Por Ramón Alberto Garza
05 Jun 2009
Un contrato multimillonario del Seguro Social sancionado por un primo hermano de la familia presidencial y otorgado a la compañía hindú Tata Consultancy
Services, podría ser colocado bajo la lupa del escrutinio público.
Los cuestionamientos, documentados hoy por Reporte Índigo, incluirían la facturación en un solo mes –diciembre de 2008– de 420 mil horas/hombre de consultoría.
Eso equivaldría a destinar 2 mil 625 programadores de tiempo completo, en turnos de ocho horas durante cinco días laborables, sólo para dar servicio a ese contrato del Instituto Mexicano del Seguro Social.
De acuerdo a su ficha técnica, Tata Consultancy Services opera en México con una planta laboral de entre 500 y mil empleados, entre 20 y 35 por por ciento del personal necesario para facturar los 99 millones de pesos que cobró en diciembre de 2008.
El caso reviste importancia si se considera que éste es el contrato no-médico más importante otorgado por el Seguro Social a una sola empresa.
El monto tope de ese contrato es de 3 mil 103 millones 440 mil 809 pesos, unos 260 millones de dólares, cantidad que equivale a casi 9 por ciento de total del recorte presupuestal programado por el gobierno federal para este año de crisis financiera.
Su relevancia crece si se considera que el responsable del proceso de asignación mediante licitación es el director de Innovación y Desarrollo Tecnológico del Seguro Social, Carlos Castañeda Gómez del Campo, primo hermano de la primera dama Margarita Zavala Gómez del Campo.
Para la familia presidencial, éste no sería el primer cuestionamiento por mezclar política, familia y tecnología.
En 2006, en plena campaña presidencial, los Calderón Zavala fueron señalados por los contratos otorgados por Pemex, CFE, Sedesol e IPAB a Hildebrando, la empresa de servicios de cómputo propiedad de Diego Hildebrando Zavala, un hermano de la primera dama.
Y para Tata Consultancy Services, reconocida firma multinacional de la India que se precia de no dar sobornos ni a gobiernos ni a empresas, éste tampoco sería el primer cuestionamiento a sus incipientes operaciones en América Latina.
Ya en abril de 2008, esta firma se vio envuelta en un escándalo por el contrato que le otorgó el gobierno chileno para la computarización del Registro Civil.
La controversia obligó a la presidenta Michelle Bachelet a remover a la plana mayor del Registro Civil. Al mismo tiempo, la Contraloría de la Nación ordenaba la anulación del contrato.
En diciembre de 2008, la fiscalía presentó unas presuntas conversaciones telefónicas del director del Registro Civil en las que se mencionaba que cuando era candidata presidencial, Bachelet habría recibido beneficios económicos de Tata.
Para el IMSS, sin embargo, a pesar de que la licitación fue inconformada y que la Secretaría de la Función Pública ordenó la revisión del expediente y la reposición del fallo, todo tiene una explicación, y los precios que lograron con la firma hindú son más bajos que los que se tenían.
“Quizás nos estén facturando los mismos montos que antes, pero conseguimos el doble de horas/hombre para desarrollar nuevos proyectos que fortalecen las tecnologías del Seguro Social”, advierte una fuente de la institución ligada a la licitiación.
UN SÚPER CONTRATO
Cuando Juan Molinar Horcasitas asumió la Dirección General del Seguro Social, designó a Carlos Castañeda Gómez del Campo como su director de Innovación y Desarrollo Tecnológico.
Primo hermano de quien ya en ese momento era la primera dama, el tecnólogo venía de ocupar cargos similares en Pemex, a donde había ingresado en 2003, cuando Felipe Calderón estaba al frente de la Secretaría de Energía.
En su currículum, Castañeda Gómez del Campo describió su paso por esa paraestatal como el factor consolidador del proyecto de fusión del proceso financiero de Pemex.
A su llegada al Seguro Social, encontró que los contratos de Servicios de Administración y Soporte de Aplicaciones de Cómputo (SASA) estaban por vencer y que era necesario hacer nuevas licitaciones.
Hasta entonces, dos proveedores, la Universidad de Nuevo León, primero, y Softtek, después, habían tenido a su cargo la prestación de esos servicios bajo la modalidad de outsorcing o servicios externos.
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