unos meses antes. Los servicios de emigración norteamericanos le mantuvieron detenido durante siete meses. La opción del exilio es cada vez más ineluctable para algunos periodistas condenados a ejercer bajo amenazas, y no solo las de los carteles. La corrupción de los políticos, que a veces se enredan en tramas con los narcotraficantes, o las violaciones de los derechos humanos atribuidas a la policía o el ejército, son otros tantos temas de alto riesgo para los medios de comunicación mexicanos, y en particular los locales. Una situación que permite también entender mejor la escasa diligencia que el ejecutivo, o la justicia, emplean para aclarar totalmente los asesinatos de periodistas. Ninguno de los 46 asesinatos que han tenido lugar desde 2000 ha sido realmente elucidado, porque en la mayor parte de las investigaciones se han cometido irregularidades. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas (FEADP), creada pocos meses antes de la elección de Felipe Calderón, exhibe un balance más bien escaso. Entre la época de su fundación y noviembre de 2008, la Fiscalía Especial, dependiente de la Procuraduría General de la República, se recurrió en 274 casos. No trató más que 88 y solo dio curso a tres de ellos. Peor aún, con frecuencia tiene tendencia a sobreseer algunos de los casos más graves, y entre ellos los que implican a gobernadores y su entorno, excluyendo de oficio cualquier relación entre la muerte o la agresión de una víctima y su actividad periodística. Una actitud que se ha podido verificar en particular en algunos de los casos ocurridos en Oaxaca (Sur). Al plano jurídico pueden señalarse dos importantes decisiones que marcaron el inicio de la presidencia de Felipe Calderón : la despenalización de los delitos de prensa, promulgada el 12 de abril de 2007, y la federalización de los crímenes y delitos cometidos con periodistas. Este texto, aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados el 2 de abril de 2009, está en espera de la aprobación del Senado.

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