No acabarán arbitrariedades de Cofetel; la controla Televisa: Corral

El diputado panista criticó el desempeño de la comisión tras la decisión de la SCJN

La SCT espera que el tribunal defina qué procede con las concesiones de radio y tv que otorgó

Un órgano público autónomo debe otorgar los permisos, plantea Genaro Góngora

Martín Hernández, Miriam Posada y Jesús Aranda

Corresponsal y reporteros

Periódico La Jornada
Miércoles 25 de noviembre de 2009, p. 24

Regresarle a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) la facultad de otorgar y retirar concesiones de radio y televisión no acabará con las decisiones arbitrarias por las que se rige, porque es un órgano controlado por Televisa, advirtió el diputado Javier Corral sobre la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Corral criticó el desempeño de la Cofetel luego de que el pleno de la SCJN invalidó las facultades que tenía el secretario de Comunicaciones y Transportes para aprobar el cuadro nacional de frecuencias, conceder el concesionamiento de frecuencias de radio y televisión y declarar desiertos los procedimientos de concesión para el otorgamiento del uso, aprovechamiento o explotación de bandas de frecuencia para el servicio de radiodifusión.

Todas esas facultades eran de la Cofetel, hasta que en enero de 2009 el entonces secretario de Comunicaciones, Luis Téllez Kuenzler, emitió el nuevo reglamento interno de la dependencia, con el cual el titular de la SCT obtuvo la facultad absoluta de decidir qué concesiones de radio y televisión se prorrogaban o no.

La Corte abordó el caso debido a la controversia presentada por la Cámara de Diputados, por lo que a menos de un año de que el reglamento entrara en vigor, hoy la SCT está a la espera de que el máximo tribunal determine qué procede en caso de las concesiones de radio y televisión que la dependencia otorgó o prorrogó sin que fuera su facultad –como ahora se definió–, aunque lo previsible es que los procesos sigan su curso normal, señalaron fuentes de la dependencia.

Los ministros ratificaron, con el voto en contra de Sergio Aguirre Anguiano, que la Cofetel tiene competencia exclusiva para fijar, conducir y controlar la política gubernamental en materia de radio y televisión.

En cambio, resolvieron que el titular de SCT sí tiene derecho a aprobar las tarifas de los servicios de telecomunicaciones cuando lo prevean los títulos de concesión y permisos correspondientes.

En este escenario los grandes ausentes han sido la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), cuyos afiliados son los directamente afectados por la decisión de la Corte sobre las facultades de la SCT, quienes se han reservado cualquier comentario al respecto. Igual hizo la Cofetel.

Mientras, el diputado panista Javier Corral advirtió que la decisión de la SCJN no acabará con las decisiones arbitrarias, porque la Cofetel es un órgano controlado por Televisa.

Como uno de los más severos críticos del desempeño del presidente de la Cofetel, Héctor Osuna Jaime, el legislador panista aseguró que en ese órgano regulador “quien manda es Televisa. Hay dos comisionados –en otras ocasiones ha señalado por su nombre a Osuna– directamente vinculados a los intereses de los regulados. Entonces este fallo no le genera al proceso democratizador de los medios de comunicación ninguna garantía, por eso me interesa mucho saber cómo va a ser engrosada esa sentencia”.

Sobre el engrose del fallo y lo que seguirá, la SCT señaló que es necesario conocer a fondo la resolución para proceder en consecuencia, aunque adelantó que se puede prever que no será una decisión retroactiva sobre los tres paquetes de resoluciones a través de los cuales se prorrogaron concesiones o se tomaron otras decisiones, de tal forma que se espera que los procesos en curso sigan hasta agotarse.

Los tres paquetes de concesiones liberados a lo largo de 2009 son resultado del compromiso que contrajo el secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, con los miembros de la CIRT. El presidente Felipe Calderón las destacó, durante la pasada semana nacional de la radio y televisión, como parte de los compromisos cumplidos.

Hasta antes de esta última resolución, la SCT tenía programado desahogar todas las concesiones pendientes, menos las que se encuadran en el lapso en que la Corte se manifestó en contra de las modificaciones legales hechas a la Ley de Radio y Televisión.

Se espera que este miércoles la SCT esté en condiciones de detallar el procedimiento a seguir en el caso de los radiodifusores, ahora que ya no tiene facultades para decidir en materia de concesiones, y que la Cofetel emita una postura.

El pasado lunes el pleno anuló la facultad, que había establecido el Presidente de la República vía reglamento de la SCT, para que el titular de Comunicaciones otorgara las concesiones y permisos de radio y televisión, además de resolver sobre prórrogas, refrendos o modificación de las concesiones.

El Ejecutivo federal violó la Constitución, al modificar, a través del reglamento emitido en enero pasado, las atribuciones que el Congreso estableció a favor de la Cofetel en las leyes federales de telecomunicaciones y de radio y televisión.

Cuando hace tres años la Corte analizó la constitucionalidad de la llamada ley Televisa, el Senado se inconformó en contra de la atribución que tiene el Ejecutivo federal para designar a los comisionados de la Cofetel y que los legisladores sólo puedan objetar los nombramientos, pero sin intervenir en su designación.

La Corte determinó que la Cofetel, por ser un órgano desconcentrado del Ejecutivo federal, depende directamente del presidente, quien tiene el derecho de nombrar a los integrantes de la Comisión. Otra cosa hubiera sido si la Cofetel fuera un órgano descentralizado, porque entonces sí el Senado podría intervenir en los nombramientos.

Así, el presidente conduce la política de radiodifusión a través de los comisionados de la Cofetel y del secretario de Comunicaciones, todos ellos designados por él.

Al respecto, el ministro instructor de la controversia, Genaro Góngora Pimentel, planteó la necesidad de mantener un equilibrio en la regulación de este importante ámbito (la radiodifusión) y definir que la autoridad encargada de otorgar permisos y concesiones no sea ya el Ejecutivo federal. Planteó que se cree un órgano público autónomo, que otorgue las concesiones y permisos para operar estaciones de radio y televisión mediante un proceso participativo y transparente.