El atropello de la justicia electoral en Iztapalapa
Los jueces, en un estado de derecho, existen para decir el derecho. En unos casos fijan el sentido de las normas o de la misma Constitución de la cual ellas derivan; en otros, coadyuvan a la conducción de los procesos que se siguen para establecer el fin que se persigue normativamente; en otros, también, deciden en un conflicto de intereses jurídicos cuál de ellos tiene la razón y debe prevalecer, y, en otros, en fin, equilibran la acción de intereses que en la realidad son abiertamente desiguales en sus propias posibilidades y, así, lograr la justicia.
Dejemos de lado el deseo que todos los ciudadanos tenemos de que nuestros jueces sean, siempre y en todo caso, personas probas, impolutas, sabias, responsables y partidarias, ante todo, de la causa de la justicia. Sucede que, como nuestros políticos, son también gente de carne y hueso y no ángeles ni querubines. Pese a sus terrenales defectos y deficiencias, tenemos el derecho a esperar de ellos, por lo menos, que se sujeten a la ley y la respeten. No es lo que tenemos con la actuación de los siete magistrados que integran el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Iztapalapa es sólo un caso.
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