Deformes, ¿sin remedio?
Julio César se cansó de ser un hombre de bien y, ahora, empieza a convencerse de que la clave es operar al margen de la ley. Por años pensó que el Estado lo protegería, sin embargo, un atropello irreparable lo transformó y hoy piensa que en México la justicia es una quimera y que las reglas del juego son la componenda política, el tráfico de influencias, la impunidad…
Esta manifestación responde a un fenómeno que ha capturado a buena parte de la sociedad mexicana, que es intangible pero que es una sensación que perturba a muchas mentes: el desconocimiento hacia las instituciones del Estado.
Ésta no es una consigna. De acuerdo con la opinión de analistas políticos, en estos momentos, y en medio del llamado del Presidente de la República a tejer un pacto político y exhortar a la ciudadanía a ser parte de la construcción democrática, las instituciones se encuentran en una etapa de deconstrucción, descomposición, causada por añejos vicios como el encubrimiento, la corrupción, la politización de la justicia, entre muchos otros.
En consecuencia, las instituciones –que podrían representarse como ese árbol perenne que fortalece el pacto social y es la raíz de un sistema democrático– se desarticulan y se convierten en cotos de poder que no necesariamente preservan y defienden los intereses de las mayorías.
Los expertos son categóricos:
“La falta de confianza institucional, fundamental para las democracias, es una realidad. Por eso, si no hay confianza, las instituciones no tienen legitimidad y, por lo tanto, pueden no ser lo suficientemente efectivas para ejercer las sanciones que pueden instrumentar cuando los actores no se apegan a ellas”, sostiene Gustavo López Montiel, catedrático del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Campus Ciudad de México.
“La naturaleza de las instituciones se ha desvirtuado con los años. Antes, durante los sexenios priístas, fueron utilizadas solamente para trabajar como represores de movimientos sociales y nunca a favor de la población. Después, con el panismo en el poder, perdieron sentido y dejaron de ser instrumentos promotores del Estado de derecho”, acusa el politólogo José Antonio Crespo.
Así, el principal impacto de ello es el desprecio y la desconfianza que, a la postre, fomenta la informalidad y un caldo de cultivo que inevitablemente lleva al desgaste y al rompimiento del tejido social.
Ante esas circunstancias, los expertos ubican sólo una salida: que los políticos involucionen, regresen a sus orígenes, construyan –sin demagogia de por medio– un pacto para reconstruir a las instituciones; al tiempo que la ciudadanía tendría que presionar para generar un contexto de exigencia en pro de la rendición de cuentas, el buen gobierno, la participación ciudadana en la cosa pública…
¡JUSTICIA!
Yeye fue una víctima del Estado. Apenas iba a cumplir tres años de edad, cuando un chispazo acabó con su vida y la de 48 de sus compañeros. Él era uno de los niños que perdió la vida en el trágico incendio en la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora, el 5 de julio de 2009.
El fuego no sólo consumió la vida de este pequeño. También provocó un efecto colateral en su padre, Julio César Márquez, quien hasta ahora sigue preguntándose por qué los políticos de este país piensan que la solución a todos los males es la retórica, los discursos lastimeros, y no la aplicación de la ley, la transparencia y el ejercicio del buen gobierno.
Este día, Julio César sigue esperando una respuesta del Estado por la muerte de su hijo. Hasta la fecha, sólo ha recibido una condolencia presidencial, pero el daño está hecho: siente impotencia, rabia, miedo y desconfianza hacia las instituciones que fueron erigidas para brindarle seguridad, protección y confianza.
“Pareciera que para alcanzar la justicia hay que ir en contra de las instituciones”, suelta Julio César Márquez, quien lamenta que instituciones como la Procuraduría General de la República (PGR) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no hayan podido aplicar la justicia, a favor de un pueblo sediento de ella.
El papá de Yeye, cansado de las interminables excusas de políticos, diputados y funcionarios para hacer valer la justicia, ha perdido la fe en las instituciones; sin embargo, su siguiente paso –junto con el resto de los padres que perdieron a sus hijos en esa tragedia– será recurrir a los organismos internacionales para castigar a los responsables. En otras palabras: se aferra a pensar en que la justicia sí existe, en algún lado, pero existe.
Históricamente, las instituciones están hechas para dotar de gobernabilidad a una nación. Su misión, en esencia, es dotar de seguridad a los ciudadanos. Por eso, la pregunta no es baladí: ¿Qué pasó con las instituciones en México?
José Antonio Crespo tiene una explicación: las instituciones no han funcionado adecuadamente porque siempre se han concebido como cotos de poder o como mecanismos de control ante la “insubordinación social”. Ello pasó con los regímenes priístas, que las utilizaban para silenciar a los movimientos disidentes al oficialismo; mientras que los gobiernos panistas han intensificado su descomposición por su absoluto desconocimiento a gobernar.
“Con la llegada de Vicente Fox a la Presidencia, y hasta la fecha, lo único que se ha hecho es agitar el avispero incrementando la situación de riesgo de los gobernados y reduciendo considerablemente los márgenes de seguridad en el país”, acusa.
SALVAJISMO, NO
Recientemente, Felipe Calderón –a través de varios mensajes trasmitidos en cadena nacional– lanzó varios dardos a la audiencia que provocaron una lluvia de emociones. En ellos, pidió: un pacto político para contrarrestar la parálisis de la agenda y mayor participación de la ciudadanía frente a los grandes males de estos tiempos (el narcotráfico).
Al respecto, los especialistas manifiestan que el Presidente, lejos de ganar seguidores con este llamado, atiza la incertidumbre social, ya que la ciudadanía –a la que le pide asumir su responsabilidad en la lucha contra el crimen organizado– no pidió participar en esta guerra sin cuartel, situación que fractura la relación entre el Estado y sus gobernados.
Gustavo López Montiel, del ITESM, dice que el Presidente puede pedir lo que considere a la sociedad, el problema es que ello sirva para delegar una responsabilidad que no le corresponde a ésta pues la base de la unión Estado-sociedad radica en que los ciudadanos renunciaron a su capacidad de ejercer violencia sobre los demás y otorgó esa facultad al Estado, pero si éste no puede utilizar esa capacidad de manera eficiente para generar seguridad, entonces la base se rompe. “Al no cumplir con su obligación de proveer seguridad a sus gobernados, principal razón de existencia del Estado moderno y cimiento del contrato social, el resto de sus acciones no tiene sentido”.
Ante esta circunstancia, en México ocurren con mayor frecuencia los casos de personas o grupos que ante la falta de respuesta y acción de parte de las instituciones deciden participar de una manera más activa en la búsqueda de soluciones. Incluso, se han registrado episodios donde la ciudadanía aplica la justicia con su propia mano y hasta se han conocido casos donde las propias autoridades sugieren la creación de una especie de “escuadrones de la muerte” para enfrentar a las mafias del crimen organizado (como es el caso de Mauricio Fernández, alcalde de San Pedro Garza, Nuevo León).
Como sea, se han dado casos aleccionadores y uno de ellos es el de Isabel Miranda de Wallace, quien ante la muerte de su hijo Hugo a mano de sus secuestradores y la falta de apoyo de las autoridades, suplantó las funciones de las instituciones para encontrar justicia. A la distancia, logró la captura de cinco de las personas involucradas en el rapto.
Así, la presidenta de la asociación Alto al Secuestro detalla que su labor consiste en someter al escrutinio público los actos de impunidad, corrupción o falta de acción de quienes bloquean la justicia. Además, involucrarse en la elaboración de leyes dejando atrás la filosofía de “papá gobierno”, pues eso fomenta una variable importante en el desempeño de las autoridades.
“Yo realice esta labor al margen de las autoridades porque no se le dio seguimiento al caso (de secuestro) de mi hijo. Lo hice con mis propios recursos aún cuando al Estado le correspondía la responsabilidad de encontrar y castigar a los culpables”, menciona.
La historia de Isabel Miranda de Wallace es luminosa, ya que habla de la persistencia de una ciudadana que no baja los brazos ante la indiferencia de las autoridades, sin embargo, los analistas advierten que la proliferación excesiva de organizaciones no gubernamentales pone al descubierto el clima de insatisfacción e ingobernabilidad que domina en el país, situación que podría dar lugar a la “suplantación” de las instituciones.
“El gobierno falla y sigue fallando”, dice el activista social Daniel Gershenson, quien ha seguido de cerca el tema de la Guardería ABC y le ha dado difusión a través de la red social Twitter. En su opinión, el discurso adoptado por el gobierno para que el ciudadano acate sus decisiones es “atractivo y adornado”, pero no menciona un tema de fondo: la carencia de los ciudadanos de instrumentos reales para involucrase en decisiones políticas y obtener justicia, en lo que define como el “apartheid jurídico”, donde el dinero y las influencias se consolidan como la llave para acceder a la justicia.
CAMBIO DE HÁBITOS
¿Cómo dar el giro de 180 grados?
Federico Berrueto, director general del Gabinete de Comunicación Estratégica, manifiesta que, tarde o temprano, la clase política tendrá que transformarse, ya que la sociedad está más informada y la rendición de cuentas es una exigencia que no se la llevará el viento. En ese sentido, proyecta que inevitablemente tendrá que generarse un ambiente de certidumbre, respeto y gobernabilidad.
Por ello, coinciden los expertos, es crucial para las instituciones del país que los intereses políticos dejen de mezclarse con sus labores, ya que estos en todo momento ponen en tela de juicio las capacidades que tienen para poder desempeñarse y aprovechan las lagunas normativas para imponer sus propias reglas, las cuales obedecen a sus intereses y no a los del país en su conjunto.
Daniel Gershenson, que también forma parte de la organización Al Consumidor, considera que es necesario formar ciudadanos participativos, informados, críticos y organizados, por lo que se frota las manos ante la aprobación de la ley secundaria de reglamentación de la Ley de Acciones Colectivas, actualmente adoptada por 18 estados, pues ello permitirá que la legalidad, la responsabilidad y la ética de empresarios, gobierno y ciudadanos sean la regla y no la excepción, ya que proporcionaría la forma de realizar acusaciones como grupo y no librar una batalla de uno contra una empresa o institución, con lo que se fomentaría la denuncia y se combatiría la corrupción.
Por su parte, Gustavo López Montiel opina que la sociedad es un actor político que hace contrapeso al resto de los actores y si ésta no se organiza es más fácil para los demás dominar los espacios de decisión y alinear los cursos de acción a sus propios intereses. “Cuando la sociedad es capaz de ubicarse como un contrapeso eficiente, permite la consolidación de las instituciones o la modificación de aquellas que no funcionan porque los actores políticos tienen menos margen de acción para manipularlas”.
En tanto, Isabel Miranda considera que una esperanza sería la aprobación de las candidaturas ciudadanas pues con ellas podrían surgir actores que no sean “solapadores de malas políticas públicas”. Además de que la sociedad se involucraría más en el acontecer nacional.
Con estas consideraciones en la mesa, el marco institucional de México está viviendo uno de sus peores momentos, pero su circunstancia podría cambiar, siempre y cuando se ejecutara una maniobra que para algunas conciencias podría ser inconcebible, pero que finalmente fomentaría la gobernabilidad de largo aliento: una nueva convivencia política, que no cobrara facturas y que reconociera el desarrollo social como su leitmotiv.
No hay comentarios:
Publicar un comentario