Del Correo:
14 de noviembre de 2009
Los enemigos de la libertad no discuten: gritan y disparan.
William Ralph Inge
Los recientes nombramientos de los titulares de la PGR, Arturo Chávez Chávez, y de la
CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, ambos personajes cercanos a Felipe Calderón,
apuntan peligrosamente al incremento de las violaciones a los Derechos Humanos en
México.
Chávez Chávez, propuesto por Calderón, fue postulado en medio de graves
señalamientos ante su ejercicio en diversos cargos de la Procuraduría de Chihuahua, por
la destrucción y el ocultamiento de evidencias en torno a las “muertas de Juárez” y otros
casos de delincuencia y represión. En su momento, diversas instancias de Derechos
Humanos nacionales e internacionales solicitaron su remoción y hasta enjuiciamiento.
Arturo Chávez colaboró en el bufete jurídico que encabezan Diego Fernández de
Cevallos y Antonio Lozano Gracia. A pesar de estos antecedentes, fue ratificado por las
bancadas del PRI, del PAN y Partido Verde en el Senado bajo pueriles argumentos.
Jesús Murillo Karam incluso mencionó que dejan “en Felipe Calderón la
responsabilidad del desempeño de Chávez Chávez”…
Raúl Plascencia, por su parte, ha sido cuestionado por su abierta filiación antiabortista.
Como visitador de la CNDH no atendió debidamente los casos relacionados con las
“muertas de Juárez”. Fue elegido —por mayoría de votos de senadores del PRI y del
PAN— desechando las candidaturas de personajes de reconocida probidad y
compromiso en la defensa de los derechos humanos, como el General José Francisco
Gallardo Rodríguez, Emilio Álvarez Icaza, ex titular de la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal y Luis Raúl González Pérez, abogado general de la
UNAM. El propio Plascencia declaró ante los Senadores, en una frase desafortunada, la
evidencia del continuismo que denunciara la Senadora Rosario Ibarra de Piedra: “la
única diferencia entre Soberanes y yo, es la edad”. Recordemos que José Luis
Soberanes apoyó la tesis de Felipe Calderón en el sentido de que la señora Ernestina
Ascención Rosario, anciana de Zongolica, Veracruz —aparentemente violada por
efectivos militares—, había muerto a consecuencia de una “gastritis mal cuidada”.
Además del retroceso que se evidencia en contra de los derechos de las mujeres, estos
dos nombramientos ponen de relieve la subordinación de tan importantes cargos al
Ejecutivo Federal. Ya hemos recibido incontables muestras de violaciones a los
derechos humanos y a las garantías individuales en nuestra patria, desde el ascenso de
Calderón al poder. Castaños (Coahuila), Atenco, Ciudad Juárez, Oaxaca, el caso Lydia
Cacho, el caso Zhenli Ye Gon, el ametrallamiento de civiles en los distintos retenes
militares del país, las mujeres queretanas acusadas de “secuestrar” a seis AFI’s, las
niñas triquis ultimadas en una radio comunitaria, el asesinato de 27 periodistas durante
este sexenio, la tortura ejercida por los policías en León, Guanajuato, el despido
injustificado de 44 mil trabajadores de Luz y Fuerza…
Fuentes muy confiables me han comentado que en los próximos meses el PAN intentará
revivir el dictamen de abrogación de la Ley de Neutralidad, alegando su obsolescencia.
Dicha ley —conformada por tan sólo cinco artículos— prohíbe expresamente la
instalación de bases militares extranjeras en territorio nacional, así como el
apostamiento de submarinos, buques, portaaviones o aeronaves de guerra extranjeros en
el territorio mexicano. El gobierno norteamericano ha invertido mil cuatrocientos
millones de dólares en el Plan Mérida, mismos que en cierto momento, el Congreso
norteamericano estuvo a punto de suspender, por los informes recibidos en torno a la
violación de los derechos humanos en nuestro país.
Sin embargo y a pesar de tan graves evidencias del incumplimiento de este gobierno en
dicha materia, se perfila en el escenario político otra perspectiva todavía más
preocupante.
Es de todos sabido que el gobierno calderonista no ha cejado en su empeño por
privatizar, a favor de los inversionistas extranjeros, el petróleo mexicano. Se sabe desde
1985 que abajo del ejido Pichucalco, en plena Selva Lacandona, existe un gran manto
petrolífero de alta calidad, que el gobierno no ha dado a conocer. Por supuesto que los
habitantes de esas zonas, incluyendo al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
(EZLN) constituyen entonces un estorbo para los planes entreguistas de este régimen.
La fuerza principal del EZLN radica en su capacidad de evidenciar las falacias del
gobierno ante la opinión pública, o dicho en palabras del Subcomandante Insurgente
Marcos: “…un gobierno muy sensible a su imagen, a la mentira que había logrado
construir. Nosotros logramos arrancarle la capucha…”
Con el organismo de derechos humanos a favor del gobierno, la PGR podría poner en
marcha la “Iniciativa Cheney” en Chiapas, arguyendo la “lucha contra el narcotráfico”
—de hecho ya lo hizo cuando supuestamente capturó al “Chapo” Guzmán en territorio
guatemalteco— o cualquier otro pretexto, aunque en los hechos comience a atacar los
bastiones zapatistas y a cometer atropellos contra la población civil que apoya a los
“rebeldes”. Masacrar sin testigos, como es la usanza de los traidores.
http://www.jornada.unam.mx/2009/11/14/index.php?section=politica&article=014n1pol
¿Qué perspectivas se abren a partir de la ratificación de estos dos personajes en puestos
clave de la defensoría del pueblo? Quién sabe, pero es seguro que ninguna optimista.
Está llegando la hora en que, a falta de instituciones capaces y honestas, tengamos que
velar por la Nación. Sólo el pueblo puede salvar al pueblo.
14 de noviembre de 2009
Los enemigos de la libertad no discuten: gritan y disparan.
William Ralph Inge
Los recientes nombramientos de los titulares de la PGR, Arturo Chávez Chávez, y de la
CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, ambos personajes cercanos a Felipe Calderón,
apuntan peligrosamente al incremento de las violaciones a los Derechos Humanos en
México.
Chávez Chávez, propuesto por Calderón, fue postulado en medio de graves
señalamientos ante su ejercicio en diversos cargos de la Procuraduría de Chihuahua, por
la destrucción y el ocultamiento de evidencias en torno a las “muertas de Juárez” y otros
casos de delincuencia y represión. En su momento, diversas instancias de Derechos
Humanos nacionales e internacionales solicitaron su remoción y hasta enjuiciamiento.
Arturo Chávez colaboró en el bufete jurídico que encabezan Diego Fernández de
Cevallos y Antonio Lozano Gracia. A pesar de estos antecedentes, fue ratificado por las
bancadas del PRI, del PAN y Partido Verde en el Senado bajo pueriles argumentos.
Jesús Murillo Karam incluso mencionó que dejan “en Felipe Calderón la
responsabilidad del desempeño de Chávez Chávez”…
Raúl Plascencia, por su parte, ha sido cuestionado por su abierta filiación antiabortista.
Como visitador de la CNDH no atendió debidamente los casos relacionados con las
“muertas de Juárez”. Fue elegido —por mayoría de votos de senadores del PRI y del
PAN— desechando las candidaturas de personajes de reconocida probidad y
compromiso en la defensa de los derechos humanos, como el General José Francisco
Gallardo Rodríguez, Emilio Álvarez Icaza, ex titular de la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal y Luis Raúl González Pérez, abogado general de la
UNAM. El propio Plascencia declaró ante los Senadores, en una frase desafortunada, la
evidencia del continuismo que denunciara la Senadora Rosario Ibarra de Piedra: “la
única diferencia entre Soberanes y yo, es la edad”. Recordemos que José Luis
Soberanes apoyó la tesis de Felipe Calderón en el sentido de que la señora Ernestina
Ascención Rosario, anciana de Zongolica, Veracruz —aparentemente violada por
efectivos militares—, había muerto a consecuencia de una “gastritis mal cuidada”.
Además del retroceso que se evidencia en contra de los derechos de las mujeres, estos
dos nombramientos ponen de relieve la subordinación de tan importantes cargos al
Ejecutivo Federal. Ya hemos recibido incontables muestras de violaciones a los
derechos humanos y a las garantías individuales en nuestra patria, desde el ascenso de
Calderón al poder. Castaños (Coahuila), Atenco, Ciudad Juárez, Oaxaca, el caso Lydia
Cacho, el caso Zhenli Ye Gon, el ametrallamiento de civiles en los distintos retenes
militares del país, las mujeres queretanas acusadas de “secuestrar” a seis AFI’s, las
niñas triquis ultimadas en una radio comunitaria, el asesinato de 27 periodistas durante
este sexenio, la tortura ejercida por los policías en León, Guanajuato, el despido
injustificado de 44 mil trabajadores de Luz y Fuerza…
Fuentes muy confiables me han comentado que en los próximos meses el PAN intentará
revivir el dictamen de abrogación de la Ley de Neutralidad, alegando su obsolescencia.
Dicha ley —conformada por tan sólo cinco artículos— prohíbe expresamente la
instalación de bases militares extranjeras en territorio nacional, así como el
apostamiento de submarinos, buques, portaaviones o aeronaves de guerra extranjeros en
el territorio mexicano. El gobierno norteamericano ha invertido mil cuatrocientos
millones de dólares en el Plan Mérida, mismos que en cierto momento, el Congreso
norteamericano estuvo a punto de suspender, por los informes recibidos en torno a la
violación de los derechos humanos en nuestro país.
Sin embargo y a pesar de tan graves evidencias del incumplimiento de este gobierno en
dicha materia, se perfila en el escenario político otra perspectiva todavía más
preocupante.
Es de todos sabido que el gobierno calderonista no ha cejado en su empeño por
privatizar, a favor de los inversionistas extranjeros, el petróleo mexicano. Se sabe desde
1985 que abajo del ejido Pichucalco, en plena Selva Lacandona, existe un gran manto
petrolífero de alta calidad, que el gobierno no ha dado a conocer. Por supuesto que los
habitantes de esas zonas, incluyendo al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
(EZLN) constituyen entonces un estorbo para los planes entreguistas de este régimen.
La fuerza principal del EZLN radica en su capacidad de evidenciar las falacias del
gobierno ante la opinión pública, o dicho en palabras del Subcomandante Insurgente
Marcos: “…un gobierno muy sensible a su imagen, a la mentira que había logrado
construir. Nosotros logramos arrancarle la capucha…”
Con el organismo de derechos humanos a favor del gobierno, la PGR podría poner en
marcha la “Iniciativa Cheney” en Chiapas, arguyendo la “lucha contra el narcotráfico”
—de hecho ya lo hizo cuando supuestamente capturó al “Chapo” Guzmán en territorio
guatemalteco— o cualquier otro pretexto, aunque en los hechos comience a atacar los
bastiones zapatistas y a cometer atropellos contra la población civil que apoya a los
“rebeldes”. Masacrar sin testigos, como es la usanza de los traidores.
http://www.jornada.unam.mx/2009/11/14/index.php?section=politica&article=014n1pol
¿Qué perspectivas se abren a partir de la ratificación de estos dos personajes en puestos
clave de la defensoría del pueblo? Quién sabe, pero es seguro que ninguna optimista.
Está llegando la hora en que, a falta de instituciones capaces y honestas, tengamos que
velar por la Nación. Sólo el pueblo puede salvar al pueblo.
Luis Martín Ángeles L.
luiz21_eng@hotmail.com
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