¡No más impuestos!

Luis M Cruz

October 25, 2009

1. ¡No más impuestos!

Surrealista, pero el grito de protesta de los diputados más radicales del nuevo Frente Amplio Progresista, “¡no más impuestos!, ¡no más impuestos!” es lo que mejor resuena en la conciencia colectiva nacional. Una verdadera ola de indignación se ha desatado por la propuesta recaudatoria del gobierno federal, que fue aprobada en la Cámara de Diputados y enviada en carácter de minuta, a la consideración del Senado de la República.

Esta situación revela no sólo la insensibilidad del equipo económico gubernamental, sino el cansancio de la sociedad por el peso inmenso que la crisis económica, en verdad salvaje, nos haya venido de fuera o se haya sumado a la de dentro, está arrojando sobre los hombros de cada uno de los ciudadanos.

Cuando el presidente Calderón pronunció su discurso del 2 de septiembre, en ninguna parte se refirió a que incrementaría los impuestos; se refirió a que ahora sí iría en serio a vencer las causas estructurales de los rezagos, y algunos creímos que, habiendo perdido el respaldo mayoritario en las elecciones intermedias, ahora sí se atrevería a dar pasos audaces hacia adelante. Uno de los pasos audaces posibles se refería a lo que que sucedería el 8 de septiembre, que es la presentación del paquete económico para 2010.

Todas las cifras del entorno revelan la carga que está soportando la gente: una caída económica cercana al 8%; la pérdida de un millón de puestos de trabajo, con un desempleo galopante; 100 mil registros patronales menos en el IMSS, que equivalen a la destrucción de unas 20 mil empresas medianas y pequeñas; una inflación oficial en 6% y en la calle y mercados, cercana al 30%; devaluación de 30% del dólar, con el consecuente impacto en el costo de la vida; la reducción de la plataforma de producción de petróleo y el inminente fin de la gallina de los huevos de oro, de no aplicarse el gobierno a fortalecer a PEMEX con la reforma energética recién aprobada; el impacto social que representan 6 millones de nuevos pobres extremos, con lo que la cifra de mexicanos en esta situación se ubica en 34 millones, siendo en total 60 millones los que están por debajo de la línea de pobreza en general.

En este entorno de recesión, lo que menos se esperaría es el incremento de la carga fiscal para quienes están también cargando el peso de la crisis. Aventuré entonces una hipótesis, algo que fuera verdaderamente audaz y que realmente haría que el gobierno hubiese salido en hombros: que se recortara el gasto en todo lo superfluo e inercial que tiene, y que el presidente anunciara que, ante la emergencia económica, en vez de “todos ponen”, el gobierno pondría lo que hace falta. Dice que tiene un boquete fiscal de 300 mil millones de pesos, debido a la caída en la recaudación y en las expectativas de crecimiento de la economía para éste y el año entrante. Pero no dice que el gasto público creció 95% en los últimos nueve años en tanto que la economía, si acaso, lo hizo en un 25%. Más aún, el segmento del gasto que más ha crecido es el gasto corriente, sobre todo en plazas de la alta burocracia. Además de ello, por la vía del subejercicio presupuestal –que revela que tampoco se sabe ejercer a cabalidad el presupuesto—se quedan sin gastar alrededor del 10% de los recursos programados. El presupuesto, planeado de una forma inercial desde hace varios años, acumula en su estructura una larga serie de ineficiencias y duplicidades, de las que apenas la recién extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro es un botón de muestra: durante esta década, el gobierno federal le transfirió una cifra cercana a los 300 mil millones de pesos que hacen falta ahora.

Pero no, el paquete económico presentado a la consideración del Congreso fue, de nueva cuenta, otro igual a lo mismo de siempre: inercial, replicando todas las ineficiencias acumuladas más el porcentaje previsto de la inflación para el próximo año, en el que aún se integran las partidas presupuestales correspondientes a los ramos administrativos que el Ejecutivo Federal propuso fusionar, como son la Secretaría de la Reforma Agraria, de Turismo y de la Función Pública; por supuesto, todas las plazas de la alta burocracia, incluidos los mil 247 directores generales adjuntos existentes que en mucho exceden la totalidad de diputados y senadores (628), tan vilipendiados en los medios por considerar que su número es excesivo y sus dietas muy onerosas.

Tal exasperación es lo que hace que la ola de indignación que recorre el país, amenace convertirse en un verdadero tsunami que podría arrasar a sus promoventes, los diputados del PAN y un segmento del PRI.

1. La danza de los números.

En esencia, la Cámara de Diputados aprobó una minuta de la Ley de Ingresos, que todavía requiere la revisión y refrendo del Senado, por un total de 3.176 billones de pesos. Fundamentalmente, consideran un déficit público del 0.75%, un precio estimado del barril de petróleo de 59 dólares con una plataforma de producción de 2.5 millones de barriles diarios, y de ahí para adelante, incremento tras incremento en los impuestos en lo que prácticamente no se le fue vivo ningún sector: el Impuestos obre la Renta pasa del 28 al 30%; el Impuesto al Valor Agregado, del 15 al 16% y del 10 al 11% en fronteras; el Impuesto a los Depósitos en Efectivo, del 2 al 3% y de 25 mil a 15 mil pesos el límite para causarlo; los Impuestos Especiales sobre Productos y Servicios, el de las bebidas alcohólicas pasa del 50 al 60%; los juegos y sorteos, del 20 al 30%; la cerveza, del 25 al 26.5; y se crean nuevos gravámenes del 3% para Internet, telefonía móvil y televisión de paga. Una verdadera impuestiza, como ironizan en Televisa.

Los impuestos suelen ser veneno puro para la política. Nunca son populares, a menos que el retorno a la sociedad sea verdaderamente excepcional, con excelente calidad de los servicios públicos, protección social, transparencia, eficiencia y rendición de cuentas, como sucede, por ejemplo, en los países escandinavos. Ya es un chiste negro aquella aseveración de George Bush padre sobre el “read my lips, no more taxes” cuando sucedió exactamente todo lo contrario. También lo es el video que circula en Internet sobre las declaraciones del candidato Felipe Calderón, prometiendo bajar los impuestos, promover los empleos y cuidar la economía familiar. Es obvio que nada de esto sucedió en los tres primeros años, ni habrá de suceder en los otros tres que le restan a la administración actual.

Lo que parece obvio, también, es que la minuta de impuestos de la Cámara de Diputados habrá de ser corregida en la Cámara revisora, que es el Senado. Dinamita pura fueron las declaraciones del novel presidente del PAN, César Nava, quien, afanoso por subirse al ring electoral con el PRI, volvió a detonar una carga de profundidad al buscar imputarle a este partido la determinación de elevar los impuestos y no combatir la pobreza. Si en el PRI el gobierno había logrado la aprobación de una minuta difícil y complicada por los costos políticos que representa elevar los impuestos, con estas declaraciones hundió la colaboración y evidenció a jefes partidistas proclives a la línea tras bambalinas. En el PRI, muchos de los diputados que votaron a favor de la minuta fiscal, ahora son promotores del voto en contra en el Senado, y en el Senado, se está construyendo un amplio consenso interpartidista para enmendar la plana. Situado en el peor de los mundos, el incremento al IVA, conforme al consenso general, no pasará. Lo malo es que otros impuestos sí van a pasar, como los gravámenes al ingreso, a los depósitos en efectivo y los impuestos especiales que, no cabe duda, habrán de tener un duro impacto en el costo de la vida.

1. Reformar el proceso presupuestario.

Esto sucederá porque en el proceso presupuestario mexicano, regulado por la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria –además de las facultades exclusivas para cada una de las Cámaras establecidas en la Constitución y las leyes orgánicas respectivas— se establece una secuencia de aprobación que resulta útil en tiempos estables, pero que, en tiempos de volatilidad y convulsión económicas, no parece lo más acertado.

El proceso presupuestario inicia al presentar el Ejecutivo Federal los proyectos de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de la Federación, el día 8 de septiembre del año en curso, aún antes de que haya concluido la rendición de cuentas del Ejecutivo Federal por lo que en principio, no sabemos qué tan bien o mal le fue en las cuentas del ejercicio que está informando por escrito al Congreso el 1º de septiembre de cada año. Luego, así, a ciegas, se debe aprobar la Ley de Ingresos, antes de haber revisado si el Presupuesto de Egresos es el más conveniente, si las ineficiencias, subejercicios, excesos o programas inoperantes fueron corregidas, depuradas o si aún están reflejadas en los propósitos del gasto. La aprobación de la ley de ingresos debe realizarse el 20 de octubre en Cámara de Diputados y a más tardar el 30 del mismo mes, en el Senado. Luego, la Cámara de Diputados, en facultad exclusiva, deberá aprobar el presupuesto, a más tardar el 15 de noviembre y, conforme a la ley, lo que lo “traba” es la disposición de que todo egreso deberá estar fincado en el correspondiente ingreso.

Sin embargo, en tiempos de crisis y volatilidad tan tremenda y excepcional como la que estamos viviendo, el proceso presupuestario debió realizarse al amparo de una ley de emergencia económica, contingencia o como se le quisiera haber llamado. Lo obvio debiera haber sido revisar primero el destino del gasto, no partir de un proyecto de egresos notoriamente inercial, plagado de ineficiencias, duplicidades, excesos y una larga cauda de etcéteras.

La secuencia correcta, que bien pudo haberse adoptado en este ejercicio presupuestario, es que el Ejecutivo Federal presentara su propuesta de gasto e ingreso; que el Congreso revisara bicameralmente –para combinar experiencia, continuidad legislativa y noviciado de la nueva Cámara de Diputados—iniciando con el presupuesto, porque definitivamente, ahí sí hay mucha tela de donde cortar, para ajustar los niveles de gastos a lo que verdaderamente conviene gastar, racionalizando lo superfluo, las duplicidades y las estructuras paralelas o adjuntas. Esta práctica se realiza en los países del Commonwealth británico, en Australia, Nueva Zelanda, la India y hasta en Inglaterra, donde primero se revisa el ejercicio anterior para evaluar resultados, se racionaliza lo que no funciona o es oneroso, se introducen modificaciones, ampliaciones o nuevos instrumentos de política con rigurosa justificación y compromisos medibles, y entonces, se procede a ver la suficiencia presupuestal, esto es, por qué medios se van a solventar los gastos, si se requieren nuevos impuestos, si con los que se tiene basta o, inclusive, si hasta se reducen los impuestos. Se le conoce como presupuesto por resultados con evaluación del desempeño.

En un sentido laxo, se comprende de manera muy sencilla. Si, por ejemplo, se quiere comprar una casa, primero se ve con qué cuenta uno; luego, en cuánto andan las casas; después, qué casa conviene adquirir, y al final, los medios para financiarla, esto es, cuánto tengo –que serían los ingresos fijos del gobierno, por ejemplo, la renta petrolera–, el costo que la casa elegida va a tener, y cuánto es lo que hace falta, para ver si se requiere algún crédito o, como en el caso que nos ocupa, si tenemos la facultad de extraer recursos a la sociedad, cuánto es lo menos que es necesario extraerle a los contribuyentes. El equivalente mundano sería algo así como cuánto es lo menos que se necesita pedirle al papá, sacar de la tesorería de la empresa o dejar de gastar en alguna otra cosa, al menos por un tiempo.

De ahí que sea necesario que en el Congreso se empiece a pensar en una reforma tanto a la rendición de cuentas, como al proceso presupuestario, esto es, iniciar la planeación analizando el destino del gasto, cuál es su racionalidad y qué es lo que se pretende hacer con los recursos públicos. En el origen del Parlamento reside esta cuestión, cuando se buscó limitar la arbitrariedad del soberano y acotar su renuencia a rendir cuentas de qué había hecho y para qué quería aplicar los impuestos.

1. Las sesiones del 27 y 29 de octubre en el Senado.

El 29 de octubre, si los acuerdos entre los grupos parlamentarios lo permiten, en el Senado se vivirá una sesión impresionante. Podrían Confluir ese día dos procesos de relieve. El primero, tiene que ver con lo que analizamos anteriormente, ese día se deberá votar la minuta de la Cámara de Diputados relativa a la Ley de Ingresos, de lo que, no quepa duda, habrán de salir chispas, intenso cabildeo y largos posicionamientos. Todo apunta a que la minuta será enmendada, en rechazo al incremento de un punto al IVA; para proteger los empleos y a las empresas que inviertan, cambiando el régimen de consolidación pero respetando su no retroactividad; para proteger a los trabajadores de menor nivel de ingresos, con exención o subsidio al empleo hasta el nivel de los seis primeros salarios mínimos, algo así como unos 10 mil pesos mensuales, luego de lo cual se causaría el impuesto sobre la renta con la nueva tasa del 30%; y quizá, modificaciones complementarias para compensar los ingresos contemplados en estos rubros, mediante algún cambio en el nivel del déficit, que para tranquilidad de los acérrimos monetaristas de Hacienda, del Banco de México y de las calificadoras de riesgos, México tiene una relación reservas/deuda de 2 a 1, esto es, más o menos 80 mil millones de dólares en reservas en el Banco de México, contra más o menos 40 mil millones de dólares como saldo neto de la deuda pública, por lo que un déficit moderado para un ejercicio único no nos haría daño y sí se transformaría en un estímulo a la economía real; quizá alguna apreciación del precio del barril de petróleo, aún muy subestimado en 59 dólares cuando el mercado de futuros lo ubica en 80 dólares el barril.

El segundo tema relevante a ser desahogado en esta sesión del Senado, es la culminación del proceso de designación del titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que tanta resonancia suele tener en el ámbito público.

En el proceso de selección, normado por acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Senado, se estableció un periodo de registro de aspirantes propuestos por organizaciones de la sociedad civil –se registraron 36–; una decantación a quienes cubrieran requisitos –pasaron 27—y una pasarela de comparecencias, a efecto de exponer de manera presencial la visión y el plan de trabajo posibles en la coyuntura actual de la CNDH, misma que concluyó el miércoles pasado.

Es obvio que este proceso no tiene que ver con un concurso de popularidad, sino con una cuestión de idoneidad para una institución en la que confluyen los intereses de la sociedad, del Congreso y del poder público, que es por definición la instancia vigilada y que suele cometer violaciones a los derechos humanos.

Al final, posiblemente en la sesión del martes 27 de octubre, o a más tardar en la determinante sesión del 29, al pleno del Senado llegará una terna, integrada por la Comisión de Derechos Humanos del Senado, de entre la cual, el pleno de senadores votará, mediante cédula individual, por el más idóneo. Será designado quien obtenga el mayor número de votos.

Más allá de lo que sería deseable, por ejemplo, que uno de los integrante de la terna fuese designado titular y los otros dos, visitadores, lo que aseguraría aún mayor calidad a la gestión de la CNDH, es obvio que sólo tres llegarán a la final y uno será el designado, quien obtenga el mayor número de votos.

Es válido hacer quinielas. Es válido suponer que, como en otras designaciones, operan los intereses de los principales grupos políticos nacionales. Que el Ejecutivo Federal tiene más simpatías por uno que por otro; que las ONG también; que los grupos parlamentarios tienen sus cercanías. Pero no dejarán de ser supuestos de los que siempre los demás tendrán suspicacias.

Conforme al sentir que se percibe en los círculos de opinión pública, lo más probable es que la terna se integre por Emilio Alvarez Icaza, Luis Raúl González Pérez y Javier Moctezuma Barragán en estricto orden alfabético; el primero, ex titular de la Comisión de Derechos Humanos del D.F.; el segundo, ex abogado general de la UNAM y ex fiscal del caso Colosio; el tercero, ex secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Si de incluir una cuota de género se tratara, figuraría en la terna Patricia Olamendi, ex Subsecretaria de Relaciones Exteriores. Los cuatro, con magníficas credenciales y muy buenas probabilidades de resultar electos, pero será una terna la que llegará al pleno, y sólo uno será el designado.

1. Cambio con rumbo.

En la entrega de la medalla “Belisario Domínguez” que el Senado decidió a favor de don Antonio Ortiz Mena, artífice del llamado “milagro mexicano”, el senador Manlio Fabio Beltrones realizó la elegía y planteó, en un vibrante discurso, lo que la mayoría de los mexicanos ha estado pensando tras el desastre económico que estamos viviendo. Contando con la presencia del titular del Ejecutivo Federal, en una Cámara presidida por un distinguido miembro del PRD, Carlos Navarrete, el senador del PRI tuvo palabras con dedicación exacta: hubo una vez un tiempo en que México pudo crecer con justicia social y visión de futuro… un tiempo en el que el país creció, por doce años consecutivos, a tasas sostenidas del 6.5%, con incrementos en el salario real del 6.4% y con baja inflación.

Sin duda, le replicarían los destinatarios, que también hubo un tiempo en que los gobiernos del PRI fueron vencidos por la crisis, de lo que fue beneficiario el PAN al llegar la alternancia política.

Pero el análisis del sonorense no dejó lugar para la réplica: sería absurdo, dijo, intentar un retorno al Estado paternalista e intervencionista que, en sus excesos, demolió la obra pública del “milagro mexicano”. Tampoco, volver al populismo –de uno u otro signo— de un Estado asistencialista que subsidie y mantenga a los pobres con base en la recaudación fiscal y los persuada para que correspondan con sus preferencias electorales. Lo que los mexicanos necesitamos, agregaría, son oportunidades de desarrollo que rompan el círculo perverso de escaso crecimiento, desigualdad y pobreza.

“Es la hora de un cambio con rumbo”, señalaría el senador Beltrones. Insistiría en lo que ha sido el núcleo de su actuación legislativa: es tiempo de acordar las reformas políticas que faciliten los pactos económicos y conduzcan a la solución de los problemas de desigualdad y pobreza. La fórmula es sencilla: ni oposición irresponsable, ni gobiernos excluyentes, cualquiera que sea su nivel de responsabilidad… es tiempo de pasar de los gobiernos divididos a los gobiernos compartidos, con nuevas instituciones y disposición al diálogo y a los acuerdos.

El discurso es relevante porque, en este momento, los ojos de la Nación están puestos en el Senado, y concretamente, en la actuación del Grupo Parlamentario del PRI. De su posición, depende el cariz que tome el asunto de mayor trascendencia en este momento, que es el de los impuestos. Por ello, el senador Beltrones pediría también en la sesión del pasado jueves 22, no olvidar que el voluntarismo político hace sólo buenos discursos, pero sólo la verdadera voluntad política, comprometida con el país, hace las reformas.

Los tiempos que vienen, de dificultades para la empresa y el empleo, de mayores cargas para la población, de nuevos desafíos para el lugar de México en el mundo que representan Brasil, Rusia, La India y China –este último país, en plena recesión mundial, crecerá “sólo” 8.5%– hacen necesario pasar de las bellas palabras a los hechos. Las palabras se las lleva el viento; al final, lo que cuenta son los hechos. Ante la ola de rechazo por la carga impositiva que propuso el Ejecutivo Federal, en el Senado todo apunta a la corrección de los excesos, protegiendo el empleo, el ingreso y la economía de la gente. Es lo que significa ir a fondo, pero no a cualquier precio, no al precio de salvar a Los Pinos pero dejar en ruinas al país.