Integrar de esta manera a los militares a las áreas de seguridad es una estrategia que se acordó en noviembre de 2010 entre autoridades federales, la Sedena y el gobierno estatal.
Es parte de un proceso de militarización que la ciudadanía ve con buenos ojos por la creciente inseguridad que se vive en el estado.
Por eso, la mayoría de los neoleoneses están de acuerdo en que la seguridad sea asumida por un general, el actual secretario de Seguridad Pública Jaime Castañeda Bravo, y que ingrese un grupo de militares a la Policía del Estado mientras se entrena a uniformados confiables.
El diputado local César Garza Villarreal dijo que mientras los “poliguachos” porten uniformes de policías, serán sometidos a los tribunales del fuero común ante cualquier exceso o violación de los derechos humanos que se presente.
Pero ni en los acuerdos de noviembre de 2010, ni en las reformas que se hicieron en 2008 a las leyes federal y estatal de seguridad sobre la profesionalización de los elementos para dignificar la carrera policiaca, se especifica lo que señala el diputado Garza Villarreal. Es un hueco legal que urge resolver.
Y es que un militar no deja de ser militar, a menos que renuncie al Ejército. Y en tal caso, nunca podrá reingresar a la institución castrense.
Por eso, aunque algunos generales ya están retirados, los militares de menor rango se siguen cuadrando ante ellos.
Siguiendo esta lógica, los “poliguachos” que participan en las Bases de Operación Mixta (BOM), en los filtros de seguridad, en el blindaje carretero y en los grupos antibloqueos, entre otras operaciones, todavía son soldados, por lo que se rigen por el Código Militar.
Esto quiere decir que si incurren en una violación de los derechos humanos, deben ser juzgados por su propio código, ya que al convertirse en policías, están cumpliendo órdenes de la propia Secretaría de la Defensa Nacional.
Al interior de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, hay quienes dicen que cuando estos militares llegaron a Monterrey, ni siquiera sabían a qué venían.
Agregan que incluso se había planteado que su estadía sería de dos meses, para luego ser reemplazados por un grupo que estaría dos meses más, mientras se graduaban nuevos policías estatales de la academia.
A pesar de que los militares llegaron en diciembre de 2010 a Nuevo León, fue hasta finales de enero cuando la Secretaría de Gobernación federal anunció en un escueto comunicado la participación de los “poliguachos” en las labores de seguridad estatales.
Todo se ha manejado con total hermetismo por parte de las autoridades, que pretenden evitar que se difunda la forma en que operan estos uniformados.
Porque se dice que, inicialmente, llegaron a cumplir una función específica a la que no dedicarían mucho tiempo: básicamente, hacer una “limpia” de delincuentes, para lo cual necesitarían hacer labores previas de reconocimiento del territorio y tareas de inteligencia con el C-5.
Una estrategia similar a las labores de contrainsurgencia que realizó el general Jaime Castañeda Bravo en el sur del país para controlar al Ejército Popular Revolucionario (EPR).
Militares en los municipios
La participación de militares en las áreas de seguridad municipales es una tendencia cada vez más común en Nuevo León.
Y es que ante la desconfianza que inspiran las corporaciones policiacas, la única opción viable son los militares, especialmente ahora que se libra una guerra entre cárteles y que parece haber una estrategia clara por parte de la Sedena.
Guadalupe es el caso más reciente. El nuevo titular de la Secretaría de Seguridad municipal es un militar retirado, el coronel de Infantería Enrique Alberto San Miguel Sánchez, quien llegó con tres elementos de apoyo.
El sargento primero Florencio Santos Hernández asumió como director de Policía; el capitán Alejandro Almazán Hernández fue nombrado coordinador del C4 y el capitán primero Hermelindo Aquileo Sánchez Castellanos ocupa el cargo de coordinador de Reclutamiento, Adiestramiento y Capacitación.
Y es que todo mundo sabe que Guadalupe es territorio de Los Zetas, y que antes de la llegada de estos militares, “operaban tranquilamente” (véase “El secuestro de las Alcaldías”, RIM 191).
El coronel San Miguel Sánchez llegó directo de la Dirección de Policía del municipio Benito Juárez, cuya cabecera es Cancún, Quintana Roo, otra ciudad asolada por Los Zetas y donde se dice que trabajan las “fuerzas especiales” de esta organización criminal.
Tal vez por eso, a un par de días de asumir el cargo San Miguel Sánchez, ocho de los diez mandos medios de la Secretaría de Seguridad de Guadalupe, renunciaron.
Aunque no fue aceptado el proyecto de la Asociación Civil Retomando la Seguridad porque propone crear una policía con ciertas características que coinciden con el sistema militar, ahora la apuesta de las autoridades es ceder la seguridad a los militares, para que los civiles se laven las manos.
También en García y Escobedo hay militares entrenando a policías, pero sin la estructura, ni el marco legal, ni la profesionalización que se requiere para que sus esfuerzos prosperen en un modelo que se siga aplicando.
Mientras tanto, se espera que la nueva Academia de Policía y las mejoras que se vienen gestando desde 2008, cuando se reformaron las leyes de seguridad, se concreten en una nueva policía, más profesional y confiable. Pero no se ve para cuando.
Y la estrategia de traer elementos castrenses para realizar labores de seguridad, que debería ser temporal, se está prolongando, con todos los riesgos que esto implica para los militares, los policías y, sobre todo, para los civiles.
Porque los primeros, en caso de ser cierto que serán juzgados como cualquier ciudadano, podrían terminar en la cárcel por hacer su trabajo, por cumplir la misión que la Sedena les encomendó.
Además, debido a que su estadía se prolonga y prevalecen las contradicciones que los mantienen entre lo militar y lo civil, podrían estar más expuestos a ser corrompidos, ya que no estarían sujetos al sistema militar.
Por lo que respecta a los policías estatales, en vez de dignificar su carrera, como urge que se haga, los están degradando al mandarles el mensaje de que debido a que ellos no pueden hacer el trabajo, los militares han tenido que tomar su lugar.
Por eso, como dice el diputado local César Garza, nadie quiere ser policía. De hecho, las autoridades estatales ya están empezando a reclutar elementos en otros estados.
Y, mientras tanto, los civiles se encuentran en medio de esta propuesta de seguridad que, además de que viola las garantías individuales y la legislación nacional e internacional, no cumple los plazos convenidos. Se mantiene la promesa del cambio estructural aplicando una recurrente solución de corto plazo.
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