Jorge Alejandro Medellín
1.- La ceremonia del Día del Ejército encabezada por el presidente Felipe Calderón en Tamaulipas el pasado 19 de febrero, no solo fue el marco para reconocer la labor de los militares en el combate contra el narcotráfico y el sacrificio de hombres y mujeres uniformados (y de civil) en esta dura y desgastante agenda.
2.- Fue, sobre todo, la confirmación de la estrategia de final de sexenio para cumplir con al menos una de las cuatro premisas o promesas u objetivos calderonistas en el combate al crimen organizado (preservar el estado de derecho, reconstruir el tejido social, garantizar la seguridad interior y recuperar los espacios arrebatados por el crimen organizado) en regiones como la noreste, en donde desde hace décadas el narco convivió con el priismo, lo dominó, lo hizo a su modo (por las buenas o por las malas), compartió espacios y luego se hizo de ellos en medio de una lucha entre cárteles.
4.- En Tamaulipas están asentadas la 7ª, 8ª y 12ª Zonas Militares, pertenecientes a la IV Región Militar. La entidad está dividida en 43 Municipios comprendidos en 6 Regiones (Huasteca, Cuenca Central, Franja Fronteriza, Llanos de San Fernando, Sierra de San Carlos y Sierra del Sudoeste).
Los 10 municipios de la Franja Fronteriza (Camargo, Díaz Ordaz Guerrero, Matamoros, Mier, Miguel Alemán, Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo y Valle Hermoso) están reventados por el control del Cartel del Golfo, por el surgimiento de los Zetas como brazo armado del CDG y luego por la guerra entre ambas organizaciones, enfrentadas por el control del estado y del corredor narco-económico y político del Golfo.
Es tierra minada, territorio de nadie, a pesar del despliegue policiaco, militar y naval que busca con todo rescatar esa franja gangrenada del país.
En los llanos y en la zona serrana tamaulipeca las cosas no son mejores. Se trata de regiones colindante con Nuevo León y Coahuila, convertidas también en campo de batalla, en corredor en disputa entre Zetas y CDG. Otra tierra prohibida dentro del país.
5.- En octubre de 2008, la Sedena entregó a algunos senadores el documento Panorama General del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en el que detallaba, con una apertura inusual, aspectos sobre la situación real de las fuerzas armadas mexicanas, comenzando por los problemas para formar a un sargento (considerado como la base primaria de la unidad militar a partir de la cual se va organizando y estructurando el desenvolvimiento de los soldados, la parte medular y más amplia del Ejército), pasando por el grave rezago salarial de la tropa, el problema de las deserciones, el equipo obsoleto, el material de vuelo atrasado, incompleto y costoso, y la necesidad de refundar al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos porque, de no hacer en cinco años, el deterioro será “irreversible”, advertía el General Guillermo Galván a los legisladores federales hace tres años.
6.- A esta delicada agenda la Sedena sumó la misión de ser la cabeza de playa para combatir al narco en todo el país. Con ello también amalgamó las exigencias de un blindaje jurídico a sus acciones, previniendo -con lamentable exactitud- que habría, como en toda confrontación con civiles de por medio, “daños colaterales” inevitables entre la ciudadanía.
7.- Ante estos hechos, analistas, catedráticos e investigadores y activistas de derechos humanos advirtieron sobre la inminente militarización de los cuerpos policiacos del país, principalmente en las zonas de mayor violencia y lucha entre cárteles y contra el Estado. Este escenario ha sido desoído y menospreciado una y otra vez por la clase política mexicana, más ocupada en los estertores de una guerra por la sucesión presidencial que por una cadena de batallas que están cercenando la gobernabilidad de México en varios puntos del territorio.
8.- La Militarización de la seguridad pública y sus consecuencias a corto y largo plazo han sido abordadas dentro y fuera de México como una de las consecuencias negativas de una estrategia equivocada que no solo sigue privilegiando al factor de choque policiaco-militar, sino que se empeña en mostrarle a los mexicanos y al extranjero que estas batallas constituyen la parte neurálgica de la guerra contra las drogas. Nada más falso y apropiado.
9.- Los riesgos de militarizar las instituciones policiacas en México son múltiples y tocan aspectos que van incluso más allá de la agenda antidrogas que les da origen. Estos son algunos escenarios al respecto:
- Atraso o estancamiento en la formación de nuevos cuadros policíacos.
- Rezago en la modernización de instituciones policiales debido a la entrada de militares ya sea como mandos o como parte de las corporaciones de combate a la delincuencia.
- Disparidad en la doctrina, métodos, tácticas, procedimientos y objetivos de seguridad en instituciones policiales militarizadas. La definición de metas y objetivos no es la misma y tampoco coincide con los estándares de seguridad y profesionalización del servicio.
- Al asumir funciones policiales y estar en contacto más estrecho con grupos de la delincuencia organizada, los militares se exponen a involucrarse en dinámicas de corrupción. En la actual administración alrededor de 200 militares están bajo proceso penal por vínculos con cárteles de la droga.
- Violaciones a los derechos humanos como resultado de la aplicación de métodos y formas de combate de tipo militar, no policial.
- Rispideces y desencuentros entre instituciones policiacas y tropas militares. Es de sobra conocido el divorcio que existe entre militares y policías en estados como Tamaulipas, Chihuahua, Sinaloa, Coahuila, Baja California, Sonora, Michoacán, Guerrero y Morelos, por citar algunos casos.
10.- En Tamaulipas, con un estado de fuerza policial de menos de 4 mil elementos, (entre estatales, municipales y ministeriales) el despliegue militar en las tres zonas y dos Guarniciones (Nuevo Laredo y Matamoros) y en el cuartel general ubicado en Monterrey, Nuevo León (bajo el mando del General Noé Sandoval Alcázar) era de 7,072 elementos hace poco más de tres años.
Trece generales, 157 Jefes, 827 Oficiales y 6 mil 075 de tropa componían la estructura operativa de la IV Región a la que en unos días de sumarán 4 batallones más, es decir, entre 2 mil y 2 mil 500 efectivos que apoyarán la estrategia de saturación de fuerzas, interoperabilidad de militares y policías y efectivos de la Marina y urgente “limpia” de cuerpos de seguridad para darle paso a un nuevo cuerpo anticrimen de corte civil, pero con principios, doctrina y adiestramiento castrenses.
11.- El nuevo escenario se anunció en medio de mejoras salarias para la tropa y oficiales, más prestaciones sociales y de salud, becas y pensiones de por vida a los familiares caídos en combate al arco y la compra de material aéreo, de vehículos artillados, de visores nocturnos, guantes, chalecos tácticos y chalecos blindados nuevos para suplir el caduco y riesgoso equipamiento con el que han venido jugándose la vida los soldados contra cárteles mejor armados.
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