viernes, 25 de noviembre de 2011

Pedirán que La Haya analice violencia en México #JuicioaCalderón


    El abogado mexicano Netzaí Sandoval, impulsor de la iniciativa por la que grupo de activistas mexicanos viajará este jueves a La Haya para pedir a la Corte Penal Internacional (CPI) que analice la gravedad de la violencia en México, y se plantee abrir una investigación sobre la violación de derechos humanos y los crímenes de guerra que sufre el país, posa esta noche en la Plaza de Ópera, en Madrid. EFE/Kiko Huesca
El abogado mexicano Netzaí Sandoval, impulsor de la iniciativa por la que grupo de activistas mexicanos viajará este jueves a La Haya para pedir a la Corte Penal Internacional (CPI) que analice la gravedad de la violencia en México, y se plantee abrir una investigación sobre la violación de derechos humanos y los crímenes de guerra que sufre el país, posa esta noche en la Plaza de Ópera, en Madrid. EFE/Kiko Huesca
Kiko Huesca / EFE

EFE

Un grupo de activistas mexicanos viajará este jueves a La Haya para pedir a la Corte Penal Internacional (CPI) que analice la gravedad de la violencia en México, y se plantee abrir una investigación sobre la violación de derechos humanos y los crímenes de guerra que sufre el país.

en Madrid, ciudad donde hicieron un alto en el camino en su viaje, el abogado mexicano Netzaí Sandoval, impulsor de la iniciativa, puntualizó que “se trata de denunciar una situación en general, centrada en los años de gobierno de Felipe Calderón”.

“Pero no queremos sólo pedir la responsabilidad del presidente, ni siquiera únicamente la de los narcos, sino que buscamos que se puedan juzgar al amparo de las leyes internacionales casos que no están contemplados por la legislación mexicana”, añadió.

Sandoval explicó que en México existe un “vacío legal” que “nos obliga a actuar a nivel internacional” para denunciar situaciones como las “desapariciones forzadas, torturas, ejecuciones extrajudiciales o las amputaciones y decapitaciones que van más allá de un simple asesinato”.

Destacó el caso de los narcos, que además de traficar con armas y droga reclutan a niños como sicarios o los conocidos como “levantones”, secuestros que no se pueden denunciar ante el ministerio público “porque al no pedirse rescate no son considerados como tales”.

“Esos vacíos legales son los que permiten que la situación se repita una y otra vez y no sólo con los narcos como protagonistas, también con el propio Ejercito mexicano”, dijo.

Sandoval subrayó que ese clima de violencia generalizada ha dejado en los últimos cinco años “más de 50,000 muertes, 230,000 desplazados, 10,000 desaparecidos y 1,300 jóvenes y niños asesinados”.

El grupo de activistas, formado por periodistas, académicos e intelectuales de México, entre otros, entregará este viernes al fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, un dossier de más de 700 páginas, en las que se reúnen más de 470 casos de violaciones de derechos humanos contra mujeres y menores.

Moreno Ocampo recibirá también “documentación general sobre la gravedad de la situación de violencia que vive el país”.

“Cuando dimos a conocer nuestra iniciativa, la secretaría de Exteriores mexicana alegó que la CPI sólo tenía competencia para actuar si en México no hubiera forma de enjuiciar esos casos, y precisamente en eso es en lo que nos basamos para presentar la denuncia, en que no la tiene”, explicó Sandoval.

El abogado aseguró que un hipotético cambio en la legislación mexicana actual no serviría para juzgar los casos anteriores, “que quedarían impunes, ya que sólo se podría aplicar a futuras situaciones”.

“Y la violencia en México es más grave que en Afganistán si se cuentan el número de personas que mueren al año, y por supuesto más que la que se vive en Colombia o en Honduras a raíz del golpe de estado”, dijo.

En ese sentido señaló que Moreno Ocampo tiene ahora mismo en su cajón los casos de esos dos últimos países “y está dando la oportunidad a sus gobiernos para demostrar que quieren sancionarlos antes de iniciar una investigación”.

“El dossier que nosotros le llevamos está avalado por la firma de más 23.000 personas que solicitamos que abra esa investigación en México”, concluyó.


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