Martha Anaya Los priistas encontraron la manera de salir del enredo: defender a Elba Esther Gordillo sin siquiera mencionar su nombre y ajustar cuentas con su ex compañero Miguel Ángel Yunes demandando una investigación a su gestión como director del ISSSTE.
Exactamente lo que pedía la profesora: perseguir a Yunes.
Priistas como panistas hacían malabares en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso para tratar el tema. Se desgarraban las vestiduras por el saqueo que pudo haberse producido en el ISSSTE pero callaban o evadían lo que tuviera que ver con posibles delitos electorales, corrupción, extorsión, o alianzas políticas impúdicas.
Y es que todo el escándalo producido por las declaraciones de ambos personajes –Elba Esther y Yunes—salpicaba a muchos actores políticos, tanto del PRI, del PAN, de Nueva Alianza, como de Convergencia.
Felipe Calderón, Vicente Fox, Humberto Moreira y Enrique Peña Nieto resultaban igualmente embarrados.
Control de daños sin parecer cómplices, es lo que intentaron los legisladores desde el PRI y el PAN en la tribuna de la nueva sede del Senado de la República.
Bajo esa consigna, el tricolor propuso un punto de acuerdo para investigar a fondo la gestión del veracruzano. Demandaron a la Secretaría de la Función Pública y a la Procuraduría General de la República salvaguardar el patrimonio del ISSSTE y llevar a cabo las investigaciones necesarias para sancionar penal y administrativamente el desvío de recursos de ese instituto.
Sobre las revelaciones de Yunes a propósito de los 10 millones de pesos mensuales que, según dijo, le pidió Elba Esther para financiar al partido Nueva Alianza, ¡nada!
Sobre el presunto involucramiento de la Lotería Nacional en este asunto. ¡Nada!
Sobre los diez millones de pesos que Elba Esther entregó a Yunez para su campaña en Veracruz, y éste a su vez, entregó al profesor Rafael Ochoa, ¡ni una mención!
Sobre el tráfico de cargos públicos a cambio de apoyo electoral a Felipe Calderón en 2006, denunciado por Gordillo, ¡tampoco nada!
Como diría el perredista Pablo Gómez, hay que “ir más lejos… ¡que se investigue todo!”, pero “como aquí todos están enredados…”
Alejandro Zapata Perogordo, del PAN, coincidió: “El punto de acuerdo se queda corto…; que se investigue y encaso de que existan respuestas que se actúe”.
A renglón seguido llamó la atención sobre “la poca congruencia” de quienes presentan el punto de acuerdo y se“limitan a una cuestión parcial”. Sólo que el panista no se refería a lo que tiene que ver con Calderón o con su propio partido, sino que se preguntaba qué pasaba con Ulises Ruiz, con el “gober precioso”, con Arturo Montiel…
Cuando se habla de corrupción, asentaba Zapata Perogordo, tiene que haber congruencia, “por eso me impacta que pidan investigar funcionarios que no sean de su partido.”
Para que no quedara duda de su posición, remató: “Lo que no estamos dispuestos es a que pidan lo que no están dispuestos a hacer ustedes”.
Los terrenos, así, quedaban claramente definidos entre el PRI y el PAN.
Y el punto de acuerdo propuesto por los priistas, se aprobó por unanimidad.
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