La Ley de Ingresos ha provocado el rechazo la mayoría de los sectores, señala Mireille Roccatti; el alza a los impuestos es una decisión que va en contra de la tendencia mundial, indica la experta.
Por: Mireille Roccatti*
En contrario a las intenciones del Gobierno de incrementar los impuestos y simular recortes al gasto del Gobierno se han expresado diversas voces desde la academia, el empresariado, los comerciantes, los industriales, los partidos políticos, las universidades. Por primera vez en su administración, el Presidente unificó las voces de la sociedad, pero en contra de su propuesta.
Con la aprobación del presupuesto de Egresos se dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74 constitucional. La reacción a las medidas fiscales que se implementaron, para aumentar la recaudación fiscal, han sido diversas pero todas en contrario a la propuesta del Ejecutivo, excepto la de sus empleados, aplaudidores, "Spin doctors" mediáticos y correligionarios de su partido.
En ningún país del mundo se está planteando la salida de la crisis mediante un incremento de los impuestos, esta visión, y más aun como la presentan los tecnócratas financieros de nuestro país, sólo afecta a los más desprotegidos y las clases medias: Vamos, ni siquiera atienden las recomendaciones de los ortodoxos del neoliberalismo de las universidades estadounidenses en donde estudiaron, que han señalado lo impropio de la propuesta.
Por si lo anterior fuera poco, se suman al descontento social, el de los empresarios, comerciantes, profesionistas y académicos que reprochan que se impongan mayores impuestos en tiempos de crisis, en lugar de utilizar la política fiscal como herramienta para reactivar el aparato productivo y generar empleos. Si lo anterior no bastara, se produjo un enfrentamiento entre los principales partidos: PRI, PAN y el PRD; además de confrontaciones adicionales internas entre los militantes del PAN y del PRI, entre algunas fracciones de estos y el titular del Ejecutivo Federal; entre gobernadores y sus bancadas, entre Senadores y Diputados, entre grupos de legisladores y los poderes fácticos y señaladamente entre las cúpulas empresariales y Felipe Calderón.
Respecto del enfrentamiento entre la clase empresarial y Calderón, sus filípicas contra los empresarios produjo una regresión al presidencialismo de los años setenta, y se percibió un presidente irritado, solo, alterado emocionalmente y actuando de manera impulsiva, y no con la razón, buscando imponer su voluntad y olvidando la ciencia política de convencer mas que vencer.
El encono social que insisten en obviar crece, y en su momento los partidos políticos - todos-, pero especialmente el PRI y el PAN, habrán de pagar el precio en las horcas caudinas de las inminentes elecciones del 2010, sobre las cuales hacían ya cuentas alegres. Hoy, más que de un "Estado fallido" comienza a ganar espacio el concepto de "Estado despedazado" y los hechos parecen confirmarlo. Las instituciones no funcionan como un todo coherente y cohesionado. Las voces más lucidas de la Nación como la del Rector de la UNAM, José Narro, convocan a la refundación de la República y coinciden con quienes exigimos un cambio de modelo económico.
A esto, la clase política reacciona con las viejas mañas y desgastadas truculencias, y apoyados por sus más conspicuos asesores pretenden tirar una cortina de humo y como un distractor, quieren ponernos a discutir - en estos momentos- sobre la reelección de los legisladores y la reducción de los diputados y senadores plurinominales, o sobre como revivir el decálogo calderonista de medio sexenio que ha caído en el limbo. Estos y otros temas sin duda han sido, son y serán motivo de un acalorado debate nacional. Al igual que pretenden quitar los reflectores del tema fiscal lanzando la mascarada de una nueva convención hacendaría para el próximo año para posponer el debate y, después lo rehuirán para no afectar sus intereses electorales en que habrán de renovarse una decena de gubernaturas. Seremos testigos, al tiempo.
A pesar de todo, el tema de la sangría fiscal, a que han sometido a la población, permanecerá presente, y habrá de crecer la exigencia social de que termine la discrecionalidad en el ejercicio del gasto y la opacidad en su aplicación.
La sociedad reclama que se realice una drástica reducción del gasto corriente, que disminuyan las dispendiosas partidas de comunicación social, que el sacrificio fiscal impuesto se corresponda con un verdadero y auténtico sacrificio en gasto corriente en los tres poderes.
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