El informe, divulgado hoy (24), es fruto de una visita a Honduras de la delegación del Observatorio, entre los días 15 y 19 de noviembre, para analizar las condiciones de garantías y protección de los derechos humanos durante el proceso electoral. De acuerdo con el informe, la desconfianza en las elecciones del próximo domingo (29) no es un sentimiento exclusivo de las organizaciones sociales y políticas hondureñas contrarias al golpe. También portavoces de la comunidad internacional declararon estar preocupados con este proceso.
A pesar de esto, gobiernos de otros países, como Panamá y Estados Unidos, respaldaron las elecciones y dijeron que reconocerán al candidato electo como presidente de Honduras. Según la Misión, algunas personas e instituciones apuestan a las elecciones como un paso necesario para la solución de la crisis política hondureña. Sin embargo, por ocurrir bajo un gobierno de facto y militarizado, tal actividad podrá empeorar todavía más el conflicto del país.
Esto porque, con la cercanía de las elecciones, aumenta el recelo de represión a la población contraria al golpe y a las elecciones. Torturas, asesinatos, atentados y agresiones son algunos ejemplos de violaciones de los derechos humanos sufridos por el pueblo hondureño desde el comienzo del golpe, el 28 de junio, lo que podrá aumentar todavía más el próximo domingo. El miedo de los electores no es por acaso. Según el informe, ya fueron convocados más de 3.500 reservistas para garantizar la seguridad del proceso electoral. Cifra que podrá subir hasta llegar a 10 mil hombres en las Fuerzas Armadas. "Serán unas elecciones militarizadas", se comenta.
La falta de credibilidad en el proceso, conjuntamente con la amenaza de represión por parte del gobierno de facto podrá generar una "abstención electoral" que, probablemente, superará el porcentaje del 45% de abstenciones que tuvo lugar en el proceso de 2005. Sin embargo, la Misión destaca que el número reducido de votos no impedirá la proclamación de un ganador, ya que la legislación electoral no establece un número mínimo de votantes. "Es decir, aunque la presencia en las urnas sea mínima, será suficiente para que el Supremo Tribunal Electoral proclame a un futuro presidente entre los disputantes", explica.
De acuerdo con el informe, también existe una preocupación por parte de las organizaciones sociales y organismos internacionales -como Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos y Parlamento Europeo- y es que, con el tiempo, el gobierno de facto consolide las elecciones y termine siendo reconocido por los demás gobernantes del mundo.
"Concluimos este informe manifestando que lo que sucede en Honduras es competencia del mundo entero, sobre todo de los países centroamericanos, cuya fragilidad democrática e institucional adolece, en diferentes proporciones cada uno, de los mismos vacíos y peligros que caracterizaban a este país antes del golpe de Estado, particularmente los relacionados con el control de poderes de facto en estructuras estatales de la región", finalizan.
El grupo regional de monitoreo y análisis sobre derechos humanos y conflicto en América Central está constituido por: Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) de Guatemala; Fundación Salvadoreña para el Estudio y Aplicación del Derecho (Fespad); Comité de Familiares de Víctimas de Violaciones de los Derechos Humanos (Codefam) de El Salvador; Centro de Promoción de Derechos Humanos (Ciprodeh); Comité de Derechos Humanos (Codeh) de Honduras; Centro de Derechos Humanos de Nicaragua (Cenidh); Departamento Jurídico de la Iglesia Luterana Costarricense (Ilco); y Colectivo de la Comisión de Derechos Humanos de Panamá (Conadehupa).
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