Jorge Alejandro Medellín
Ya se fue el primero de los Generales, en medio de rumores, versiones sobre choques con el gobierno estatal al que servía y entre escenarios de enrarecimiento y mayor crudeza del narco en el norte del país.
Su salida intempestiva es parte de los saldos de una guerra oculta que la Defensa Nacional libra en un silencio cada vez menos claro en contra de fuerzas enquistadas dentro y fuera del gobierno federal, primero, y estatal después.
En este espacio mencioné el 24 de diciembre, en la columna “Se van los generales…” que tres Divisionarios del Ejército Mexicano estaban haciendo maletas para dejar sus cargos como titulares de Seguridad Pública en distintos estados y municipios del país.
Uno de ellos, el General de División Ricardo Andriano Morales, quien ocupaba el cargo como titular de Seguridad Pública en Durango, se fue el pasado fin de semana en medio de una tormenta mediática (que comienza a crecer) y operativa, es decir, real, que tiene dos escenarios en los que el crimen organizado se sigue ocultando detrás de las estructuras del poder policiaco y fáctico del país.
El General Andriano, un Dragón retirado (de Caballería) con amplia Hoja de Servicios y un paso por diversas direcciones a lo largo de su carrera (Dir. Gral. del Arma Blindada, mayo 1992-mayo 1993; Dir. Gral. de Caballería, mayo 1993-ocrubre 1993, y Dir. Gral. de Archivo e Historia, mayo 1998-mayo 1999, entre otras), y por el Colegio de Defensa Nacional en su primera Generación de 1982, tuvo desde el inicio una llegada sinuosa al cargo.
El General Andriano Morales se desempeñó además como Comandante de la Sexta Región Militar con sede en Veracruz, además de Comandante de Zona en diversos estados del país.
Hasta hace unos meses era el Coordinador de Vialidad, Seguridad y Protección Civil de la Central de Abastos del Distrito Federal, cargo en el que estuvo acompañado desde 2007 de otro general, Juan Carlos pacheco (Subgerente de Supervisión y Vialidad), del Mayor de Caballería José Antonio González Camacho (Subgerente de Supervisión y Vigilancia) y del Capitán Mario Cruz Espinosa (Subgerente Administrativo).
Para que ocupara la cartera como Secretario de Seguridad Pública en Durango fue necesario reformar las leyes del estado, modificando el articulado para que el militar en retiro accediera al cargo en septiembre de 2009.
La legislación estatal señalaba claramente que para ser titular de la SSP en la entidad, se debía ser oriundo de Durango o tener al menos seis años de residencia en la entidad, además de ser licenciado en Derecho. El General Andriano no cumplía con ninguno de los requisitos. La molestia de los legisladores estatales no logró detener la llegada del militar, quien fue avalado por el gobernador apoyado en la trayectoria y la hoja de servicios del militar.
El 4 de septiembre el gobernador del Estado, Ismael Hernández Deras, designó al General de Ricardo Andriano Morales, como nuevo Secretario de Seguridad Pública en la entidad.
Menos de seis meses después del nombramiento, el militar renunciaba tras una serie de complicaciones y escándalos en su administración, que fueron desde la detención de su jefe de escoltas, José Ángel Delgado Salinas, en calles de la capital luego de protagonizar un escándalo en la vía pública, ebrio y disparando su arma de cargo.
A la par de este tipo de complicaciones, la corrupción policiaca en la entidad y la presión del cartel del Golfo y de células de los Zetas iniciaron una escalada de violencia, levantones y ejecuciones de civiles y uniformados que cimbró al estado.
Las cosas no quedaron ahí. Andriano y su equipo más cercano comenzaron a sentir la huella del narco muy cerca, tanto que debieron salir del estado para que otros militares encubiertos llegaran a Durango y determinaran quién y cómo estaban haciéndole marcaje personal al general.
Los roces con el gobernador Ismael Hernández crecieron de tono así como las confrontaciones con los diputados locales, quienes le recriminaron el Ejecutivo estatal haber nombrado a Andriano, de quien siempre tuvieron dudas para desempeñarse en el cargo.
Lo cierto es que el General Andriano Morales enfrentaba una gran presión y cuando buscó el apoyo del Secretario de la Defensa Nacional (SEDENA), el General Guillermo Galván, lo que encontró fue una dura respuesta y las dos opciones del sexenio: aguántese o renuncie.
Ya sabemos lo que sucedió en Durango.
Los otros dos generales que llevan horas extras en sus cargos son Gonzalo Miguel Adalid Mier titular de Seguridad Pública en el Municipio de San Pedro Garza García, Monterrey, y Juan Heriberto Salinas Altés, secretario de Seguridad Pública en el estado de Guerrero unas semanas después de la llegada del gobernador Zeferino Torreblanca.
Altés llegó a Acapulco directamente de la Comandancia de la Tercera Región Militar en Mazatlán, Sinaloa, de donde salió en cuestión de días ya como Divisionario en retiro y listo para asumir su nuevo cargo.
Con o sin Salinas Altés, el estado de Guerrero, el puerto de Acapulco y otras ciudades importantes siguen siendo escenario de ajustes de cuentas, ejecuciones, levantones, secuestros, extorsiones y una ofensiva constante hacia organizaciones indígenas y campesinas de la sierra, así como de grupos defensores de los derechos humanos.
Zetas y Pelones se disputan con la gente de los Beltrán Leyva la posesión de Acapulco, Petatlán, Coyuca, Altamirano, Filo de Caballos, Filo Mayor, Chilpancingo e Iguala como bastiones para sus operaciones de protección hacia las costas del estado.
Altés, enfrenta además de una nueva oleada violenta, acusaciones sobre presuntos fraudes por 360 millones de pesos en la asignación de contratos para construir 21 comandancias de policía en la entidad.
También ha debido enfrentar el enojo de la SEDENA por los levantones y ejecuciones de militares y marinos que realizaban labores de inteligencia y que han terminado decapitados o apuñalados en carreteras o frente a bases castrenses en los últimos tres años.
El General Adalid Mier vive situaciones similares, pero sujeto a presiones distintas porque en los últimos días la presión de los operadores de los Beltrán Leyva se disipó, pero dio paso a nuevas extorsiones y amenazas de los Zetas en Nuevo Léon como parte de su estrategia para hacerle confrontar al gobierno federal y al estado.
Adalid ya perdió a uno de sus incondicionales en un levantón que sigue sin aclararse. También recurrió a la SEDENA para conseguir reforzamiento en inteligencia militar. Obtuvo también las dos opciones.
En tanto, al General Secretario parecen cerrársele las opciones y le campo de acción ante la batida de grupos externos que avivan el fuego interno en el Ejército, de por sí alimentado por los excesos y fracasos (Operación Conjunta Chihuahua) y por complicaciones y corruptelas que ponen en tela de juicio la efectividad de una secretaría que en estos tres años ha visto crecer su presupuesto (siempre insuficiente) a cambio de resultados a fondo y de largo plazo que en nada han modificado la estructura, presencia, operación y complejidad del narcotráfico en México.
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