El problema de fondo es la legalidad de la decisión. De acuerdo con diversos juristas, existe un problema de legalidad en este caso, porque la materia de trabajo no desaparece, independientemente de quién sea el patrón. No es lo mismo que cuando se decide cerrar una empresa que produce chicles: en ese caso simplemente desaparece, pero aquí el servicio sigue. La pregunta importante es si los conflictos se resuelven de acuerdo con las reglas legales vigentes o de acuerdo con otro tipo de criterios. Había mecanismos legales para modificar las condiciones de la empresa y cambiar el contrato colectivo de trabajo, pero no se quiso emplear esa vía. En cambio, lo que vimos fue un golpe espectacular, por cierto, decisiones que hacen gobiernos con cierta debilidad para ganar imagen.
El gobierno aplica la ley en materia de sindicatos a sus adversarios, primero los mineros y ahora los electricistas, por distintas razones y en contextos diferentes. Lo cierto es que la política del gobierno panista frente al sindicalismo obedece a una lógica en la cual depende del sapo la pedrada. A los aliados, petroleros y maestros se les tolera y se les canalizan recursos, sin que sean colectivos que propicien la modernización: la educación básica del país es una zona de desastre y los abusos en Pemex no terminan; sin embargo, hasta el momento esos liderazgos siguen intocados.
Sin una planeación, sin formar parte de una estrategia por parte del gobierno federal, la elección interna en el SME sirvió al Ejecutivo para una salida radical y quitar del camino a un sindicato particularmente combativo y con una vieja historia en materia de negociación laboral. En una investigación sobre el caso, Graciela Bensusán plantea la paradoja que el gobierno federal no se atrevió a resolver: sin el consenso del SME será imposible hacer los cambios en la empresa y, al mismo tiempo, sin esa modificación —que pasa por un ajuste al contrato colectivo de trabajo—, LyFC no puede ser un organismo viable (“El Sindicato Mexicano de Electricistas y la reestructuración laboral de Luz y Fuerza del Centro”, Revista Mexicana de Sociología, 2005/3).
El conflicto de LyFC tiene responsabilidades diversas; no era un problema sólo del sindicato, también los diferentes gobiernos tomaron decisiones equivocadas durante mucho tiempo y no tuvieron voluntad para resolver los nudos críticos de esa empresa. Así, LyFC se volvió una pesada carga para las finanzas públicas; el servicio se encareció; el personal rebasa las necesidades de la operación y los mecanismos de jubilación se volvieron insostenibles.
El conflicto tenía diversas salidas, pero el gobierno adoptó la más radical: cancelar la empresa y liquidar a todos sus trabajadores. Sin duda había posiciones encontradas sobre qué y cómo transformar el contrato colectivo y modernizar la empresa. No se pueden desconocer las posturas conservadoras en las filas sindicales que no quisieron abrir ninguna negociación para modificar los términos de su contrato. Pero, al mismo tiempo, el gobierno federal tampoco quiso seguir la ruta de la legalidad para hacer las modificaciones correspondientes.
En este conflicto existen al menos dos frentes o miradas, como lo señaló Miguel Ángel Granados Chapa: además del frente interno del SME, que reclamaba la toma de nota y los fondos que se canalizan al sindicato, está el frente externo, los usuarios. Para miles de consumidores del servicio que presta LyFC, las cosas no son positivas, las quejas por el mal servicio, la mala facturación, las constantes interrupciones de la luz, los recibos que llegan el mismo día o después de la fecha de pago, y una larga cadena de quejas en contra de un servicio deficiente cuya responsabilidad era de la empresa y del sindicato.
Antes de la liquidación había dos presupuestos válidos que era necesario cambiar, como indica la investigación de Bensusán: que los derechos adquiridos del sindicato eran inmutables y, por otra parte, que la única forma de mejorar la competitividad de la empresa es con un sindicato dócil y debilitado.
Ahora sabemos que el gobierno decidió borrar del mapa a la empresa y a sus 66 mil empleados. Resulta curiosa la generosidad y la prisa con la que el gobierno quiere liquidar a los trabajadores del SME; les ofrece hasta 2.5 años de salario. El monto que está dispuesto a erogar el gobierno es hasta de 20 mil millones de pesos. De ese tamaño es el costo de no haber emprendido la vía de la reestructuración de la empresa. En suma, este conflicto está al inicio. Falta recorrer la vía de los recursos legales y ver hasta dónde llega la resistencia sindical.
Investigador del CIESAS
No hay comentarios:
Publicar un comentario