Los abusos, especialmente por parte de la policía y otros grupos armados, es una realidad vigente.
Un fiscal estadounidense pidió esta semana que se eche luz sobre los casos en que supuestamente la CIA se valió de técnicas de interrogación que podrían considerarse abusos en su afán por obtener declaraciones de los sospechosos en la "guerra contra el terrorismo".
¿Cuál es al situación en América Latina? Como denuncian distintas organizaciones defensoras de los derechos humanos, como Amnistía Internacional (AI) o Human Rights Watch (HRW), la tortura y los malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad y otros grupos armados persisten en la región,
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Muchas veces, quienes se valen de estas prácticas lo hacen con la intención de castigar, intimidar o extorsionar a los detenidos para obtener información y forzar confesiones.
La Convención contra la Tortura de Naciones Unidas, de 1984, condena los métodos que intencionadamente infligen a una persona "dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales", que no sean consecuencia de sanciones legítimas, en base al reconocimiento de los "derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana".
Todos los países de la región han suscrito esta convención y con la salvedad de Ecuador y Venezuela, la mayoría ha ratificado además el protocolo Opcional de la Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, asumiendo el compromiso de permitir que observaciones independientes ingresen sin aviso previo a los centros de detención del país.
La realidad, sin embargo, queda lejos del papel, como constata BBC Mundo en un mapa de la tortura en América Latina. Sólo se incluyen los países donde se han realizado denuncias recientemente.
Argentina
Según publicó AI en su informe del 2009, en Argentina se han registrado denuncias por torturas y malos tratos en prisiones y centros de detención.
Las torturas y malos tratos a detenidos y reclusos son prácticas condenadas por las leyes de toda la región.
Paula Litvachki, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), dijo a BBC Mundo que las autoridades han hecho poco para hacer frente a los abusos en las cárceles y centros de detención.
Según la especialista, la principal cuenta pendiente del gobierno es la implementación del Protocolo Opcional de la Convención contra la Tortura. Aprobado a fines de 2004 por el entonces presidente Néstor Kirchner, un mecanismo que permitiría impulsar políticas públicas vinculadas con la tortura.
Según recuerda la corresponsal de BBC Mundo en Buenos Aires, Valeria Perasso, los expertos consideran que el principal avance que ha logrado el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner respecto a la problemática de la tortura es el impulso que ha dado a los juicios contra represores, acusados de cometer crímenes de lesa humanidad durante el último régimen militar.
Brasil
De acuerdo a los últimos informes de AI y HRW, la tortura y los malos tratos son práctica corriente de la policía y otros agentes gubernamentales.
Estos malos tratos y torturas se registran tanto en el momento del arresto como durante los interrogatorios y el período de detención, a pesar de distintas iniciativas oficiales para combatirlo, entre ellas la ratificación del Protocolo Opcional de la Convención sobre Tortura, dice AI.
En las prisiones, controladas desde dentro por bandas criminales que detentan el verdadero poder, los detenidos son frecuentemente torturados, maltratados y muchas veces asesinados por otros reclusos o guardias, dice AI. Esto llevó a la resolución sin precedentes de la Fiscalía General de solicitar la intervención federal en la cárcel de Urso Branco en el estado de Rondonia, luego de años de denuncias de abusos, torturas y ejecuciones.
En los centros de detención de menores la situación no es mucho mejor, según AI.
-En julio, los internos en el Complexo de Franco da Rocha de la Fundación Casa de Sao Paulo denunciaron que tras un motín recibieron golpizas con palos ensartados con clavos.
En Brasil la tortura y el matrato de presos y comunidades desfavorecidas en una realidad endémica, denuncian.
Por otro lado, la organización ha denunciado violaciones sistemáticas de derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales y arbitrarias en las favelas, por parte de la policía o "escuadrones de la muerte" conformados por ex agentes policiales y miembros de otras fuerzas de seguridad.
La organización menciona que en junio de 2008 se abrió una investigación parlamentaria sobre la presunta responsabilidad de estas milicias paramilitares en el secuestro y la tortura de tres periodistas del periódico O Dia y un residente de la favela carioca de Batan.
En un informe publicado en abril de 2008, HRW indicaba han recibido "denuncias creíbles" de torturas de detenidos a manos de guardias y policías en los últimos años.
Los responsables de los abusos raramente son procesados, y sus métodos han sido justificados en el pasado por las autoridades como “efecto colateral” de los esfuerzos contra las altas tasas de criminalidad en Brasil, dice HRW.
Desde filas oficialistas han calificado la tortura de "crimen de lesa humanidad", pero como sucede en otros países de América Latina, las menciones más frecuentes al tema se refieren a los abusos cometidos durante los gobiernos militares.
En 2007 Brasil ratificó el Protocolo Opcional de la Convención contra la Tortura.
Colombia
Según explica el corresponsal de BBC Mundo en Bogotá, Hernando Salazar, durante 2008 la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos recibió varias denuncias de tratos crueles, inhumanos y degradantes contra indígenas, afrodescendientes y sectores deprimidos de la sociedad.
Las denuncias de maltratos por parte de las fuerzas armadas son más frecuentes en las zonas de conflicto.
La mayor parte de los casos reportan que las víctimas recibieron golpes de personal de las fuerzas militares, aunque también hay otros que incluyen abusos sexuales contra mujeres y niñas, señala Salazar.
Esos casos, según la ONU, se presentaron especialmente en el noroccidente y suroccidente de Colombia, donde se siente con mayor intensidad el conflicto armado.
En 2008 también hubo quejas de torturas contra prisioneros por parte del personal penitenciario en el norte del país, cuando reprimieron protestas de los reclusos.
AI menciona además en su informe 2009 las ejecuciones extrajudiciales y sumarias de jóvenes civiles en Soacha por parte de las fuerzas de seguridad, que disfrazaron las muertes como "guerrilleros muertos en combate", también conocidos como "falsos positivos".
Aunque AI no denuncia ese informe casos de tortura o malos tratos a prisioneros en 2008, sí ha documentado casos de tortura o malos tratos previos, tanto por parte de las fuerzas de seguridad como por parte de grupos paramilitares y guerrillas.
AI recoge que en 2007 se denunciaron unos 80 casos de tortura. "En unos 45 de esos casos, la tortura fue seguida del homicidio de la persona en cuestión. En siete de los casos las víctimas eran mujeres. De los casos en los que se ha identificado a los responsables de las torturas, las fuerzas de seguridad fueron responsables del 60%, los paramilitares del 27% y los grupos guerrilleros de alrededor del 11%", dice la organización en un estudio exhaustivo sobre el estado de los derechos humanos en Colombia publicado en octubre de 2008.
El gobierno colombiano desarrolla un plan de capacitación a funcionarios públicos y miembros de las Fuerzas Militares en estándares internacionales para prevenir la tortura, dice Salazar.
Sin embargo, Colombia no ha ratificado el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Este protocolo crea un mecanismo de supervisión que incluye visitas periódicas a los centros de reclusión y detención, recuerda Salazar.
México
AI denuncia en su informe de 2009 que en el año anterior miembros del ejército y la policía fueron responsables de violaciones diversas a los derechos humanos, incluidas ejecuciones, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos.
En México, a pesar de las iniciativas preventivas, los responsables no han sido condenados, denuncian.
-En febrero, dos indígenas tzeltal fueron detenidos en Chilón, Chiapas, por agentes de la policía caminera, que les dispararon, golpearon, provocaron asfixia, amenazaron de muerte y rociaron con gas pimienta, supuestamente para arrancarles una confesión. Ambos fueron liberados sin cargos. Dos policías permanecen en custodia, dice AI.
-En octubre, en el estado de Morelos, maestros y activistas comunitarios participaron en una manifestación reprimida por la policía. Varios de los participantes denunciaron haber sido detenidos posteriormente en sus casas, golpeados y forzados a caminar sobre brasas.
-En abril se publicaron fotografías en la que aparecen emigrantes sometidos a golpes y humillaciones por parte de la Marina y los servicios migratorios en Las Palmas, Oaxaca. Tanto la Marina como los servicios migratorios negaron haber cometido abusos.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha hecho distintas recomendaciones para abordar estas violaciones, dice Rupert Knox, de AI, quien ha investigado estos abusos en México.
"El gobierno ha reconocido que hay problemas de tortura pero niega que sean parte de una política sistemática; nosotros no hemos probado lo contrario pero sí descubrimos que es una práctica arraigada en particular a nivel municipal y estatal", dice Knox.
Según el experto, no hay un sistema eficaz de investigación de los casos, ya que los procesos recaen muchas veces en el ámbito militar y "es casi total la impunidad".
A pesar de varias iniciativas para ponerles fin, como la creación de la CNDH, la tortura y los malos tratos persistieron sin el procesamiento efectivo de sus responsables ni una consiguiente disminución de los casos, dice AI.
Están obligados a probar un caso, un solo caso en que no hayan actuado las autoridades competentes para castigar a quienes hayan abusado: sean policías, soldados o cualquier otra autoridad
Felipe Calderón
“La CNDH no tiene competencia para procesar, sino que emite recomendaciones”, explica Knox.
Como explica la corresponsal de BBC Mundo en México, Cecilia Barría, el presidente Felipe Calderón ha insistido en que el combate al crimen organizado se desarrolla con apego a la protección de los derechos humanos.
El mandatario ha planteado que la autoridad está aplicando castigos a los agentes del orden que han incurrido en abusos y ha exigido "pruebas" de quienes alegan que la autoridad se ha desentendido de los casos, dice Barría.
"Ha habido un escrupuloso esfuerzo por proteger los derechos humanos. Y quienes señalen lo contrario, están obligados a probar un caso, un solo caso en que no haya actuado la autoridad en que se hayan violado los derechos, en que no hayan respondido las autoridades competentes para castigar a quienes hayan abusado: sean policías, soldados o cualquier otra autoridad", dijo Calderón.
Knox opina que esta declaración es muy interesante y que probablemente se explica por la necesidad de la aprobación del Plan Mérida, pero se pregunta: “¿Dónde están los procesados por torturas? A pesar de que existe la legislación, se han sextuplicado las denuncias de abusos por parte de las fuerzas federales y no se ha procesado a ni una sola persona por torturas en el gobierno de Calderón”.
Tras ratificar el protocolo Opcional de la Convención contra la Tortura en 2005, el Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU ha visitado por su parte distintos centros de detención en México y recibió denuncias de abusos, pero sus hallazgos no han sido publicados.
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