En la iniciativa de los senadores priístas, la participación ciudadana trasciende a la jornada electoral, pues no se daría únicamente en el momento de la elección, en esos supuestos diez segundos de soledad y libertad para premiar o castigar, sino que existen planteamientos de mayor relación directa con los legisladores, de transparencia, vigilancia y rendición de cuentas.
UNO. El PRI sí va a la reforma política.
El senador Manlio Fabio Beltrones, coordinador de los senadores del PRI, presentó formalmente la propuesta de reforma política del grupo parlamentario, la cual contiene por lo menos una veintena de ítems. Con propuestas, dijo el senador Beltrones al presentar la iniciativa, el PRI sí acude al debate para construir una gobernabilidad democrática, sustento del crecimiento con justicia que es la aspiración nacional por un futuro mejor.
En la exposición de motivos, se precisa a qué no van los priístas: ni a la segunda vuelta electoral, ni a la conformación de un sistema de mayoría presidencial que busca darle la vuelta, siendo efectista y decisionista, al debido control constitucional. No sin ironía, los senadores del PRI, al conocer la propuesta enviada por el Presidente Felipe Calderón, inquirieron si no había planteado la desaparición del Congreso o, en su defecto, el nombramiento presidencial de senadores y diputados, para ahorrarse la molestia de solicitar la aprobación de leyes y nombramientos o acudir a rendir cuentas.
Asimismo, el proemio de la iniciativa subraya que el asunto de las candidaturas ciudadanas y el de la iniciativa preferente ya fueron votadas favorablemente en fases anteriores de la Reforma del Estado, en el año 2007 y 2008, conforme a lo cual la Constitución permite las candidaturas ciudadanas –al no establecer que las candidaturas sean monopolio de los partidos, artículo 41—en tanto que la iniciativa preferente de hasta dos proyectos presidenciales por periodo ordinario de sesiones se podrían presentar y, de no ser dictaminados en el mismo periodo, ser sometidas a votación del pleno por la Mesa Directiva. Esta última modificación es minuta en la Cámara de Diputados, fue votada por el Senado en 2008, considerando, además, la cancelación del llamado “veto de bolsillo” dado que, si el Congreso no podría congelar iniciativas presidenciales, tampoco el presidente debería detener la publicación de las leyes y decretos, como suele hacerlo.
A partir de ahí, resueltos cuatro temas de la agenda de la reforma política, se desgranan dieciséis propuestas para establecer un nuevo equilibrio entre los poderes, fortaleciendo y modernizando la Presidencia de la República, al tiempo que dinamizando las prácticas parlamentarias para un Congreso más eficiente, con mayor presencia ciudadana.
Es de subrayarse que, en la iniciativa del grupo parlamentario del PRI en el Senado, la participación ciudadana trasciende a la jornada electoral, pues no se daría únicamente en el momento de la elección, en esos supuestos diez segundos de soledad y libertad para premiar o castigar, sino que existen planteamientos de mayor relación directa con los legisladores, de transparencia, vigilancia y rendición de cuentas, una de las tres razones fundamentales de existencia de los parlamentos –las otras, por supuesto, son legislar y controlar–, así como reorganización del régimen presidencial y redimensionamiento de las instituciones que lo integran.
DOS. Propuestas para el fortalecimiento democrático de la Presidencia de la República.
Hay quienes suponen que el Presidente de la República sólo es fuerte en la medida en que manda y se impone, sin que cuente mucho si manda bien y si se le obedece de manera consentida, e igual de importante, si las decisiones que toma realmente son las que se requieren, lo que supondría que gobierna de una manera iluminada o voluntarista, hace todo lo que quiere y se le ocurre, conforme a una gobernabilidad autoritaria.
En la teoría política, hay también quienes sostienen que el Ejecutivo gobierna mejor si lo hace con el consentimiento de los gobernados y la cooperación de las fuerzas políticas, con mayorías amplias e instrumentos que incentivan la cooperación y colaboración entre los poderes, generando una gobernabilidad democrática. La propuesta de los senadores del PRI se inscribe en esta lógica, proponiendo avanzar en los siguientes instrumentos:
Ratificación del gabinete presidencial por el Senado, a efecto de que los colaboradores de primera línea del Presiente de la República sean nombrados de manera responsable, con la confianza debida y la capacidad probada, reiterada en la ratificación de sus cualidades, excepción de los Secretarios de la Defensa Nacional y de Marina, cuyos nombramientos obedecen constitucionalmente a la línea de mando directa y suprema del titular del Ejecutivo Federal.
Suplencia en caso de falta o incapacidad absolutas del Presidente de la República, a efecto de llenar el vacío legal de quién estaría a cargo de la República en caso fortuito o de fuerza mayor, con un mecanismo de prelación que iniciaría con el Secretario de Gobernación que hubiere sido ratificado, continuando con la jerarquía que establece la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en tanto el Congreso de la Unión designa al presidente suplente en los términos constitucionales.
Rendición de cuentas y vías para el diálogo entre poderes, partiendo de la obligación de informar por escrito, otorgando ahora la posibilidad de presencia en el Congreso del Presidente de la República con uso de la voz, su participación en un debate parlamentario sobre el estado de la Unión, así como la posibilidad de presentar personalmente las iniciativas que le interesen o delegar esta facultad en sus secretarios de despacho, avanzando hacia lo que le interesa a los ciudadanos, que es la rendición efectiva de cuentas, el control constitucional de las facultades presidenciales y asegurando el derecho a la información y la transparencia mediante las preguntas parlamentarias y, eventualmente, la moción de censura a altos funcionarios que no hagan bien su trabajo.
Reconducción presupuestal, dotando de certidumbre jurídica al funcionamiento del gobierno al establecer la observancia del presupuesto vigente en tanto el Congreso autoriza un nuevo ejercicio presupuestal.
TRES. Propuestas para incrementar el poder ciudadano en la política.
En las democracias modernas estables y consolidadas, la participación ciudadana es tan importante como la calidad de la elección ciudadana. De hecho, lo que ancla la institucionalidad democrática (“clivage”) es la posibilidad que los ciudadanos tienen de acceder a la información y la gestión pública, para que no sólo estén en posibilidad de ejercer derechos, sino de exigir responsabilidades.
Al respecto, la propuesta de los senadores del PRI considera:
Referéndum en asuntos de trascendencia nacional, para que los ciudadanos sean de manera preferente, la última palabra en los asuntos que habrán de impactarles. Por ejemplo, si se autoriza o no la actuación del Ejército en asuntos del orden interior.
Revisión de la Cuenta Pública de manera más ágil, con plazos más cortos y con efectos sobre el debate del estado de la Unión así como en la formulación de los presupuestos, con mayores facultades de fiscalización durante y después del ejercicio para la Auditoría Superior de la Federación.
Autonomía del Ministerio Público a efecto de que, con independencia del Ejecutivo Federal (para no ser juez y parte), actúe con imparcialidad y a favor de los ciudadanos en la procuración de justicia, representando el interés público.
Facultad de investigación a la Comisión Nacional de Derechos Humanos por violaciones graves a las garantías individuales, actualmente una facultad residual de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Regulación moderna de la figura de suspensión de derechos y garantías, que habrá de requerir aprobación del Congreso y supervisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Acotamiento del fuero constitucional al estricto desempeño del cargo, dejando en manos de los jueces la decisión fundamental en casos de abuso.
Creación del Instituto Nacional de Identidad, con carácter autónomo, para dotar de identificación incuestionable a los habitantes de la República y salvaguardar la seguridad de los datos personales.
CUATRO. Reforma del Congreso.
En contrapartida a las propuestas de cambio a la institución presidencial y al empoderamiento ciudadano, la propuesta del Grupo Parlamentario del PRI establece cambios para el Congreso:
Reducción del tamaño del Congreso, integrando la exigencia ciudadana de mejor representación y mayor eficiencia, al eliminar la lista plurinominal en el Senado, lo que reduciría de 128 a 96 el número de senadores, y recortando 100 diputados plurinominales, quedando 300 de mayoría y 100 de representación, 400 en total.
Reelección de legisladores federales y estatales, para fortalecer el vínculo entre ciudadanos y representantes, así como propiciar la profesionalización del Congreso mediante la carrera parlamentaria.
Fomento al trabajo de las comisiones del Congreso, estableciendo el descuento de dietas a quienes no asistan a comisiones, así como proveyendo el mecanismo de trabajo 30 días anteriores al inicio del periodo ordinario, para que se cuente con dictámenes desde el primer día de labores.
Régimen transitorio virtuoso, esto es, las disposiciones generales de entrada en vigor de las reformas, a efecto de que surtan efectos principalmente hacia un gobierno posterior, dado que el actual fue electo con reglas diferentes y para evitar que se quienes las promueven se beneficien de las mismas. Así, por ejemplo, la ratificación del gabinete surtiría efectos hacia el 1º de septiembre de 2012, una vez electo un nuevo gobierno, en tanto que la reducción del Congreso y la reelección legislativa lo harían hacia enero de 2015, con lo cual los actuales legisladores no entrarían en el supuesto de ser reelectos. Otras medidas, como la rendición de cuentas y el debate sobre el estado de la Unión o el referéndum, podrían entrar en vigor a partir del 1º de septiembre de 2011.
CINCO. Las alianzas se cocinan en Los Pinos.
No deja de sorprender a tirios y troyanos el pragmatismo político del sistema PAN-Gobierno, rayano en el cinismo, que descarna una visión patrimonialista de la política. En su crisis interna, que no termina de decidirse entre el poder subyugante y arbitrario o la República, el dilema panista podría arrastrar al país, pues si no ganan, entonces preferirían tirar la mesa, los dados y a los jugadores.
Tras las batallas presupuestales de noviembre, ha quedado claro a los ojos de la opinión pública y de los ciudadanos, que sí hubo un arreglo en lo oscurito entre el gobierno federal y algunos actores relevantes del PRI. Todos los involucrados han reconocido que sí existió un pacto para elevar impuestos a cambio de contienda leal electoral, léase “no coaliciones PAN-PRD”.
En el lado del PAN-gobierno, la renuncia del Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, a su militancia en el PAN destapó las negociaciones secretas, al no poder sostener la palabra empeñada ante el aire guerrero del joven Nava, quien no dudó en espetarle a Gómez Mont que se ocupara de los asuntos del gobierno, pues los del partido le eran ajenos. También lo reconocieron, a tirabuzón, los gobernadores de Oaxaca, Ulises Ruiz y del Estado de México, Enrique Peña Nieto. Así lo reconoció la dirigente nacional, Beatriz Paredes. De igual forma lo hizo el coordinador de los diputados priístas, Francisco Rojas.
Finalmente, el propio presidente de la República, Felipe Calderón, terminó aceptando lo que para todos era evidente: él estaba en perfecto conocimiento de las negociaciones y los acuerdos, pero de lo que se trataba ahora es de no cumplirlos. Peor aún, parece que, conforme a su estilo pendular, ahora manifiesta preocupación porque las coaliciones que él también aprobó, podrían afectar la relación política con el PRI, al quedar expuestas sus conexiones detrás de cámaras.
Sabido es que en los pasillos del Congreso pululan los enlaces de las Secretarías de Hacienda y de Gobernación, tratando lo mismo de atajar lances legislativos adversos, que proponer asuntos de interés para el gobierno que en ocasiones ni los mismos panistas desean procesar o de entablar combate político –como el infame “rómpele la madre” que el secretario de Gobernación le mostrara a un senador como una instrucción proveniente de Los Pinos–.
De igual forma, tal y como refieren los registros de varios reporteros que siguen la agenda presidencial, sabido es que los candidatos aliancistas, sin excepción, han visitado el despacho presidencial para sellar el acuerdo de coparticipación con el PAN, cuyo presidente nacional fue, además, cercanísimo secretario particular del presidente Calderón. Así lo hizo Gabino Cué. Así fueron Xóchitl Gálvez, Miguel Angel Yunes y Rafael Moreno Valle, y así lo ha hecho también el todavía senador del PRI Mario López Valdéz, quien sigue deshojando la margarita en la que quizá sea la decisión más difícil de su vida.
¿A quién podría engañar el presidente? El jefe de la campaña electoral del PAN es él. Aún los panistas adversarios lo notan, el ex presidente Fox, con la gravedad que le caracteriza, subrayó que ninguna coalición es válida sólo para “darle en la madre” a nadie. El ex presidente del PAN, Manuel Espino, sustenta su aspiración presidencial con el lema de “volver a empezar”, dado el extravío actual de la identidad y los propósitos del calderonismo, como si el foxismo los hubiera tenido.
La guerra total del gobierno federal contra el PRI podría estar llevando al país a una nueva polarización con referentes irreductibles. Ya se vivió en el ocaso del gobierno de Vicente Fox, cuando desde el gobierno federal se promovió la desestabilización de Oaxaca, la división y el descarrilamiento del PRI con los obuses combinados de Elba Esther y la militarización del país para, finalmente, arribar al fraude patriótico contra López Obrador, remarcado por los asesores españoles pepinos como “un peligro para México”. Es claro que no habrá contienda leal, conforme a las reglas electorales establecidas, son abierta ingerencia gubernamental. La visión guerrerista, las campañas de odio, son el verdadero peligro para México.
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