escrito por Jorge Moscoso Pedrero
El decreto de liquidación de la empresa pasó por encima de las facultades del Congreso de la Unión que establece en su artículo 73, que a éste le corresponde legislar en materia de energía eléctrica, de igual forma aseguran algunos constitucionalistas como Raul Carra y Rivas también se violentaron garantías individuales, al conculcarse la garantía de audiencia de los trabajadores del sindicato.
Por ello la interposición de una Controversia Constitucional y de amparos por violación de garantías, son pasos jurídicos adecuados.
Pero el gobierno federal tiene la intencionalidad, no solamente de desmantelar la organización sindical de los trabajadores, y dejar sin empleo e ingresos a más de cuarenta mil obreros y sus familias, sino especialmente busca eliminar obstáculos para la participación del sector privado nacional y extranjero en la utilización de nuevas en el sector eléctrico.
Pero además es evidente la ofensiva del gobierno, la iniciativa privada y la mayoría de los medios de comunicación, en contra de las conquistas de los trabajadores, y si bien ahora se cuestionan las de éste sindicato, en el fondo se está planteando la necesidad de eliminar contractos colectivos de trabajo y convenios de prestaciones en sector laboral con los patrones.
Facilitar las inversiones con el mayor número de facilidades fiscales ,legales y laborales y garantizar altas ganancias a costa de la explotación de nuestros recursos y de nuestros trabajadores, parece ser la máxima que mueve al gobierno calderonista
Por ello la embestida actual forma parte de la estrategia para imponer la llamada reforma estructural en materia laboral, mediante la cual se pretende incrementar producción y ganancias de los empresarios, sin repartir utilidades y beneficios a los trabajadores y al país.
Esta decisión del ejecutivo se presenta al mismo tiempo, con su propuesta de reforma fiscal que pretende incrementar los impuestos al consumo en dos por ciento, subir los impuestos por uso de internet ,de celulares, señal cerrada de televisión y el aumentar el Impuesto Sobre la Renta, entre otros gravámenes que forman parte de propuesta fiscal para 2010.
Para imponer el decreto de liquidación de la Compañía de Luz, el gobierno federal, como no habíamos visto en muchos años, ha hecho uso de la fuerza pública tomando los centros de trabajo y expulsando de los mismos a los trabajadores.
En los próximos días vendrán movilizaciones y acciones diversas de resistencia en donde los trabajadores electricistas del SME, contarán con el respaldo y la solidaridad de miles de mexicanos y mexicanas, al mismo tiempo que la embestida del gobierno y los medios habrá de incrementarse atacando a los inconformes.
Por ello el llamamiento a la unidad de las fuerzas democráticas y progresistas resulta adecuado y conveniente, el debate sobre el futuro del país y de cómo transformar a México, con sentido democrático y de justicia, y terminar con la pobreza debe ser respondido por todas las fuerzas políticas y sociales, el llamado es con carácter de urgente. No hay tiempo que perder ni justificación para no avanzar por ese camino.
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