Justicia demolida
Ahora nos enteramos, en las páginas de The New York Times, que
Wal-Mart soborna a funcionarios de nuestro país para que le permitan
hacer lo que le dé la gana en territorio nacional. Antes, gracias a la
realización de audiencias legislativas en Estados Unidos, pudimos saber
que la DEA lavó dinero para un cártel mexicano y que ATF
suministró armamento a la delincuencia organizada. El año antepasado se
dieron a conocer documentos judiciales del país vecino del norte que
revelaban la existencia de una corrupción de clase mundial en el seno de
la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que involucraba a altos
directivos de esa paraestatal. Por norma, la Procuraduría General de la
República, la Secretaría de la Función Pública y otras instancias
nacionales encargadas de procurar justicia, de combatir la corrupción y
fiscalizar a los funcionarios, se enteran de esos y de otros escándalos
por los medios, se desperezan, se frotan los ojos, anuncian que van a
hacer algo y de vez en cuando redactan un oficio o hasta inician una
averiguación previa.
Desde
luego, hay otras formas de destruir, por acción o por omisión, la
soberanía nacional en materia de procuración e impartición de justicia.
El caso de Florence Cassez salió del ámbito de los tribunales nacionales
gracias a las payasadas mediáticas de Genaro García Luna. Muchos
activistas sociales, defensores de derechos humanos o simples víctimas
del atropello y la prepotencia han debido hallar justicia en instancias
internacionales. Por lo demás, estos últimos desgobiernos federales han
tenido el gatillo fácil en materia de extradiciones. Hoy hasta parece
normal que un presunto delincuente mexicano, que cometió supuestos
delitos en territorio nacional, sea automáticamente arrojado al norte
del Río Bravo en extradición exprés. Los gobernantes han tenido incluso
el descaro de justificar tales actos argumentando que las cárceles del
país, administradas por ellos, carecen de las condiciones de seguridad
adecuadas, o que, como hay mucha corrupción, no vaya a ser que el preso
se escape. Y por si no faltara, Felipe Calderón suele desahogar la
frustración por los fracasos de sus policías y fiscales con exabruptos
berlusconianos orientados a descalificar a los jueces y al poder
judicial en su conjunto.
Yo detengo a los delincuentes pero los jueces los dejan libres, ha dicho Calderón varias veces, sin mencionar que en muchos de esos casos no había pruebas suficientes para sentenciar a los acusados, o ni siquiera para procesar a los presentados, o bien que se trataba de culpables fabricados con los tradicionales métodos canallescos e ilegales del repertorio policial.
Junto
con la propiedad pública, las instancias de bienestar social, el
arbitrio del Estado, el control del territorio y las tareas de
inteligencia, la procuración y la impartición de justicia han sido
víctimas del demolición institucional practicado en forma sistemática en
el periodo Salinas-Calderón. Si creen que Peña Nieto puede ser
diferente, acuérdense –botones de muestra– de la impunidad para los
policías violadores de Atenco, la epidemia de feminicidios en el estado
de México y los casos de Paulette y de El Coqueto.
En
el caso de la procuración y la impartición de justicia la soberanía
nacional ha sido también avasallada y se ha abdicado a la potestad de
México para prevenir, investigar, procesar y sancionar el delito. Se
necesita mucha fe ciega en los milagros para suponer que un Estado sin
capacidad ni órganos adecuados para descubrir, imputar y castigar actos
ilícitos, y que delega esas tareas en la institucionalidad de otras
naciones, puede ganarle la guerra a la delincuencia. Si la sociedad no
opta por desechar este modelo, el país irá directo a la extinción de la
autoridad y a la entronización de una ley única: la de la jungla.
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