Devolución

TOLVANERA

Roberto Zamarripa

Un funcionario del Primer Círculo de la Presidencia de la República (PCP) confió en una plática privada hace algunos años (2007) que un amigo suyo que tenía un importante restaurante en el Puerto de Veracruz había sido amenazado por un capo del crimen organizado. El capo lo llevó a la fuerza a un rancho aledaño para advertirle que si no le respetaba la mesa principal de su negocio, se atendría a las consecuencias.

El restaurantero cerró su comercio y aportó a su amigo funcionario santo y seña del centro de operación del capo. Entonces se le preguntó al funcionario si tras conocer ese testimonio había reportado el incidente a alguna dependencia de seguridad. El funcionario dijo que no porque eso podría costarle la vida a su amigo...y a él también.

Dicho funcionario es uno de los beneficiarios del Bono de Riesgo que da cientos de miles de pesos a quienes, según la normatividad impuesta, arriesgan su vida, como miembros del PCP.

La Señora Marisela Escobedo no era integrante del PCP, por tanto su conducta era diferente. Es conocida su historia. Ante la impunidad por el asesinato de su hija, no cerró la boca y tuvo que entregar al asesino ante las autoridades pero los jueces lo dejaron en libertad a pesar de la autoconfesión del homicidio. La señora Marisela no se arredró y logró reabrir el juicio, volvió a ubicar al asesino, y ante la falta de respuesta y desdén de las autoridades, instaló un plantón en el Palacio de Gobierno de Chihuahua. Fue asesinada la noche del pasado jueves.

El funcionario del PCP cobró puntualmente su Bono de Riesgo por su silencio. La Señora Marisela fue sepultada casi a escondidas porque los homicidas quieren acabar con toda la familia.

El asesinato de la Señora Marisela es una brutal respuesta a cualquier convocatoria para que los ciudadanos actúen frente a la impunidad.

Tras el asesinato de la Señora Escobedo, la primera reacción del Gobernador César Duarte -quien como Jefe de la Cámara de Diputados poco hizo por abatir la criminalidad en Chihuahua- fue pedir el desafuero de los jueces. No tiene intención alguna de ir contra su antecesor Reyes Baeza; no parece preocupado por limpiar la Procuraduría estatal y las policías locales. El manotazo contra el Poder Judicial puede aplaudirse desde la perspectiva de la rabia que da el rememorar cómo frescamente un trío de juzgadores dejan libre a un asesino, como lo han hecho otros jueces en su soledad con otros asesinos, narcotraficantes, lavadores de dinero o banqueros estafadores.

Pero el homicida en cuestión no hubiera llegado a ese juicio sin el esfuerzo de la Señora Marisela, quien una y otra vez fue descalificada en su peregrinar hasta por los propios funcionarios del actual Gobierno de Duarte. Vaya cara dura: el asesinato de Doña Marisela fue afuera de la oficina de Duarte, supuestamente de las más vigiladas de la entidad.

Ciudadanizar no es suplantar al Estado sino obligar a los funcionarios públicos (de los Tres poderes) a cumplir con la ley. Ciudadanizar no significa reducir más las garantías ni suprimir facultades de los Poderes.

Las expresiones ciudadanas contra la impunidad seguirán emergiendo a pesar de los temores impuestos por el crimen y las autoridades cómplices. Los ciudadanos rebaten y toman en sus manos lo que la autoridad no puede o abandona. Las respuestas parecen insólitas pero se convierten en rutinarias. Las mantas por la paz son descolgadas inmediatamente por la autoridad; los ciudadanos que actúan son abandonados a su suerte; la señora Wallace llegó casi hasta el final después de ser descalificada y estigmatizada; Marisela Escobedo fue asesinada.

¿Cómo piensan devolverle la confianza al ciudadano? Hay mucho, demasiado, por hacer en ese sentido. Una política pública de seguridad sin consenso está destinada al fracaso. Una política de seguridad que no tome en cuenta la voz y necesidades de la comunidad, irá como tantos muertos a la fosa común. Una política que se preocupe más por suprimir garantías ciudadanas que por conservarlas y ampliarlas, no tiene futuro.

A los testigos criminales se les paga su protección y se les reduce su pena por sus chismes, que al final salpican sólo a los enemigos del grupo en el Gobierno. A los ciudadanos inermes, agraviados, que entregan santo y seña de los asesinos se les abandona...y ahora se les asesina.

Debe haber mínimas muestras de sensibilidad que corrijan un largo camino para el reencuentro de Gobiernos con gobernados. Si en Chihuahua no lo hacen, bien pueden hacerlo en el Distrito Federal. Que renuncien a su Bono de Riesgo los que no están en la trinchera de la batalla. Que devuelvan lo devengado y lo aporten a un fondo ciudadano para las víctimas de esta Guerra. No es mucho pedir. Es menos oneroso que solicitar un Bono para cada mexicano que no está en el PCP.