25 de mayo de 2012
Amnistía Internacional aseguró que el Gobierno de Calderón ignoró las denuncias sobre violaciones graves de derechos humanos.
Foto: José L. Ramírez / Reforma
Ciudad de México.- El Gobierno del Presidente Felipe Calderón no adoptó medidas efectivas para prevenir o investigar violaciones graves de derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas y la Policía, que incluyeron desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias, indica Amnistía Internacional (AI) en su Informe Anual 2012.
"Los cárteles de la droga y otras bandas delictivas, actuando en ocasiones en colusión con la Policía u otros funcionarios públicos, mataron y secuestraron a miles de personas", señala.
"El sistema de justicia penal no hizo justicia ni proporcionó seguridad. Los responsables de la mayoría de los delitos, incluidos ataques contra periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y mujeres, no rindieron cuentas de sus actos".
De acuerdo con el organismo, el Gobierno ignoró las denuncias sobre violaciones graves de derechos humanos cometidas por elementos del Ejército y de la Armada.
"Durante 2011, sólo hubo un caso en el que personal militar compareció ante la justicia: los tribunales militares declararon culpables a 14 soldados del homicidio, cometido en 2007, de dos mujeres y tres menores de edad en un control de carretera en Leyva, estado de Sinaloa", apunta.
La gran mayoría de los casos de abusos por parte de elementos del Ejército, como el del asesinato del joven Jethro Ramsés Sánchez, ocurrido el año pasado en Morelos, cuestiona AI, se desahogan en el fuero militar, sin garantías de justicia para las víctimas.
AI reiteró su preocupación por los crecientes ataques contra defensores de los derechos humanos y periodistas.
En la presentación del informe en México, el director ejecutivo de la organización en el país, Alberto Herrera, consideró que la administración de Felipe Calderón concluirá con grandes deudas en materia de protección de los derechos humanos.
"La mayor enseñanza que nos deja este sexenio es que la impunidad es el campo fértil para que los abusos se propaguen como fuego en este país", señaló.
"La impunidad y la ineficiencia del aparato de procuración e impartición de justicia ha llegado a niveles escandalosos".
El activista se pronunció por replantear la estrategia de combate al crimen organizado, estableciendo como bases el respeto a los derechos humanos y el retiro progresivo de las Fuerzas Armadas de las labores de seguridad pública.
"Debe haber un replanteamiento estructural de la forma en que fue concebida la estrategia. Tienen que evaluarse las consecuencias de haber optado por una decisión sumamente riesgosa desde los derechos humanos, sacar al Ejército a las calles", remarcó.
En respuesta al informe, las secretarias de Relaciones Exteriores y Gobernación sostuvieron que esta administración está plenamente comprometida con la protección de los derechos humanos.
"Para el Estado mexicano, la impunidad es inaceptable. Independientemente de si los delitos se cometen por civiles o por servidores públicos en mal ejercicio de sus funciones, el Gobierno de México está comprometido para que se sancione a quien resulte responsable", indicaron en un comunicado conjunto.
El Gobierno federal, remarcaron, realiza acciones para resolver los casos de desapariciones forzadas y frenar los ataques contra activistas y periodistas.
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