Calderón dijo recientemente a empresarios extranjeros estar dispuesto a cambiar lo que no funciona, lo cual es falso. Ejemplo evidente es su política de seguridad, definitoria de su gobierno, que no solo no funciona sino nos ha llevado a una profunda crisis.
Obsesionado en que la derrota del crimen organizando se logrará básicamente con la fuerza militar, además de inconstitucional, ha causado graves daños a la población, victimizada, atemorizada, restringidas sus libertades, implica sometimiento a EU que exige que su guerra sea aquí; gasto desmesurado e ineficaz al sector castrense-policiaco, comprometiendo el desarrollo, restringiendo la inversión social, agudizando la pobreza, vivero del crimen.
Los daños pueden ser irreversibles: fractura social, generaciones sacrificadas y el peligro que representa siempre toda militarización, crecientes exigencias, más recursos, equipamiento pesado dependiente del exterior, espacios de poder, o el poder mismo, leyes de excepción; debilitamiento de las instituciones civiles, sin que el costoso “fortalecimiento y depuración” de la policía federal haya servido para garantizar la seguridad pública y regresar al ejercito a sus cuarteles.
Sobran análisis y expresiones del fracaso de esta estrategia, de la ONU, Derechos Humanos, expertos, la confesión de una alta autoridad norteamericana: “nos equivocamos, creíamos que bastaba imponer la ley” y básicamente reclamos multitudinarios de la propia población, pero Calderón no los escucha, los combate.
La actitud ante la marcha impulsada por el poeta Sicilia de Cuernavaca al Zócalo refleja la intolerancia del Presidente ante la crítica a su estrategia de seguridad. Simultáneamente a la marcha, Calderón multiplicó declaraciones desestimando al movimiento. En el Zócalo hubo numerosas participaciones: denuncias, reclamos de víctimas y lectura de un documento formal emplazando al Ejecutivo; último orador, Sicilia, previo al discurso, planteó la destitución de García Luna, Secretario de Seguridad, continuando con los temas del movimiento. El vocero del Presidente de inmediato contestó tajante, autoritario: “se mantendrá al funcionario, creador de una excelente policía”, aunque esté mayoritariamente reprobado (De las Heras). Los medios de comunicación electrónicos haciendo eco se centraron en la demanda del cese, descalificándola como si fuera un atrevimiento inaceptable y no un derecho ciudadano, omitiendo las denuncias y el documento central en el que se plantearon peticiones concretas al Presidente. El texto resume demandas de millones de mexicanos: modificar la estrategia anticrimen; cambiar el enfoque militarista y la estrategia de guerra; retiro del ejército de las tareas policiales; desarrollo de un modelo de seguridad alternativo; atacar la desigualdad social; reconstrucción del tejido social; destrucción de las redes de complicidad pública; combatir la corrupción y la impunidad; ataque frontal al lavado de dinero; atención urgente a la juventud; democratización de los medios electrónicos.
Los manifestantes solicitaron audiencia al Presidente para debatir públicamente los puntos planteados. Pese al intento de desvirtuar la marcha, alegando presencia de grupos descalificables o haberse introducido temas ajenos, todas las organizaciones reconocen el documento leído en al Zócalo: “Pacto por un México en Paz con Justicia y Dignidad”. Es un planteamiento integral del problema que nos amenaza a todos. Reconoce que la inseguridad, no se resuelve con capacidad de fuego del ejército incapaz para estos menesteres, es un problema social, económico, de pobreza y desempleo, de desigualdad intolerable, de corrupción, de impunidad.
Calderón tiene la oportunidad de argumentar públicamente, ser honesto y cambiar —como lo dijo— lo que no funciona, rescatar algo de su deplorable Gobierno, de ser demócrata escuchando y asumir su responsabilidad empeñado en trasladarla a otros, aunque sea en su ocaso, que aunque no lo crea, lo es.
mbartlett_dí az@hotmail.com
Ex secretario de Estado
Obsesionado en que la derrota del crimen organizando se logrará básicamente con la fuerza militar, además de inconstitucional, ha causado graves daños a la población, victimizada, atemorizada, restringidas sus libertades, implica sometimiento a EU que exige que su guerra sea aquí; gasto desmesurado e ineficaz al sector castrense-policiaco, comprometiendo el desarrollo, restringiendo la inversión social, agudizando la pobreza, vivero del crimen.
Los daños pueden ser irreversibles: fractura social, generaciones sacrificadas y el peligro que representa siempre toda militarización, crecientes exigencias, más recursos, equipamiento pesado dependiente del exterior, espacios de poder, o el poder mismo, leyes de excepción; debilitamiento de las instituciones civiles, sin que el costoso “fortalecimiento y depuración” de la policía federal haya servido para garantizar la seguridad pública y regresar al ejercito a sus cuarteles.
Sobran análisis y expresiones del fracaso de esta estrategia, de la ONU, Derechos Humanos, expertos, la confesión de una alta autoridad norteamericana: “nos equivocamos, creíamos que bastaba imponer la ley” y básicamente reclamos multitudinarios de la propia población, pero Calderón no los escucha, los combate.
La actitud ante la marcha impulsada por el poeta Sicilia de Cuernavaca al Zócalo refleja la intolerancia del Presidente ante la crítica a su estrategia de seguridad. Simultáneamente a la marcha, Calderón multiplicó declaraciones desestimando al movimiento. En el Zócalo hubo numerosas participaciones: denuncias, reclamos de víctimas y lectura de un documento formal emplazando al Ejecutivo; último orador, Sicilia, previo al discurso, planteó la destitución de García Luna, Secretario de Seguridad, continuando con los temas del movimiento. El vocero del Presidente de inmediato contestó tajante, autoritario: “se mantendrá al funcionario, creador de una excelente policía”, aunque esté mayoritariamente reprobado (De las Heras). Los medios de comunicación electrónicos haciendo eco se centraron en la demanda del cese, descalificándola como si fuera un atrevimiento inaceptable y no un derecho ciudadano, omitiendo las denuncias y el documento central en el que se plantearon peticiones concretas al Presidente. El texto resume demandas de millones de mexicanos: modificar la estrategia anticrimen; cambiar el enfoque militarista y la estrategia de guerra; retiro del ejército de las tareas policiales; desarrollo de un modelo de seguridad alternativo; atacar la desigualdad social; reconstrucción del tejido social; destrucción de las redes de complicidad pública; combatir la corrupción y la impunidad; ataque frontal al lavado de dinero; atención urgente a la juventud; democratización de los medios electrónicos.
Los manifestantes solicitaron audiencia al Presidente para debatir públicamente los puntos planteados. Pese al intento de desvirtuar la marcha, alegando presencia de grupos descalificables o haberse introducido temas ajenos, todas las organizaciones reconocen el documento leído en al Zócalo: “Pacto por un México en Paz con Justicia y Dignidad”. Es un planteamiento integral del problema que nos amenaza a todos. Reconoce que la inseguridad, no se resuelve con capacidad de fuego del ejército incapaz para estos menesteres, es un problema social, económico, de pobreza y desempleo, de desigualdad intolerable, de corrupción, de impunidad.
Calderón tiene la oportunidad de argumentar públicamente, ser honesto y cambiar —como lo dijo— lo que no funciona, rescatar algo de su deplorable Gobierno, de ser demócrata escuchando y asumir su responsabilidad empeñado en trasladarla a otros, aunque sea en su ocaso, que aunque no lo crea, lo es.
mbartlett_dí az@hotmail.com
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